El grupo popular no va a adoptar ninguna medida contra el senador Pedro Agramunt, cuya salida de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha pedido este jueves este organismo, a la espera de que se resuelva su caso en el propio organismo europeo a raíz de las sospechas de corrupción sobre él.

Fuentes del grupo parlamentario popular en el Senado se han remitido además a una nota en la cual el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García-Hernández, ha hecho hincapié en que la resolución de la Asamblea que invita a Agramunt a dejar la institución «no tiene consecuencias jurídicas». El dirigente del PP recuerda que la iniciativa ha sido respaldada sólo por 123 votos a favor y nueve en contra de los 324 miembros que componen la APCE, sin que su aprobación tenga repercusión jurídica alguna.

Agramunt es acusado en este informe del Consejo de Europa de aceptar sobornos de manera continuada para favorecer a los intereses de Azerbaiyán

Y ello porque las sanciones que puede adoptar el Comité de Reglas de la institución «son de orden interno» tales como impedir a un miembro presidir una comisión o vetarlo para ser nombrado observador. «Pero no puede cesar de sus funciones a ningún parlamentario», subraya García-Hernández. Añade que el procedimiento interno del Consejo Europa exige que Agramunt y los otros cuatro afectados por el informe encargado a una comisión de investigación sobre corrupción puedan «dar su versión de los hechos».

El senador valenciano del PP lo podrá hacer en la reunión que el Comité de Reglas celebrará en París en el mes de mayo. La resolución aprobada hoy recuerda a Agramunt, al también español Jordi Xuclà, del PDeCAT y a otros tres miembros de la APCE investigados por corrupción «el principio de responsabilidad política individual, que incluye la posibilidad, para los cargos electos, de devolver sus actas».

Las acusaciones

Agramunt es acusado en este informe del Consejo de Europa de aceptar sobornos de manera continuada para favorecer a los intereses de Azerbaiyán, interfiriendo en la redacción de informes sobre este país, en el que la situación política es inestable y se condena sistemáticamente la existencia de presos políticos.

El lobby de Bakú en Europa habría mantenido un intenso contacto durante años con Agramunt y otros miembros del Consejo de Europa para que medieran y consiguieran informes suaves y favorables a este país. A Agramunt se le acusa incluso de haber recibido incluso servicios de prostitución en contraprestación a sus servicios, y se subraya que su cantidad de viajes a Bakú era infrecuente e injustificada. El senador del PP negó este miércoles haber recibido prostitutas como soborno por parte de Azerbaiyán: «Ojalá yo pudiera hacer esas cosas», dijo en declaraciones a la Cadena SER.

Desde que se destapó parte del escándalo, en el año 2016, Agramunt y su equipo llevan negando ninguna relación ilegal con el gobierno de Bakú, y responsabilizan de estas acusaciones al multimillonario húngaro George Soros, del que insisten en señalar que tiene importantes intereses en Armenia, rival geoestratégico de Azerbaiyán en la región.