El programa 'vetado' de Sánchez: de subir las pensiones a ajustar los precios del alquiler

Pedro Sánchez se convirtió en presidente de Gobierno sin contar con programa alguno, pero sí con la promesa de fijar una "agenda social de emergencia”. Rechazada la opción de convocar elecciones generales de forma inmediata, el secretario general del PSOE ha propuesto un ejecutivo para pilotar el país hasta 2020. Su principal hoja de ruta consistirá en rescatar medidas presentadas hace meses que quedaron encalladas en el Congreso de los Diputados tras ser vetadas por el anterior Gobierno. Ahora, Sánchez planea recuperar esa actividad parlamentaria y reflotar algunas de las 64 proposiciones de ley que fueron rechazadas por motivos presupuestarios. 17 de ellas fueron presentadas por el Partido Socialista, entre ellas la revalorización de las pensiones, la creación de un impuesto a la banca y a las transferencias financieras o la ley que establece nuevas multas contra las empresas que no permitan la conciliación familiar.

El nuevo presidente no tendrá que arrastrar promesas electorales durante su mandato, pero sí tendrá que lidiar con la hemeroteca durante los veinte meses que quedan por delante. Desde la oposición, los socialistas han defendido propuestas que ahora tendrán que impulsar desde el Gobierno. Entre ellas hay medidas que el Grupo Socialista en el Congreso presentó hace apenas unas semanas y que ahora podrá desbloquear en el Parlamento, como la Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable o la ley para garantizar la igualdad de trato y oportunidad de hombres y mujeres.

Todas las iniciativas del PSOE vetadas en el Congreso revisten carácter social y fueron vetadas por el impacto que tenían en los Presupuestos Generales del Estado. En los próximos meses, los de Pedro Sánchez tendrán que testar su coherencia. Porque si el Grupo Socialista ha criticado con dureza esta política de vetos llevada a cabo por el anterior Ejecutivo, ahora el partido tiene en su mano dar luz verde a estas propuestas, que suponen también un desembolso que el equipo de Mariano Rajoy no estuvo dispuesto a asumir y que, en caso de implantarse, afectarían a unas cuentas ya elaboradas por el PP, a las que Pedro Sánchez se comprometió a mantener.

La última medida frenada por Rajoy en el Parlamento tiene que ver con el alquiler. La Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda plantea, entre otras cosas, deducciones fiscales de hasta el 100% del IRPF para los dueños de viviendas que alquilen por debajo de un precio de referencia que establecerían los ayuntamientos.  Además, los inquilinos con una base imponible inferior a 30.000 euros anuales podrán deducirse un 10,05% de la cantidad pagada en concepto de alquiler.

Desde la oposición, el PSOE proponía duplicar el presupuesto destinado al Plan de Vivienda

En su propuesta, el PSOE consideraba insuficiente el presupuesto del anterior Gobierno para el Plan de Vivienda 2018-2012, de 1.443 millones de euros para cuatro años. En este sentido, proponían casi duplicar esta cifra de inversión y destinar un volumen de financiación anual de 650 millones, con una duración mínima de cuatro años (2.600 millones) para financiar la promoción de viviendas sociales.

Otra de las últimas medidas que los socialistas han llevado al Congreso es la ley para garantizar la igualdad de trato y oportunidad de hombres y mujeres, que introducía medidas como el aumento a seis semanas del permiso de paternidad o el establecimiento de permisos parentales intransferibles. También contemplaba la introducción de una prestación por reducción de jornada por el cuidado de lactantes y creaba sanciones de hasta 50.000 euros para las empresas que impidieran la igualdad entre hombres y mujeres.

Esta propuesta de ley fija multas de entre 6.251 y 50.000 euros para los casos considerados como muy graves. Entre ellos estaría el impedir la corresponsabilidad en la conciliación de la vida personal y familiar; extinguir un contrato de trabajo durante el periodo de pruebas por motivo de embarazo o maternidad o permitir que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tengan menos de un 20% de miembros de uno de los dos sexos.

El PSOE propone para ello la creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación, que estaría integrada en la Inspección de Trabajo. Este órgano sería el encargado de tramitar y resolver las sanciones impuestas a las compañías, además del "impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha" contra esta lacra en el mundo laboral y la elaboración de estadísticas que valoren la discriminación por género. Esta medida fue vetada por el Gobierno de Rajoy el pasado 24 de marzo porque estimaba que su implantación supondría un aumento de gasto de 1.541,3 millones de euros. Ahora el PSOE tiene la pelota en su tejado.

Las primeras exigencias al Gobierno de Sánchez vinieron de Podemos, que le urgió a abordar este mismo viernes, en su primera reunión del Consejo de Ministros, dos medidas que han sido reivindicadas en las calles el pasado 8 de marzo y en las manifestaciones por las pensiones. En éste último punto el Partido Socialista tomó baza hace unos meses, al calor de estas movilizaciones. Esta propuesta de ley -denominada Proposición de Ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2018 y de medidas urgentes de reequilibrio financiero de la Seguridad Social-, contemplaba la actualización de las pensiones conforme al IPC, de manera que subirían un 1,6% en lugar del 0,25% inicial.

Para cubrir este desembolso del Tesoro Público, el PSOE había contemplado aplicar dos nuevos impuestos a la banca: una tasa a las transacciones financieras creado específicamente para pagar las pensiones, y un impuesto extraordinario. Los socialistas habían calculado que la subida de las pensiones se traduciría en 1.600 millones de euros, aunque las estimaciones del Gobierno aumentaban esta cifra y las situaban en 2.000 millones de euros. El dilema de Pedro Sánchez estará aquí entre aplicar en el Gobierno sus posturas de oposición o adoptar la versión del anterior ejecutivo para evitar emprender acciones que pueden poner en jaque la economía del país.