Política

Turull y Rull apelan a declaraciones de PP y PSOE para pedir su libertad al Supremo

Turull y Rull apelan a declaraciones de PP y PSOE para pedir su libertad al Supremo
Josep Rull y Jordi Turull. | EFE

Los presos preventivos Jordi Turull y Josep Rull han pedido este sábado de urgencia al instructor del procés, el juez Pablo Llarena, que acuerda su libertad provisional después de que Quim Torra haya decidido contar con ellos como consejeros del nuevo Govern.

En el escrito remitido al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso El Independiente, su defensa explica que con el cese del artículo 155 Cataluña “habrá recuperado el derecho al autogobierno que le reconoce el art. 2 Constitución española” y añaden que el hecho de que haya miembros del nuevo Govern que estén en prisión no ayuda a normalizar el conflicto catalán.

Al hacer estas afirmaciones, el letrado de los líderes independentistas se apoya en declaraciones realizadas por dirigentes del Partido Socialista y el Partido Popular. “Conviene señalar que varios cargos políticos españoles de diverso signo -y no precisamente sospechosos de ser independentistas- han manifestado recientemente que la existencia de cargos políticos presos en la presente causa dificulta sobremanera la búsqueda de aquellas soluciones “esencialmente políticas” que son necesarias en el conflicto que subyace a los hechos que nos ocupan”, recalca el letrado Jordi Pina.

“En tal sentido se han pronunciado representantes de los dos principales partidos políticos españoles”, subraya el abogado que pone como ejemplo a José Luis Ábalos, portazoz del PSOE, quien ha manifestado, en sentido similar del expresidente Felipe González, que “el PSOE siempre ha manifestado su respeto escrupuloso a la justicia. Si nos preguntan, dentro del propósito que tiene el PSOE de normalizar la situación, tener presos desde luego no nos ayuda en nada y esto facilitaría mucho más el entendimiento, siempre que hubiera un propósito de insertarse en la legalidad".

Por su parte, la defensa de Rull y Turull también pone de manifiesto que desde el propio Partido Popular el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha manifestado, “literalmente”, que “tener líderes independentista en la cárcel no facilita las cosas”.

Un derecho de los presos

El letrado defiende en su escrito remitido este sábado al juez Llarena que los citados diputados “tienen perfecto derecho a aceptar tales cargos, pues les ampara el art. 23.2 Constitución, que reconoce su derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, sin que fuera legítimo discriminarles por tener la condición de presos preventivos”. De lo contrario, asegura, se iría en contra de su presunción de inocencia y supondría, además, una aplicación anticipada de facto del artículo 384 bis Código Penal, que prevé la suspensión automática de cargo público a los procesados por un delito de rebelión contra los que se haya decretado prisión preventiva.

“En consecuencia, no existiendo ninguna razón que les inhabilite para ocupar el cargo de conseller, los diputados tienen perfecto derecho a aceptar su designación”, subraya Pina.

De la misma forma, la defensa de Jordi Turull y Josep Rull apostillan que el hecho de que los futuros consellers deban ejercer su cargo desde prisión “no es, desde luego, algo conveniente, ya que ello dificulta un adecuado desempeño de sus labores en actividades tales como la asistencia a reuniones del Gobierno, la rendición de cuentas ante el Parlamento la firma de aquellas resoluciones que no puedan delegarse etc”.

Su letrado niega que exista riesgo de reiteración delictiva y de fuga y piden al instructor que acuerde su inmediata puesta en libertas; algo que parece altamente improbable que suceda. Precisamente, el pasado jueves la Sala de Apelaciones del Supremo confirmó las prisiones para ambos ya que “no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley”.

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