La dirigente de la CUP Anna Gabriel.
El último bulo del procés ha llegado este miércoles. En medio de todos los procesos abiertos contra los ex consellers de la Generalitat y la huida y detención de dirigentes independentistas, este miércoles saltó la noticia sobre la negativa de Suiza de extraditar a Anna Gabriel a España. Un extremo que ha tenido que ser desmentido horas después por la Oficina Federal de Justicia suiza, que en declaraciones a Efe ha asegurado que no ha transmitido ninguna información a las autoridades de España sobre la representante de la CUP, quien ha huido de la Justicia española y se encuentra en Suiza.
"No hemos transmitido información a las autoridades españolas sobre Anna Gabriel, contrariamente a lo que pretenden algunos medios españoles", ha defendido el portavoz de la entidad, Folco Galli. Recordó, además, que no hay una orden de detención internacional contra la líder de la CUP. En ese sentido, Galli ha hecho referencia a una información del Tribunal Supremo, del pasado día 23, que indicaba -agregó- "que en el caso de Anna Gabriel no se cursa orden internacional ni europea de detención, a diferencia de los otros encausados procesados por rebelión y malversación".
En un primer momento, varios medios reprodujeron la supuesta comunicación de la Oficina Federal de Justicia de Suiza a las autoridades españolas para transmitir su negativa a la extradición de Gabriel por ver un "delito político".
El juez del Tribunal Supremo que investiga el procés, Pablo Llarena, ordenó el pasado 21 de febrero la detención de la ex diputada de la CUP tras no presentarse a declarar en la sede del alto tribunal y haber huido a Suiza. Ese mismo día, las autoridades Suizas ya avisaron que "aun cuando el examen de una eventual solicitud de orden de detención o de extradición arrojara que los delitos de los que se acusa a Anna Gabriel también fueran delito en Suiza (...) una extradición a España no sería posible" al entender que las imputaciones "parecen estar ligadas a delitos políticos".
El pasado viernes, el magistrado procesó a más de una veintena de cargos políticos catalanes por su implicación en el proceso independentistas, entre ellos Anna Gabriel. Éste fue procesada por un delito de desobediencia por no acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y seguir adelante con la independencia de Cataluña por la vía unilateral.
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