La Generalitat de Cataluña presionó a los peritos designados por el juzgado de Tarragona que investiga el caso del 3% para analizar los concursos presuntamente amañados, al objeto de determinar las adjudicaciones de infraestructuras que el Gobierno catalán realizó a cambio de que las empresas beneficiarias realizaran donaciones a fundaciones vinculadas a la antigua Convèrgencia Democràtica de Cataluña (CDC).

Así lo pone de manifiesto la Fiscalía Anticorrupción en un escrito -fechado el pasado 22 de enero y al que ha tenido acceso El Independiente– en el que pide al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional por los delitos que se investigan, la especial complejidad de la causa y la «generalidad» de personas de diferentes provincias perjudicadas por la actuación delictiva.

Para fundamentar su petición de que el sumario lo asuma un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia, el fiscal José Grinda llama la atención sobre las «dificultades» registradas en el curso de la instrucción tanto para designar a peritos de la Intervención General como por las «presiones» recibidas por los técnicos a los que pidió auxilio el instructor para analizar las licitaciones y el resultado de las adjudicaciones bajo sospecha por parte de la Dirección General de Administración Local, adscrita al departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat.

Las presiones fueron tales que, cuando tuvo conocimiento de las mismas, el juez decidió abrir una pieza separada para investigarlas

Según ha podido conocer este diario en fuentes jurídicas, las presiones fueron tales que el juez Josep Bosch Mitjavila decidió abrir una pieza separada para investigarlas tras tener conocimiento de las mismas por parte de los peritos que él había designado para que le auxiliara.

El conocido como caso del 3% empezó a instruirse en 2013 y acumula ya más de 70 imputados, entre ellos el ex administrador y ex tesorero de CDC Andreu Viloca y el ex conseller de Justicia Germà Gordó. Las pesquisas han permitido acreditar ya que «un elevado número» de contrataciones públicas se realizaron «de forma fraudulenta».

El actor principal en esta dinámica defraudatoria sería Viloca, quien como administrador y tesorero de CDC llevaba un «control exhaustivo» de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones controladas por la formación política que lideraba Artur Mas y de los «pagos encubiertos» recibidos como contraprestación. En palabras del fiscal Grinda, eran «verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones».

Las presiones a los peritos procedían de una dirección general adscrita a Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda

Tras analizar 24 expedientes de contratación por importe de 218.759.664,19 euros, la Guardia Civil cifran en al menos 1.040.800 euros las donaciones en efectivo vinculadas a esos encargos públicos recibidas por tres fundaciones afines a CDC -la Fundación Catalanista y Demócrata (CATDEM), Fórum Barcelona y Ómnium-, a lo que se suman tras dádivas como viajes, reservas hoteleras, entradas a partidos de fútbol y cacerías. En un oficio enviado al juzgado, los investigadores advierten de que esta cantidad constituye sólo «una parte» de las licitaciones a las que le han puesto la lupa.

La Fiscalía Anticorrupción esgrime varias razones por las que la instrucción del caso del 3 % debe continuarla la Audiencia Nacional y no el juzgado de El Vendrell. De entrada, recuerda que entre los delitos que se investigan figuran los de malversación y fraude contra la Administración pública, que, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Supremo, son competencia de la Audiencia Nacional.

En este sentido, el representante del Ministerio Público no pasa por alto el hecho de que la defraudación que se investiga tiene una «grave repercusión» en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional, uno de los requisitos que exige la jurisprudencia del Supremo para que el delito sea investigado por la Audiencia Nacional. «La sobresaliente cantidad de millones de euros objeto de concursos amañados conduce necesariamente a apreciar la grave repercusión en la economía nacional», aduce el fiscal, que no tiene dudas de que el hecho de que los resultados de concursos públicos se vean predeterminados por la financiación de un partido político supone una «grave alteración en el mercado».

«Especial complejidad»

Anticorrupción también esgrime la «especial complejidad» de la investigación, tanto por la cantidad de personas llamadas al procedimiento como imputadas como por la necesidad de librar comisiones rogatorias internacionales y de solicitar el auxilio de expertos tributarios y en contratación pública.

En opinión de la Fiscalía, concurre igualmente el requisito de que el perjuicio afecte a una «generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia», condición que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 65.1º.3 para los delitos cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

A este respecto, el Ministerio Público recuerda que los concursos objeto de investigación «se refieren a las provincias de Barcelona, Tarragona y Gerona» y que el amaño de los mismos perjudicó a una «generalidad de personas» que representaban a empresas que no resultaron elegidas o ni siquiera pujaban por los contratos «al saber su predeterminación».