El PSOE de Pedro Sánchez, el mismo que apoyó el artículo 155 en Cataluña tras la declaración de independencia del Parlament, se desmarca ahora de la posibilidad abierta ahora por el Gobierno para modificar el sistema educativo catalán que permite excluir la lengua española en las aulas. El secretario de Organización del partido, Juan Luis Ábalos, rechaza apoyar la aplicación educativa de esta medida y ha adelantado que sólo apoyan la esta medida excepcional para garantizar la normalidad administrativa catalana.
Este jueves, el ministerio de Educación avanzaba que estudia incluir una casilla en la preinscripción escolar del curso que viene que permita a las familias escoger si su hijo quiere estudiar en castellano, acabando con el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza pública autonómica. En una entrevista en Onda Cero poco después, Ábalos se negaba a apoyar al ejecutivo de Mariano Rajoy en este punto.
"No conocemos las medidas, pero creemos que no hay que aprovechar la gestión del 155 para realizar otras políticas", afirmaba el diputado. "Es evidente que al aplicación del 155 debe mantenerse exlcusivamente en la prestación de los servicios y el funcionamiento ordinario de la administración. No cabría aprovechar esa circunstancia para elaborar políticas. Lo que Cataluña necesita es un Gobierno y no mantenerse en un modo anómalo de modo prolongado".
El dirigente socialista mostró sus diferencias con esta acción que el Gobierno plantea. A su juicio, es una medida política que va más allá de la simple vuelta a la normalidad: "En lo que no estamos de acuerdo es plantear políticas a través del 155", ha defendido. Después de apuntar que "siempre hemos mantenido es el respeto a las lenguas, a la coficialidad y al uso de ambas lenguas", Ábalos ha querido desmarcarse de cualquier acción que emprenda el Ejecutivo de Mariano Rajoy a través del 155.
"La aplicación del 155 corre a cargo del gobierno", ha zanjado, para separar el apoyo del PSOE al 155 de su evolución posterior. "Una cosa es la medida como respuesta constitucional a los hechos que se produjeron y otra es la aplicación que corre a cargo del Gobierno", ha insistido.
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