El Gobierno central «respeta la soberanía parlamentaria» y, en principio, nada tiene que decir sobre la convocatoria de este miércoles de un pleno en la cámara autonómica catalana, pero, eso sí, él presidente de la misma, Roger Torrent, «sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer porque se lo ha dicho el Tribunal Constitucional», ha recordado el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

La convocatoria de ese pleno es «responsabilidad del presidente y de la Mesa» del Parlament, ha agregado, y espera que sea una cita «en positivo» destinada a aliviar la situación de bloqueo político en que vive Cataluña, sin investidura tres meses después de las elecciones del pasado 21 de diciembre.

La situación de Puigdemont ‘está exclusivamente en manos de la Justicia’

«Hace tiempo que llegó el momento de elegir a una persona sin causas judiciales que sea el presidente de todos los catalanes», esto es, un candidato limpio tras la experiencia fallida de Jordi Turull, que, además de no haber conseguido los apoyos en una primera votación, ahora está en prision preventiva por orden del juez Llarena.

Precisamente, el ministro portavoz ha apelado a la administración de Justicia para justificar que la actual situación de Carles Puigdemont, encarcelado en Alemania, está «exclusivamente» en manos de ésta y ha aprovechado para insistir en que no están siendo perseguidos por sus ideas sino por «actos graves contra el estado de Derecho». Es más, fueron en las listas electorales de las elecciones del 21-D «a sabiendas de su situación procesal» y tres meses más tarde «no se ha elegido un nuevo gobierno», ha reiterado.

España responderá a la comunicación que le llegue del comité de Derechos Humanos de la ONU

Tras replicar a Torrent de que «nadie puede pretender situarse por encima de la ley» después de que éste afirmara que Puigddemont no estaba sometido al dictado de los jueces, ha hecho un repaso de la colaboración judicial ente España y Alemania, las 1610 entregas que los tribunales alemanes han hecho a nuestro país y el hecho de que el delito de rebelión está reconocido en otras naciones de nuestro entorno.

Interrogado sobre la demanda que ha presentado Carles Puigdemont  al comité de Derchos Humanos de las Naciones Unidas, ha objetado que éste no es un órgano jurisdiccional pero que, en todo caso, España responderá a la preceptiva comunicación que llegue del comité, en la que recordarán que se trata de una persona huida de la justicia y detenida en virtud de la euroorden.

Tras apelar a la necesidad de que Cataluña «recupere la convivencia» ante los brotes de violencia que se están viviendo en la comunidad, ha señalado que al Gobierno le queda «la tranquilidad» de haber aplicado un 155 «prudente, proporcional y eficaz» y que seguirá adelante hasta que no haya gobierno, sin descartar un escenario electoral una vez que «ha comenzado a contar el tiempo».