La triquiñuela del Gobierno de colar la reforma expres de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que el PP no pueda bloquearla en el Senado, ha tenido como efecto colateral un amplio malestar en Génova y en el Grupo Popular respecto a la «bisoñez» de la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat. Así califica un miembro de la dirección popular el hecho de que no se estuviera alertado respecto a una maniobra previsible, como venían manejando veteranos de la dirección del grupo, aunque, en realidad, muy difícil de parar.

Fuentes de la dirección popular creen que el movimiento de Pedro Sánchez para abrir la puerta a la negociación y aprobación de sus primeros Presupuestos Generales, ha puesto de manifiesto «algunas carencias para un cargo tan relevante» como el de Montserrat. «Se trata de estar atento y analizar a fondo todas las alternativas», prosiguen las mismas fuentes en conversación con El Independiente.

Veteranos del Grupo sabían que Sánchez podía usar ese ardid

Un miembro de la anterior dirección del Grupo Popular admite que venía barajando desde hace tiempo «que el PSOE buscaría cualquier atajo y uno podía ser precisamente éste», en buena medida porque también los ejecutivos del PP han ensayado la fórmula de incorporar de rondón a una ley más o menos anodina cuestiones que nada tienen que ver con ella, pero «resulta difícil de detectar porque no sabes en qué ley o iniciativa pueden intentar colarla».

Un diputado popular recuerda cómo en 2003, gobernando José María Aznar, los populares introdujeron dos enmiendas para penalizar los referendos ilegales en una Ley de Arbitraje aprovechando que había que incorporar modificaciones al Código Penal. Los socialistas lo recurrieron ante el Constitucional y el alto tribunal les dio la razón…. ocho años más tarde.

Mañana intensa de conversaciones de Casado con Montserrat, Hernando y Maillo

Incluso Unidos Podemos había pedido al Ejecutivo que explorara «otras vías» para cambiar la Ley de Estabilidad, por ejemplo enmendando la regla de gasto. Pero en definitiva, con los antecedentes que había, creen que Montserrat y su equipo, donde hay bastantes veteranos en las lides parlamentarias, deberían haber estado «mucho más atentos». Se trata de un revolcón parlamentario para el primer grupo de la Cámara, hasta el punto de que se ha tocado a rebato para analizar las vías con que neutralizar la maniobra gubernamental.

Así, se ha podido ver a lo largo de esta mañana en los pasillos del Congreso a Casado en largas conversaciones, algunas muy intensas, con Montserrat pero también con su antecesor en el cargo, Rafael Hernando, y con el anterior coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo.

«Línea roja», «filibusterismo político», «escándalo», «retorcimiento del reglamento»….los populares se despachan a gusto contra el ardid del Ejecutivo, que van a intentar frenar de todas las formas a su alcance. Primero presentarán un recurso de amparo ante la mesa de la comisión de Justicia donde se debatirá la ley, aunque no tienen mayoría en la misma. Posteriormente, acudirán a la mesa del Congreso, donde sí tienen mayoría con Ciudadanos, convencidos de que la Mesa puede bloquear esas enmiendas y pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

El tema puede acabar en el constitucional en petición de amparo por fraude de ley

El «plan b», en caso de que los letrados no les dieran la razón, es acabar en el Constitucional, pero a sabiendas que los tiempos del alto tribunal son geológicos, no se plantean tanto un recurso de inconstitucionalidad como ir por la vía de amparo por fraude de ley, habida cuenta de que hay seis precedentes respecto a la ilegalidad de incorporar a una ley enmiendas que no son de la misma materia.

Además, los populares se temen que el Gobierno ha escogido a conciencia un tema sobre violencia de género para disfrazar sus auténticas intenciones «porque es un tema en el que no se hace confrontación política» o no al menos con el grado de virulencia de otros asuntos. Le corresponde a Montserrat atraer a otros grupos a esta estrategia, en concreto a Ciudadanos, de quien depende que se pueda, al menos intentar bloquear en la Mesa.

El PP se ampara en que la maniobra atenta contra el derecho fundamental de los parlamentarios, es una enmienda «incongruente» y altera, además, el proceso de formación de voluntad de las Cámaras. En definitiva, un contratiempo con el que no contaban, generador de un enorme malestar interno que les quita la posibilidad de veto en el Senado, la que era una de sus grandes armas para impedir que Sánchez soñara siquiera con sacar adelante sus cuentas para 2019.