La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado la falta de amparo del Ejecutivo al juez Llarena después de la demanda civil interpuesta en Bélgica por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros prófugos de la Justicia española.
Puigdemont denunció la forma en que el juez está realizado la investigación asegurando que “vulnera nuestro derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia”, y ha demandado al magistrado en Bélgica al entender que la Justicia de este país es competente por ser el lugar en el que reside. El juez que instruye la causa del procès está citado a declarar en un tribunal belga el 4 de septiembre.
Tras esa demanda, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado amparo al juez al entender que la maniobra de Puigdemont pretende, "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”. El CGPJ ha anunciado emprender “todas las medidas necesarias” para garantizar la independencia de Llarena y ha pedido a los Ministerios de Exteriores y Justicia que aseguren “la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.
Aunque el Gobierno sí pretende actuar en este sentido, le niega un amparo político al juez, cuya vivienda y familia está siendo acosada por los independentistas. Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al Ejecutivo no le corresponde dar ese apoyo al magistrado español.
"Cualquier juez o jueza tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en su poder, el judicial. Al Ejecutivo no le corresponde ese poder, sino al suyo propio", ha asegurado Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. "Lo que sí le corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia es, llegado el caso, si la demanda es admitida, defender la soberanía jurisdiccional de España, y eso sí lo va a hacer", ha anunciado, comprometiéndose a defender la inmunidad de ese espacio judicial.
La vicepresidenta también ha expresado la "preocupación" del Gobierno por que la convivencia se vea afectada por el uso de símbolos como los lazos amarillos en Cataluña que no representan a la totalidad de los ciudadanos, sino a una parte, y que por tanto sólo deberían utilizarse en el ámbito privado y no en el institucional. En este sentido, Calvo ha recordado que los símbolos de representación colectiva, "los que nos representan a todos", están reglados en las normas autonómicas y estatales.
La Abogacía del Estado: "Podría afectar a la política exterior de España"
Este decisión el Gobierno la ha tomado, a pesar del informe de la Dirección del Servicio Jurídico de la Abogacía General del Estado, que recomienda justo lo contrario de lo que hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un informe al que ha tenido acceso a El Independiente. "A la vista de la solicitud formulada por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de España (…) se considera que concurren los requisitos previstos (…) para autorizar la representación y defensa" del juez Llarena "en relación con la demanda civil promovida por Maritxell Serret, Antoni Comin, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig ante el Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas". Este informe también asegura que no defender a Llarena podría "afectar a la política exterior de España".
La abogada general del Estado, Consuelo Castro, esgrimió un dictamen en el que concluía que Pablo Llarena “está siendo demandado por el legítimo ejercicio de su función de instructor”. Dicho informe vio la luz por el interés del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en involucrar al Ministerio de Justicia en el proceso penal abierto en Bruselas.
Sin embargo, la ministra de Justicia Dolores Delgado dio orden directa de no ejercer la defensa de Llarena en contra del criterio de la abogada general del Estado. Es orden directa del Delgado que no se respalde jurídicamente al magistrado en Bélgica.
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