Política

La juez del ático de Ignacio González abre la puerta a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional

La instructora de Estepona (Málaga) pregunta al juzgado central que instruye el 'caso Lezo' si debe inhibirse tras el registro de la vivienda de vacaciones del ex presidente regional dentro de las pesquisas por el saqueo de fondos de la Comunidad de Madrid

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La juez del ático de Ignacio González abre la puerta a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dirigiéndose a los juzgados de Estepona (Málaga) en abril de 2016.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, dirigiéndose a los juzgados de Estepona (Málaga) en abril de 2016. EP

Resumen:

La magistrada de Estepona (Málaga) que dirige la investigación sobre el ático de Ignacio González ha preguntado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Lezo’.

La juez da este paso después de que a finales del pasado año fuera registrada la vivienda costasoleña del ex presidente autonómico dentro de las pesquisas por el saqueo de fondos de la Comunidad de Madrid.

En una providencia fechada el pasado 27 de febrero, la juez Isabel Conejo plantea al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional cederle el sumario o que deduzca testimonio si de las diligencias practicadas hay elementos que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos que ella investiga desde 2012.

La magistrada oficia al Ministerio de Justicia para que se interese por el estado en que se encuentran tres comisios rogatorias, una de ellas -dirigida a las autoridades de Panamá- tramitada hace ya casi dos años.

La magistrada de Estepona (Málaga) que dirige la investigación sobre el ático de Ignacio González ha preguntado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo si debe inhibirse del conocimiento de los hechos, después de que a finales del pasado año fuera registrada la vivienda costasoleña del ex presidente autonómico dentro de las pesquisas por el saqueo de fondos de la Comunidad de Madrid.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes jurídicas, la juez Isabel Conejo dictó una providencia el pasado 27 de febrero en la que plantea al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que deduzca testimonio si de las diligencias practicadas hay elementos que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos que ella investiga o en su lugar si el juzgado al que sirve -Primera Instancia e Instrucción 5 de Estepona- debe inhibirse y que toda la investigación la concentre la Audiencia Nacional. Este órgano judicial no ha contestado aún, según las fuentes consultadas.

El pasado verano, la juez y la Fiscalía de Málaga rechazaron la petición de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña -acusación particular en el caso ático– para que el sumario se enviara a la Audiencia Nacional, al entender que en la petición de dicha parte no se detallaba la razón que justificaba tal medida. Entonces, el juzgado central del que es titular Manuel García-Castellón no había acordado aún que se registrara la vivienda de vacaciones del matrimonio González-Cavero en la urbanización Guadalmina de Estepona.

El pasado 28 de noviembre, 20 días después de que Ignacio González saliera de prisión tras depositar su familia una fianza de 400.000 euros, seis agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo la entrada y registro en el ático malagueño del que disfruta el ex presidente de Madrid desde el año 2008, primero como inquilino y desde 2012 como propietario. Se trataba de una diligencia que había acordado el día anterior el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a fin de averiguar si Ignacio González guardaba en su vivienda de vacaciones parte del botín del saqueo del Canal de Isabel II o información relevante para la instrucción del caso Lezo.

La juez de Estepona pregunta si debe mandar el sumario meses después de que la UCO registrara el ático en el marco de la instrucción del ‘caso Lezo’

Según se detalla en la diligencia expedida por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que consta en las actuaciones, la UCO halló tres billetes de 500 euros que se guardaban en una cartera de piel de la marca Aspinal of London que había en un cajón del armario del dormitorio de matrimonio, un disco duro interno de 100 gigabytes, un ordenador Toshiba, varios lápices de memoria, un reloj de mujer de la marca Rolex de “imitación” y un contrato de arrendamiento entre Lourdes Cavero y Coast Investors LCC fechado el 10 de junio de 2008.

El Juzgado Primera Instancia e Instrucción 5 de Estepona investiga la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho en la operación por la que Ignacio González y su mujer adquirieron el ático en la urbanización Guadalmina a Coast Investors por 770.000 euros. El trato se cerró el 18 de diciembre de 2012, menos de tres meses después de que González relevara a Esperanza Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y en nombre de la sociedad vendedora actuó el testaferro Rudy Valner.

La investigación que llevan a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO determinará si el jefe del Ejecutivo madrileño desvió presuntas comisiones ilegales a la compra del ático, lo que previsiblemente llevaría al juez García-Castellón a declarar su competencia para acumular las actuaciones que el juzgado de Estepona practica desde 2012.

Comisiones rogatorias que no llegan

En la providencia por la que plantea a la Audiencia Nacional si debe inhibirse, la juez Isabel Conejo oficia también a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional -dependiente del Ministerio de Justicia- para que informe del estado en que se encuentran tres comisiones rogatorias que siguen sin ser atendidas pese al tiempo transcurrido.

Se trata, en concreto, de una petición de información solicitada por el juzgado de Estepona a Panamá en mayo de 2016 y dos a Estados Unidos, una fechada en septiembre de 2016 y otra en mayo de 2017. Esta última se tramitó a raíz de que se ampliara la investigación por la posible comisión de un delito de cohecho.