Eduardo Zaplana había pactado ya su salida de Telefónica antes de su detención el pasado martes por el presunto cobro de comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresas afines durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana. La desvinculación efectiva se iba a producir a principios de junio coincidiendo con la celebración de la junta general de accionistas, fijada para el día 8 de junio en Madrid, pero la Operación Erial precipitó los acontecimientos.
Según ha podido conocer El Independiente, el ex presidente valenciano negoció a principios de año con la dirección de la multinacional su salida, fijando ambas partes el mes que viene como fecha para formalizar la marcha. Se iba a poner así fin a una relación de una década, si bien en los últimos tres años Zaplana estaba principalmente centrado en el tratamiento de la leucemia que le fue diagnosticada a principios de 2015 y por la que tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea.
El pasado martes, tan sólo unas horas después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvieran en Valencia por el presunto cobro y blanqueo de comisiones ilegales, Telefónica comunicó la suspensión inmediata de la relación laboral que mantenía con el ex dirigente del PP, que estaba adscrito en la actualidad al área de Asuntos Públicos. Su peso en el organigrama directivo había disminuido desde que José María Álvarez-Pallete tomó las riendas de la compañía en marzo de 2016 en sustitución de César Alierta, el ejecutivo que lo fichó.
El 30 de abril de 2008, Zaplana causó baja en el Congreso como diputado del grupo popular. Hacía menos de dos meses que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero había vuelto a ganar las elecciones generales -celebradas el 9 de marzo y a las que el hoy encarcelado concurrió de número cuatro por la circunscripción de Madrid- y el dirigente del PP daba por terminada su carrera política -iniciada en 1991, cuando alcanzó la Alcaldía de Benidorm (Alicante)- para emprender la aventura en el sector privado.
Teléfonica le había hecho una oferta para que se convirtiera en el delegado de la compañía para Europa, aprovechando sus contactos a nivel internacional. Era una propuesta irrechazable: más de medio millón de euros de sueldo al año, coche oficial, tarjeta para gastos de representación, despacho... Su incorporación se producía en el ecuador de la etapa de César Alierta (2000-2017) como presidente ejecutivo de la multinacional española de las telecomunicaciones, que a finales de diciembre de 2007 había cubierto ya el cupo socialista nombrando consejero a Javier de Paz.
Zaplana llegó a un acuerdo meses atrás con la multinacional para desligarse tras la junta de accionistas, que se celebra el próximo 8 de junio
"El fichaje se produce tras la consolidación de la presencia de Telefónica en Europa, después de la adquisición de O2 y la antigua Cesky Telecom y la entrada en el capital de Telecom Italia, con el 10 % de las acciones con derecho a voto. Zaplana será también miembro de los Consejos de Administración de Telefónica O2 Europe y de Telefónica O2 República Checa", justificó entonces la compañía. Ocurría hace 10 años, después de que Zaplana hubiera ocupado la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004) y hubiera ejercido como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados (2004-2008).
Años antes de que Zaplana se incorporara a la compañía presidida entonces por César Alierta ocultaba ya presuntamente en paraísos fiscales los fondos procedentes de las comisiones ilícitas que el grupo empresarial Sedesa -dirigido por Vicente Cotino Escribá, sobrino del ex presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino e imputado también en la Operación Erial- le habría pagado fuera de España a cambio de adjudicaciones tanto de estaciones de ITV como de autorizaciones para instalar parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Ambos proyectos se aprobaron cuando Eduardo Zaplana presidía aún el Ejecutivo autonómico.
En el auto por el que la juez envió a prisión este jueves al ex dirigente del PP, la juez detalla que las mordidas se abonaron en Luxemburgo para dificultar su rastro y que parte de los fondos "fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006". Según expone la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia en la resolución, adelantada por El Mundo, se habría intentado repatriar el dinero mediante sociedades en las que figurarían como titulares personas vinculadas al ex ministro a modo de testaferros.
Teléfonica suspendió la relación laboral con el ex presidente tan sólo unas horas después de que éste fuese detenido por el cobro de comisiones
En esa operativa, la investigación otorga un papel estelar a Joaquín Barceló, ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y antiguo responsable de Relaciones Institucionales en el parque temático Terra Mítica. Él figura como administrador único en dos de las sociedades -Medlevante SL y Gesdesarrollos Integrales SL- que, según la instructora, se habrían utilizado para canalizar el retorno de fondos. Detenido el martes, Barceló también ha sido enviado a prisión sin fianza junto a Zaplana y al asesor fiscal de éste, Francisco Grau.
La incógnita no despejada hasta el momento es por qué el ex presidente valenciano levantó las sospechas de la UCO intentando mover los fondos desde hace un año, después de que su nombre hubiera salido a relucir en las escuchas captadas por la Guardia Civil en el teléfono del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante la investigación del caso Lezo. En los pinchazos, los agentes descubrieron que González le había propuesto "montar una estructura financiera" a través de Fernando Belhot -abogado uruguayo que facilitaba a sus clientes "estructuras societarias" opacas en países como Holanda, Estados Unidos o Uruguay- "para canalizar algún tipo de operación a medio, o largo plazo". El ex ministro negó entonces tener relaciones mercantiles con el ex presidente madrileño: "Nunca he participado ni he auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".
Cambio de piso en Madrid
A sus 62 años y enfermo de cáncer (su esposa también se encuentra enferma), ¿quería disponer Zaplana de fondos ante su próxima salida de Telefónica, lo que hará que deje de ingresar un sueldo superior a los 600.000 euros al año y de disfrutar de otras ventajas asociadas al cargo? De momento, es sólo una hipótesis. Los investigadores no han interceptado ninguna conversación en la que el investigado aluda al motivo que le habría llevado a mover el dinero, según las fuentes consultadas. Éstas, con todo, consideran que esa explicación tiene lógica.
La inminencia de su desvinculación de Telefónica y la merma de los ingresos es lo que supuestamente llevó también al matrimonio a vender recientemente la casa que tenían en el Paseo de la Castellana -a solo unos metros del estadio Santiago Bernabéu- y comprar una vivienda más económica en el barrio madrileño de Chamberí. Está ubicada concretamente en el edificio en el que vivió y murió el escritor y dramaturgo alicantino Carlos Arniches, como acredita la lápida conmemorativa que luce en la fachada y que fue colocada en 1966 coincidiendo con el primer centenario de su nacimiento.
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