El ex consejero madrileño Francisco Granados apuntó directamente en su declaración ante el juez por la trama Púnica el pasado 12 de febrero hacia la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González, como conocedores de la financiación irregular de las campañas electorales del PP de 2007 y 2011, aunque no aportó documentación sobre las mismas. En las grabaciones de la declaración a las que ha tenido acceso El País, Granados, tras señalar que Cifuentes y González mantuvieron una relación sentimental, ésta se convirtió en «las manos, los oídos y la voz ejecutiva en el partido».

Según su declaración, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid se «jacta de que manda por orden del señor González» mientras que Granados «no mandaba absolutamente nada». De esta forma, el ex consejero madrileño se desvinculaba de las decisiones del PP respecto a las cuestiones económicas. Afirmó también que entró en las listas electorales de 2003 porque «era exótico» tener un alcalde y las decisiones de este calado se tomaban desde la sede de la Comunidad de Madrid. «El PP de Madrid siempre se ha dirigido desde la Puerta del Sol por la señora Aguirre y el señor González, y no sé si por ese orden», apuntó.

Haciendo hincapié en el papel de Ignacio González, asegura en los audios que le «consta que había una campaña paralela, ajena al PP desde el punto de vista contable, que llevaba muy, muy, muy dirigida el señor González con la señora Cifuentes, con la señora [Isabel] Mariño [entonces consejera de Turismo] y con Isabel Gallego [directora de Comunicación de la Comunidad con Aguirre], fundamentalmente. Y que yo intuyo, por cómo luego se han desarrollado los acontecimientos, por lo que uno ve…».

Enumera, además, empresas que supuestamente formaban parte de esa financiación irregular, como Swap, dedicada al mundo de la publicidad; o la constructora Licua. En este sentido, asegura que, si bien él no formaba parte de las reuniones con las compañías, éstas eran «muy afines al señor González y a la señora Cifuentes». Cuestionado sobre estas afirmaciones, Granados se limitó a decir que «se oía en conversaciones de pasillo que la empresa más afín, la que más estaba ayudando, era la del señor Molpéceres».

No obstante, Cifuentes, según el ex consejero madrileño, empieza a perder poder a partir del año 2008 tras la supuesta ruptura con Ignacio González. «La señora del señor González y la señora [Isabel] Gallego empiezan a recibir mensajes anónimos que el señor González atribuye a la ruptura con la señora Cifuentes».

Cifuentes se querella

La actual presidenta regional ya adelantó tras las declaraciones de Granados que interpondría una querella criminal por sus palabras, que considera machistas y que «atentan gravemente contra su honor y su imagen». Ha sido este jueves cuando ha procedido a su presentación.

La querella de Cifuentes ha sido interpuesta por un abogado particular y sin la intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal y exige responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito señala que las declaraciones de Granados no se basan en «el legítimo ejercicio del derecho de defensa», sino que suponen «un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria», según las mismas fuentes.

La querella estima que las manifestaciones de Granados responden también al tipo penal de la calumnia al «pretender» relacionar a Cifuentes «con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad».