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El expediente a Errejón en la Universidad de Málaga caducó hace más de dos años

El diputado de Podemos podría volver a trabajar en el centro porque el proceso administrativo caducó en diciembre de 2015

El diputado de Podemos Iñigo Errejón en el Congreso.

El diputado de Podemos Iñigo Errejón en el Congreso. EP

El expediente sancionador de la Universidad de Málaga (UMA) a Íñigo Errejón por no trabajar de forma presencial caducó en diciembre de 2015, según fuentes legales del caso. A pesar de que la UMA asegura que el procedimiento se reactivaría si el dirigente de Podemos intentara trabajar, un expediente disciplinario de esta naturaleza tiene una duración máxima de doce meses a partir de la fecha de incoación, que en este caso fue el 3 de diciembre de 2014. Por tanto, el expediente caducó en diciembre de 2015 y el ahora diputado sí podría volver a trabajar en el centro universitario.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificada por el artículo 69 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, la duración de los procedimientos en materia de responsabilidad disciplinaria es de doce meses a contar desde el día del acuerdo de incoación.

Como adelantó El Independiente, la Universidad de Málaga sostiene que no existe una resolución sancionadora del entonces profesor investigador, aunque podría producirse si Errejón intenta volver a trabajar en la institución, ya que se reactivaría su expediente. No obstante, ese procedimiento sólo se podría volver a abrir si la causa no estuviese prescrita, cosa que también ocurre.

Según el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público, este tipo de faltas prescriben a los tres años, fecha que se cumplió el año pasado, ya que el dirigente de Podemos se desvinculó de su contrato para realizar un trabajo de investigación sobre vivienda en la comunidad andaluza el 15 de diciembre de 2014.

De esta manera, Íñigo Errejón no fue sancionado por la Universidad de Málaga y podría volver a trabajar en ella sin ningún problema, tal y como afirmó en el programa El Objetivo de La Sexta el domingo pasado, y en contra de lo que asegura la propia institución. La UMA no ha presentado documentación que demuestre la situación del dirigente de Podemos en un proceso envuelto en la controversia y plagado de irregularidades administrativas, según estas mismas fuentes.

Una de ellas sería que la Universidad aplicara a Errejón un procedimiento disciplinario «por abandono de servicio», figura jurídica reservada exclusivamente a los funcionarios públicos y no para el personal laboral como su caso.

El expediente a Errejón, premiado por Susana Díaz

La polémica de Errejón estalló el 17 noviembre de 2014, cuando El Mundo publicó su contrato por obra y servicio como investigador no docente en la Universidad de Málaga. El contrato se firmó ocho meses antes, en marzo de 2014, para realizar un trabajo sobre la vivienda andaluza por el que, según la oferta, tenía que trabajar 40 horas semanales por 1.825 euros mensuales. En septiembre, el jefe de la investigación, el también dirigente de Podemos Alberto Montero, comunicó a la universidad la no renovación del contrato para el año siguiente, pero se cuestionó que Errejón pudiera dedicar ocho horas diarias a un proyecto cuando era el director de campaña del partido, una de sus caras más visibles y había sido elegido en octubre secretario Político de la formación.

El mismo día en que se publicó la información, la entonces rectora del centro, Adelaida de la Calle, aseguró que el dirigente había «cumplido con los deberes» del proyecto, que tuvo que «rendir cuentas» periódicamente sobre el avance de sus trabajos y que se trataba de un procedimiento “completamente regulado por ley” que no se salía “de los márgenes de lo que se hace siempre y como siempre”.

Seis meses después, la rectora de la Universidad fue nombrada consejera de Economía de la Junta

También ese mismo día, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, garantizó que el entonces número dos de Podemos devolvería el dinero recibido en caso de que se demostrase que «no ha trabajado lo firmado» en su contrato. Dos días después, la rectora de la UMA fue llamada a una reunión con la presidenta andaluza en la Junta, y tras el encuentro cambió su criterio y ordenó la apertura de un expediente informativo interno. Seis meses después, Adelaida de la  Calle era nombrada consejera de Educación del Gobierno de Susana Díaz. El encargado de instruir el expediente contra Errejón también se convirtió después en director general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación.

El 3 de diciembre de 2014 la Universidad de Málaga abrió oficialmente expediente al dirigente de Podemos a petición de la rectora. El plazo para realizar el pliego de cargos contra el político era de un mes, pero el  23 de diciembre, el instructor Enrique López Caro pidió una ampliación del plazo sine die, y el pliego de cargos llegó más de tres meses después de que se le abriera expediente, el 4 de marzo de 2015.

Un procedimiento irregular, según alegó la defe nsa de Errejón, puesto que las ampliaciones de plazos no pueden superar la mitad de los mismos según el artículo 49 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. De esta manera, la Universidad de Málaga tendría que haber notificado el pliego de cargos antes del 20 de enero, la fecha en la que caducó el procedimiento administrativo.

Errejón, sin lugar asignado para el trabajo presencial

En el pliego de cargos, el inspector Enrique Caro proponía un despido disciplinario del  personal laboral, aunque el político de Podemos ya no mantenía relación laboral alguna con la universidad, y la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato por «abandono de servicio», una figura legal sólo aplicable a los funcionarios universitarios. Errejón había recibido autorización verbal por parte del jefe de proyecto, el dirigente de Podemos Alberto Montero, pero entre los cargos, la universidad rechazó esta tesis «porque la autorización definitiva no se produce por parte de la Rectora».

Otra de las acusaciones es que el trabajo no se había hecho de forma presencial, aunque en la convocatoria del concurso público del mismo no especificaba esta obligación. «Puesto de trabajo: Doctor/a. Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado. Dedicación: 40 horas/semanales«, rezaba el anuncio. Además, según las alegaciones presentadas, la Universidad tampoco asignó a Errejón un lugar de trabajo ni un ordenador de la universidad para trabajar in situ en el proyecto, por lo que no se daban las circunstancias para ese trabajo presencial.

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