Política LAS CUENTAS DEL 1-O

Hacienda investiga las subvenciones de la Generalitat a las empresas de Roures

El departamento que dirige Cristóbal Montoro dio una semana a la Intervención General de Cataluña el pasado mes de marzo para que recabara también todas los pagos realizados por el 'Govern' a ocho empresas del grupo audiovisual Mediapro

Jaume Roures, presidente del grupo audiovisual Mediapro.

Jaume Roures, presidente del grupo audiovisual Mediapro. EP

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha requerido a la Intervención General de la Generalitat que recabe los datos relativos a todas las subvenciones otorgadas por el Govern al grupo Mediapro -controlado por el empresario catalán Jaume Roures- desde el año 2015. La petición se enmarca en el procedimiento que dirige un juzgado de Barcelona por el 1-O, en el que se investiga un delito de malversación por el presunto desvío de fondos públicos a la organización del referéndum de autodeterminación.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, envió un oficio el pasado 5 de marzo a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, en el que le instaba a recabar diversa documentación relativa a nueve operaciones concretas. El Ministerio le daba de plazo hasta las 10 horas del 12 de marzo para obtener la información, apercibiéndole de que pondrían en conocimiento de las «autoridades competentes» el eventual incumplimiento.

Entre otros requerimientos, Hacienda quería que la Intervención constatase «la totalidad de los pagos efectuados por parte de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico de la Generalitat desde 2015 hasta la actualidad por cualquier concepto» a cinco empresas del conglomerado Mediapro. A saber: Mediapro Producción GP SL, Mediapro Producción SL, Mediapro Marketing SL, Mediapro Telecomunicaciones SL, Media Pro Cloud SL, Media Pro Dynamic SL, Mediapro Contenidos SL y Mediaproducción SLU.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro iba a más allá y exigía conocer también los pagos que el Ejecutivo de Puigdemont, directamente o a través de alguno de sus organismos, hubieran podido realizar a las citadas empresas. La información debía completarse con la identificación de «la partida presupuestaria» a la que se imputó el gasto, «el concepto por el cual se produjo el pago» y, en caso de que se hubiera firmado algún contrato, el envío de una copia competa de los expedientes.

«Esta información deberá recabarse en todo caso de los órganos competentes que pudieran disponer de ella aun cuando esa Intervención General no tenga acceso directo a los sistemas informáticos de contabilidad, identificando en todo caso a las personas que puedan ser responsables de la información requerida», exponía Fernández de Moya en el citado oficio.

«Experto en comunicación»

El requerimiento de documentación y la previsible respuesta se producían antes de que Montoro -en una entrevista concedida a El Mundo- descartara que se hubiera podido utilizar dinero público para financiar el 1-O, lo que colisiona con el planteamiento del juez Pablo Llarena. Éste ha procesado a antiguos integrantes del Govern por la comisión de un delito de malversación.

La Guardia Civil investiga la responsabilidad de Jaume Roures con la organización del proceso independentista en Cataluña. En un informe entregado al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el procés, los investigadores policiales sostenían que el presidente de Mediapro «podría integrarse en el Comité Ejecutivo» en su calidad de «experto en el ámbito de la comunicación».

Los agentes sustentan esa tesis en la información detallada en Enfocats, el documento intervenido al ex número dos de la Consejería de Economía y Hacienda Josep María Jové el pasado 20 de septiembre y considerado la ‘hoja de ruta’ del proceso secesionista.

Roures, «ese señor»

En el citado informe elevado al instructor del Supremo, la Guardia Civil pone de manifiesto que, para «movilizar a la totalidad de la sociedad catalana» en favor de la independencia, los líderes del procés necesitaron «acciones de comunicación contundentes». Y, en este objetivo, los investigadores no tienen dudas de que la Generalitat «contó con el soporte de medios de comunicación privados y, en especial, del empresario Jaume Roures Llop, fundador del grupo Mediapro».

Las sospechas se cimentan en llamadas telefónicas que los agentes intervinieron a Jové, mano derecha de Oriol Junqueras durante la pasada legislatura. En dichas conversaciones, los promotores del procés se referían a Roures como «ese señor» o «el abuelo».

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