Política

El Gobierno estudiará equiparar los permisos de paternidad y maternidad de los funcionarios

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se compromete mejorar el acuerdo salarial y laboral alcanzado durante el anterior Gobierno

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras la reunión con los sindicatos de la función pública.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras la reunión con los sindicatos de la función pública. Europa Press

«Vamos a hacer un esfuerzo para recuperar el prestigio y la vocación de los empleados públicos. Tienen que recuperar la ilusión y la entrega en el trabajo cotidiano. Es fundamental para tener una administración más eficaz”. Son palabras de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras su primera reunión con los sindicatos de la función pública, en la que, en consecuencia, no solo se ha comprometido a mantener el acuerdo salarial y laboral alcanzado con el anterior Gobierno en sus términos, sino que además se ha mostrado dispuesta a «reforzarlo» con nuevas mejoras.

Buenas noticias por tanto para los empleados públicos a la espera de lo que pueda poner en práctica el Gobierno en la actual tesitura política. Los sindicatos sabían de esta predisposición por lo que han desembarcado en la reunión con una batería de propuestas de máximos. Entre ellas, una de gran calado: la extensión a la administración central del acuerdo alcanzado por CCOO, UGT  y CSI-F con la Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz para extender el permiso de paternidad de los empleados públicos de las cinco a las 20 semanas hasta 2020 para equipararlo al de maternidad.

De acuerdo con lo pactado en Andalucía, este permiso será de cinco semanas en 2018, de 10 en 2019 y se elevará finalmente a las 20 semanas en 2020.

Se trata de uno de los temas que la propia ministra ha mencionado en declaraciones posteriores a la reunión, de entre una multitud de propuestas. Además, el presidente del sindicato CSI-F, Miguel Borra, ha confirmado que la titular de Política Territorial y Función Pública «lo iba a mirar». Fuentes del Ministerio confirman que será uno de los temas a tratar en las próximas reuniones aunque de momento no hay una posición fijada desde el Gobierno.

No obstante, Batet ha asegurado que el Gobierno tratará de llegar al mayor número de acuerdos posibles con los sindicatos, por lo que esta puerta abierta a la equiparación puede verse, al menos de momento, como una señal de que el Ejecutivo está abierto a ampliar los permisos de paternidad de los trabajadores públicos.

Asimismo, el Ministerio estudiará establecer una bolsa de horas del 5% de la jornada anual para conciliación. Serían tiempos recuperables y no superiores a un máximo de 80 horas al año.

Una nueva hoja de ruta

Sin embargo, estos es solo uno más de los hitos que el Gobierno prevé transitar de la mano de los sindicatos. Dentro de esa hoja de ruta, en lo más inmediato, Batet ha anunciado que, toda vez que el Ejecutivo ha aprobado la subida salarial de los funcionarios del 1,5% desde enero y del 0,25% desde julio, está dando los pasos administrativos necesarios para que este incremento se note en las nóminas de las plantillas lo antes posible.

Por ahora, la subida ya se está haciendo efectiva en algunas comunidades autónomas. Según datos proporcionados por los sindicatos, el incremento se trasladará a las nóminas (junto a la paga de los atrasos) en Andalucía, Aragón, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. En Castilla y León se aplicará en agosto y en Castilla y León aún no se ha fijado un plazo.

Además, Batet ha confirmado que el Gobierno asume al completo el acuerdo salarial para tres años sellado por los sindicatos con el Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla incrementos retributivos de cerca del 8% en ese periodo.

Lo que tendrá que esperar algo más es el acuerdo que deben alcanzar ahora la Administración y las centrales para el reparto de la subida adicional del 0,20% de la masa salarial. Esta partida se distribuirá a través de fondos adicionales entre pagas de objetivos o programas, un reparto que no se conocerá previsiblemente hasta otoño.

La oferta pública de empleo, la próxima semana

Además, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha insistido en que el Consejo de Ministros podría aprobar la próxima semana la Oferta de Empleo Público para este año, aunque no ha querido avanzar cifras, puesto que aún tendrá que haber nuevas negociaciones con los sindicatos, que, en cambio, ya la han cifrado en 17.000 plazas.

En paralelo, el Gobierno prevé convocar a lo largo de las próximas semanas nuevos procesos selectivos dentro del proceso de consolidación de plantillas.

Por su parte, los sindicatos han demandado la convocatoria de 4.000 plazas extraordinarias al margen de la Oferta de Empleo Público ordinaria y 6.000 de promoción interna dentro de ésta última, especialmente centrada entre los niveles C2 y C1 de la Administración, así como un ‘macroconcurso’ de traslados en el seno de la Seguridad Social.

Bajas remuneradas

Otro de los acuerdos próximos a cerrarse en el seno de la administración es la posibilidad de que los funcionarios cobren el 100% de su nómina durante los procesos de incapacidad temporal. Al respecto, el próximo 23 de julio se celebrará una nueva reunión de la Mesa de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado en el que probablemente quede zanjada esta cuestión.

Finalmente, la ministra se ha mostrado abierta a tratar otras cuestiones como el absentismo o el Real Decreto de acoso en el trabajo.

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