Carles Puigdemont, en una conferencia en Copenhague.
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y diputados de JxC han solicitado este viernes a través de un escrito personarse en la causa que dirimirá el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno contra la investidura del ex president catalán.
El líder independentista sostiene en el escrito presentado ante el Alto Tribunal que deben poder intervenir en dicho procedimiento como interesado legítimo porque se están vulnerando sus derechos políticos, según informan fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.
Esa misma línea de defensa es la argumentada por los diputados de JxC que sostienen que se vulneran derechos fundamentales de su grupo parlamentario.
Por su parte, el Alto Tribunal ya dispone del texto enviado por el Ejecutivo y el Pleno se reunirá este sábado a las 13 horas. La ponencia del asunto en el tribunal de garantías ha correspondido al magistrado Juan Antonio Xiol.
Anular el anuncio de candidatura
En concreto, en el recurso el Gobierno pide la nulidad del anuncio de candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC).
El Ejecutivo ha mantenido su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
La gran pregunta que está ahora en el aire es si el Constitucional puede suspender automáticamente un acto que aún no se ha producido. El debate jurídico está servido.
Fuentes del Alto Tribunal consultadas, explican que si bien el recurso que presentará el Gobierno tendrá esa peculiaridad, el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé que el Ejecutivo pueda impugnar “disposiciones normativas sin fuerza de Ley”.
En concreto, el artículo 76 de la citada Ley sostiene que “dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas”.
Además, la LOTC recoge que “la formulación de la impugnación comunicada por el tribunal producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el tribunal resuelva ratificarla o levantarla en plazo no superior a cinco meses, salvo que, con anterioridad, hubiera dictado sentencia. Es decir, si el recurso del Gobierno se enmarca en dicho artículo legal la suspensión de la candidatura de ex president Puigdemont será suspendida de forma automática por el plazo de cinco meses”.
"Un deber constitucional"
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la situación en la que Puigdemont se ha colocado voluntariamente “le impide aspirar a la investidura. “No sólo es un compromiso político sino el deber constitucional de hacer todo lo que esté en nuestra mano, con respeto a la ley y con todos los instrumentos de la Constitución, para evitar que alguien huido pueda ser investido” presidente de la Generalitat.
En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno tiene entre sus obligaciones "defender España y el Estado de Derecho", así como un "absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña". Según ha añadido, tienen "el compromiso político" y el "deber constitucional" de hacer todo lo posible para evitar que se vulnere la ley, utilizando "todos los instrumentos legales" para que Puigdemont no "vuelva a desafiar al Estado de Derecho".
Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha exigido respeto al Ejecutivo: "Exijo al Gobierno respeto a la voluntad electoral, a los diputados catalanes y a la institución del Parlament, pero sobre todo exijo respeto por el voto de los catalanes”. Así ha respondido al recurso de impugnación anunciado por el Gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont, una medida con la que ha acusado al ejecutivo de Mariano Rajoy de estar cometiendo “fraude de ley”.
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