Brasil está dividido entre quienes quieren ver a Lula da Silva, de 72 años, en la cárcel y quienes lo votarían de nuevo como presidente. Los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) han rechazado de forma ajustada (seis contra cinco) la demanda de habeas corpus del ex mandatario, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. Lula, presidente entre 2003 y 2010, esperó el decisivo dictamen en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, cuna de su ascenso al poder. Tendrá que ingresar en la cárcel en breve, a partir del día 10. Puede ser por poco tiempo pero sus aspiraciones de volver a Planalto quedan fulminadas.
Desde prisión su defensa podrá seguir apelando a tribunales superiores, y probablemente pase ahí poco tiempo, pero quien de momento encabeza las encuestas para las presidenciales de octubre tendrá mucho más complicado su futuro judicial y político. Los 11 jueces del Supremo Federal deliberaron durante 11 horas y bajo una gran presión política y social.
La magistrada Rosa Weber, que se consideraba que inclinaría la balanza, votó en quinto lugar y lo hizo en contra del habeas corpus aunque poco convencida. Al final hubo empate y fue la presidenta del Supremo Federal, Carmen Lúcia, quien inclinó el voto contra Lula. Los abogados de Lula han pedido que se debata la constitucionalidad de la decisión.
Es un día trágico para la democracia", declara el Partido de los Trabajadores, sobre el rechazo al 'habeas corpus' de Lula
Poco después de conocerse la decisión, el Partido de los Trabajadores (PT) decía: "Es una violencia más... Es un día trágico para la democracia". Hubo protestas de sus partidarios, con camisetas rojas y lágrimas en sus rostros, y a favor, encabezadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Mientras, el odio se expande entre izquierda y derecha en Brasil. En apenas un mes una concejal de izquierda de Río fue asesinada, la comitiva de Lula sufrió un atentado y un juez del Supremo y su familia recibieron amenazas. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, advirtió previamente a los jueces: “Sólo en Brasil la Justicia entiende que sólo se pueda ejecutar una sentencia después de cuatro instancias… Una justicia que tarda es una Justicia que falla”. Mil magistrados habían solicitado que no se admitiera el habeas corpus.
La víspera de la decisión del Supremo Tribunal Federal decenas de miles de manifestantes tomaron las calles en 50 ciudades del país a favor de la encarcelación de Lula. Gritaban “Lula, nunca más”, especialmente en Sao Paulo, y aclamaban al juez Sergio Moro, artífice de la investigación Lava Jato, por la que ha sido condenado en primera y segunda instancia Lula da Silva. Hoy miércoles se esperan concentraciones a favor y contra del ex presidente del Partido de los Trabajadores, que gobernó el país entre 2003 y 2010.
Más alarmaron las declaraciones del comandante del ejército, Eduardo Villas Boas, quien en Twitter expuso su repudio “a la impunidad”. Villas Boas escribió: “Aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Luego insistió en que siempre respetaría la Constitución.
Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.
— General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) April 3, 2018
En varias concentraciones contra la corrupción se han visto carteles a favor de una dictadura militar como la que se impuso en Brasil desde 1964 a 1985. Otro militar de algo rango, el general en la reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, incluso fue más allá al aludir a un golpe militar. “Si hay tantas zancadillas y cambios de ley, no tengo duda de que sólo resta la reacción armadas”, ha publicado el martes el diario Estado de Sao Paulo.
El ex presidente brasileño fue condenado en enero en segunda instancia en la causa de corrupción conocida como Lava Jato. La defensa de Lula apeló a que se respetara el habeas corpus hasta que se agotaran todos los recursos. Una cláusula de 2016 resolvió decretar la prisión de todo condenado en segunda instancia.
Muchos temían que se abriera una caja de Pandora si a Lula se le trataba diferente, pero otros aseguran que es un caso de persecución política. El columnista Reinaldo Azevedo afirmaba en Folha de S. Paulo que los jueces que esgrimen la cláusula de 2016 “son cobardes porque no llaman a las cosas por su nombre, quieren la prisión de Lula”.
No hay ninguna prueba para sustentar las acusaciones basadas en convicciones del juez Moro", dice la Central Única de Trabajadores
La Justicia consideró en julio que Lula aceptó la reforma de un apartamento a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con Petrobras. Perdió la apelación. Aún así está en precampaña electoral y es favorito. Sus programas sociales aún están en la mente de muchos.
La Central Única de Trabajadores (CUT) sostiene que “no hay ninguna prueba para sustentar las acusaciones basadas en convicciones del juez Moro y otros sectores del poder judicial”. Lula se presenta como víctima de una caza de brujas política. Netflix ya ha rodado la serie inspirada en el caso: El Mecanismo se titula. A Lula no le ha hecho ninguna gracia.
El septuagenario sindicalista no se va a rendir fácilmente. Curtido en mil batallas obreras, se resiste a que manchen su legado con vínculos con la corrupción rampante. El juez Sergio Moro, de 44 años, dictó en primera instancia el 17 de julio pasado la sentencia de nueve años y medio contra Lula por corrupción y lavado de dinero en el caso llamado Lava Jato. Lula asegura que todo el entramado judicial ha sido una maniobra para evitar que gobierne de nuevo. En enero pasado ratificaron y aumentaron su condena a 12 años y un mes.
Moro determinó que Lula era el beneficiario de un tríplex reformado en Guarujá, cerca de Sao Paulo, valorado 1,1 millones de dólares, como soborno de la constructura OAS. Lula habría aceptado que OAS hiciera obras en ese apartamento a cambio de importantes contratos públicos, entre ellos vinculados a Petrobras. Ell piso estaba a nombre de OAS, que se lo compró a la cooperativa Bancoop, en bancarrota, de la que era inversor Lula para ese edificio.
Geoffrey Robertson, abogado de derechos humanos que forma parte del equipo de Lula, asegura que Moro nunca logró vincular el apartamento con una decisión de Lula. “Moro no encontró la pistola humeante porque no existe”, insistía el letrado.
Creo en la democracia y en la justicia. Y creo que esas personas (Moro) merecen ser despedidas por el bien público", dijo Lula
Lula ha declarado al diario Folha: “Si no creyese en la posibilidad de la Justicia de revisar el delito cometido contra mí por el juez Sergio Moro, no precisaría hacer política, Pero creo en la democracia y en la Justicia. Y creo que esas personas (Moro) merecen ser despedidas por el bien del servicio público”.
“Estoy con la tranquilidad de los justos, de los inocentes. Dudo que los jueces estén tan tranquilos como yo. Yo sé que no cometí ningún delito”, reitera Lula continuamente. Su popularidad le lleva de momento a ser el favorito en las presidenciales de octubre, con un 36%% de intención de voto en primera vuelta, seguido de momento por el ultraderechista populista Jair Bolsonaro con un 18%. Uno de sus lemas es: "El mejor bandido es el bandido muerto".
A Bolsonaro, un outsider que admira a Trump y ha defendido a los militares en su ofensiva anti Lula, puede venirle bien que Lula pueda seguir en campaña y reprocharle que ha resultado beneficiado pese a ser un corrupto. También es cierto que la mitad de los brasileños querrían ver a Lula en prisión y la otra mitad le ve inocente.
La trama llamada Lava Jato (lavado de coches) engloba una red de sobornos realizados por compañías estatales como Petrobras, que también ha salpicado al actual presidente Michel Temer, e indirectamente a su antecesora, Dilma Rousseff. La ex presidenta ha hecho causa común con Lula. Junto a él, esperó el fallo del Supremo Tribunal Federal.
Lula insiste en que seguirá en campaña, incluso desde la cárcel. Podría ser inscrito para las presidenciales de octubre, pero el Tribunal Superior Electoral, aplicaría la Ley de Ficha Limpia, con lo que eliminaría su candidatura por la condena. En ese caso pediría el apoyo para otro candidato. Sería posible que se beneficiara Ciro Gomes, oriundo del noreste, como Lula y considerado un outsider. Lo que persistirá es la ruptura en la sociedad brasileña. Una ruptura que puede ir a más incluso antes de las elecciones de octubre.
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