La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, que deje sin efecto el archivo de dos piezas separadas del caso Tándem, denominadas Iron y Land, que fueron sobreseídas para siete clientes del comisario José Villarejo. El Ministerio Público cree que dichos archivos fueron “precipitados”.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional dos informes interesando la reapertura íntegra de las piezas separadas 2 y 3 del procedimiento conocido como Operación Tándem y denominadas Iron y Land. Ambas versan sobre las actividades de personas que habrían contratado al expolicía para sus fines y que tras el archivo dejaron de estar imputadas.
En el caso de Iron, respecto a los abogados del bufete Herrero y Asociados y en el caso de Land, respecto Susana García-Cereceda, hija del promotor de la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Francisco Lorenzo Peñalver (socio de Procisa y consejero de La Finca) y David Fernández Aumente, encargado de seguridad y protección de Procisa.
Anrticorrupción solicita ahora la reapertura "al haberse hallado con posterioridad a los autos de sobreseimiento provisional, nuevos elementos incriminatorios contra todas las personas involucradas, y en particular, contra los siete investigados en total que se vieron afectados por las decisiones de archivo, y que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y falsedad en documento mercantil".
“Los avances en el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre, permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años. Ello aconseja reabrir la instrucción de dichas piezas separadas que, a juicio de la Fiscalía, se habrían cerrado precipitadamente por el Instructor, lo que llevó a la presentación el 13 de agosto de 2018 de sendos recursos en ambas piezas, pendientes de resolución por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, recalca Anticorrupción.
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