El Gobierno se mueve con pies de plomo tras la detención de Carles Puigdemont, hasta el punto de que las instrucciones de Moncloa a los suyos cuando se conoció la noticia fue que «nadie sacara pecho» de la misma y se limitara a subrayar  que el caso está «exclusivamente en manos de la Justicia», tal y como dijo el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado martes tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Aunque la captura y posterior encarcelamiento en el norte de Alemania constituyó una buena noticia no sólo para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena -tras activar la orden europea de detención y entrega (OEDE)- sino también para el Ejecutivo, no se quiso que se interpretara como una decisión de orden político o un triunfo sobre el independentismo tras casi cinco meses de huida del ex president.

Los populares catalanes «están nerviosos» y quieren «dar la cara»

Moncloa impone de nuevo «prudencia» ante el devenir de los acontecimientos a pesar del deseo del PP catalán de «dar la cara», de tener un mayor protagonismo, sobre todo habida cuenta de que el espacio que no ocupen ellos lo llenará Ciudadanos, situación inquietante para los populares en el caso de que se vaya a la repetición electoral.

Los populares catalanes «están nerviosos» ante esa eventualidad, admiten fuentes del PP, y necesitan recuperar terreno tras el batacazo del 21-D, que les dejó con tan solo cuatro diputados. El perfil bajo que impone Moncloa imposibilita, a su decir, una estrategia más agresiva, convencidos, señalan, de que es posible mantener una posición política más marcada en Cataluña y dejar la institucional para Madrid.

Argumentario gubernamental

La única reacción de Moncloa el pasado domingo consistió en subrayar que la detención era consecuencia «de la petición cursada por la justicia española» que iría seguida de «los trámites habituales en el sistema europeo de cooperación policial y judicial».

Asimismo, se hizo llegar a la prensa un documento con la legislación en torno a la euroorden y la doble incriminación en la que sólo se hacía una pequeña concesión al prever que Puigdemont ingresaría en prisión hasta que se resolviera definitivamente su entrega, «esencialmente por su absoluta falta de arraigo en aquel país». Asimismo, conforme a los antecedentes, el Gobierno indicaba que «existen altas posibilidades de que accedan a la entrega en un plazo máximo de 60 días, aunque podría ampliarse extraordinariamente en otros 30″.

Temor en el Gobierno a que se incremente la violencia en las calles

Parte de ese documento fue el empleado por Méndez de Vigo para explicar el martes cómo funcionaba el mecanismo de detención y entrega entre países miembros de la Unión Europea y recordar que Alemania ha hecho efectivas 1.610 entregas a España en el tiempo de vigencia de la OEDE, que fue iniciativa de nuestro país ante la tardanza de los procesos de extradición de los etarras.

Y es que el pasado domingo, tras conocerse la detención de Puigemont, se lanzó el mensaje de que la noticia se manejara con cautela, sin alharacas. Quizá con el temor, luego confirmado, de que las movilizaciones ya convocadas con motivo de la prisión preventiva de Jordi Turull y Carme Forcadell, entre otros, no hicieran más que radicalizarse.

El todavía líder del PP catalán, Xabier García Albiol, se limitaba el día 25 a señalar vía tuit que «lo acaba de comprobar . España es un país de la UE y el planeta tierra no es lo suficientemente grande para esconderse del Estado de derecho en una democracia».

 

Ese mismo domingo, en cambio, se mostraba mucho más duro con el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, por afirmar que el hoy encarcelado en Aleamania  estaba por encima de los jueces. «El Presidente del ha hecho un discurso propio de un agitador. Habla solo para los independentistas ignorando a más de la mitad de la población. Catalunya no necesita “frentes” necesita tender puentes y mucho diálogo», escribió entonces el que fue cabeza de lista en las elecciones del 21-D, que también arremetió contra TV3 por considerarla «un peligro para la convivencia» en Cataluña, y agregó: «esta gente no puede seguir desbocada incendiando a la población».