El pleno de investidura de Jordi Sánchez sigue convocado para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Fuentes del Parlament señalan que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, es el único que tiene potestad para suspender el pleno que él ha convocado, y Torrent no parece dispuesto a posponerlo, una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo de no concederle el permiso para asistir a la investidura. De hecho, el presidente del Parlament ha comunicado ya a sus colaboradores que su primer paso será apoyar el recurso de la defensa de Jordi Sánchez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El abogado de Sánchez, Jordi Pina, ha anunciado que presentará una demanda de medidas cautelares ante el TEDH el lunes a primera hora, con la esperanza de que el Tribunal de Estrasburgo fuerce al Tribunal Supremo a reconsiderar su negativa a permitir que el número dos de JxCat participe en el pleno de investidura convocado a las diez de la mañana. En consonancia con esa estrategia de defensa, Torrent está dispuesto a mantener la convocatoria del Pleno, para apoyar la demanda de Sánchez.

De momento Torrent no ha convocado a la Mesa del Parlament para hablar de la eventual suspensión del pleno o, en su defecto, de un cambio del orden del día, cuyo único punto es hoy por hoy el debate y votación de la candidatura de Sánchez a la presidencia de la Generalitat. La intención del presidente de la Cámara es agotar todas las vías para «defender los derechos políticos de todos sus diputados» como ha insistido desde que tomó posesión del cargo.

Advertencia de Lesmes

En este contexto se inscribe la misiva que Torrent dirigió ayer al Tribunal Supremo exigiendo al excarcelación de Sánchez, que hoy ha provocado hoy la crítica del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que lo ha rechazado como un intento de presionar desde el poder legislativo al judicial. «Los poderes públicos no pueden dirigirse a otros poderes públicos intentando incidir en decisiones que deben tomarse con total independencia» ha advertido Lesmes.

El juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los dirigentes independentistas responsables del 1-O en el Tribunal Supremo, ha basado su negativa a la excarcelación de Sánchez en el riesgo de reiteración delictiva, que ya ha servido de base a las medidas cautelares de prisión sin fianza. En su escrito, Llarena que los delitos que se imputan a los investigados se competieron precisamente «desde acciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales».

En el auto Llarena relata primer los indicios de delito contra Sánchez que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción y su participación en un concierto de voluntades para conseguir la república en Cataluña fuera de todo cauce legal. Añade que aunque no buscaran un desafío violento, «a partir del 20 de septiembre hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intencional utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en esto proceso».