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El juez del ‘caso Villarejo’ alza la imputación contra la hija del promotor de La Finca

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El juez del ‘caso Villarejo’ alza la imputación contra la hija del promotor de La Finca
Susana García-Cereceda, responsable de la Urbanización La Finca en Pozuelo (Madrid).

Susana García-Cereceda, responsable de la Urbanización La Finca en Pozuelo (Madrid).

Resumen:

El juez que mantiene en prisión al comisario ya jubilado José Manuel Villarejo ha levantado la imputación contra Susana García-Cereceda, hija del promotor de la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y detenida a finales del pasado mes de mayo por contratar los servicios del polémico agente encubierto en plena pugna por la herencia millonaria tras el fallecimiento del patriarca.

Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha archivado las actuaciones contra siete personas a las que había llamado al procedimiento en calidad de investigados en dos de las piezas separadas del conocido como caso Tándem: cuatro abogados del despacho Herrero y Asociados (Iron) y García-Cereceda y dos imputados más en la rama Land: Francisco Lorenzo Peñalver (socio de Procisa y consejero de La Finca) y David Fernández Aumente, encargado de seguridad y protección de Procisa.

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que “no se deduce la existencia de indicios racionales y objetivos de criminalidad” que incrimine a los tres investigados en la denominada pieza Land, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional mientras no surjan nuevos elementos de prueba que justifiquen su reapertura. Aquéllos habían sido llevados al procedimiento como posibles autores de delitos de revelación y descubrimiento de secretos, cohecho y falsedad documental.

El juez De Egea basa su decisión en el hecho de que los imputados desconocían la condición de funcionario de policía en activo cuando le encargaron verbalmente al grupo empresarial Cenyt -controlado por el comisario ya jubilado- la realización de servicios de investigación privada ante la existencia de problemas “financieros y societarios” surgidos en la compañía tras el fallecimiento en 2010 del presidente de Procisa, Luis García-Cereceda. Y ello hace que decaiga la imputación de cohecho.

El magistrado también llama la atención sobre el hecho de que los pagos, realizados mediante transferencias bancarias, quedaron registrados tanto en la contabilidad de la empresa contratante como en la estructura societaria de Villarejo.

El juez dice que los clientes de Villarejo no eran conocedores de que éste era comisario de policía en activo, lo que hace decaer la imputación de cohecho

El sobreseimiento acordado por el juez De Egea agranda las diferencias que el instructor mantiene con la Fiscalía Anticorrupción en la instrucción de esta causa, después de haber puesto en libertad -con el criterio en contra del Ministerio Público- al comisario principal Enrique García Castaño tras su detención por forma parte presuntamente de la trama lideradada por Villarejo.

Susana García-Cereceda contrató los servicios de Villarejo para que investigara a su hermana Yolanda; a su cuñado Jaime Ostos Jr.; a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, y a otros familiares en plena pugna por la herencia millonaria tras el fallecimiento del patriarca. Esta pieza se halla secreta y no ha trascendido el motivo por los que alza las imputaciones.

En paralelo, De Egea ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de cuatro directivos de un despacho de abogados que se encontraban investigados en la pieza Iron, por la que se encuentra en prisión el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado entiende que no existen unos mínimos indicios racionales y objetivos de su participación en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

En un auto, fechado este lunes, el instructor explica que los investigados Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez -como socios mayoritarios del despacho Herrero y Asociados, así como la también investigada María Ángeles Moreno como directora del departamento de marcas externas del bufete- se encontraban en graves problemas económicos ante la situación que se originó en mayo de 2012 con la marcha de profesionales y la coincidencia con la formación de otro despacho de abogados, creado con las personas que se habían ido, y que se dedicaba a la misma actividad profesional, lo que supuso la pérdida de muchos de sus clientes.

El sobreseimiento acordado por el juez agranda las diferencias que el instructor mantiene con la Fiscalía en la instrucción del caso

En esta situación, los cuatro anteriores decidieron acudir a los también investigados Villarejo y Rafael Redondo con el fin de que hicieran un informe de seguimiento del despacho Balder IP ante la sospecha de que las personas que abandonaron Herrero y Asociados se hubieran apropiado de la información que constaba en la base de datos del despacho, especialmente la relativa a los clientes, que intentaban y lograron captar, iniciándose un grave conflicto interno entre los socios.

El encargo, según explica el juez, se hizo a Villarejo y a Redondo en su calidad de detectives privados y con la finalidad de realizar un estudio del seguimiento de las personas que se habían marchado del bufete a la competencia, encargo que se formalizó de forma verbal. Según De Egea, el agente encubierto y su socio no les comunicaron cómo se llevaría cabo la ejecución del proyecto, cuáles iban a ser las técnicas de investigación sobre la mercantil ni el formato en el que el sería entregado el trabajo, denominado ‘Proyecto Iron’.

Labor de detectivoe judicial

Según destaca el juez, los cuatro miembros del despacho desconocían la condición de agentes de policía o funcionario público del investigado José Manuel Villarejo, así como el tipo de investigación que el Grupo Cenyt -el conglomerado empresarial controlado por el comisario ya retirado- iba a llevar a cabo, “desconociendo igualmente el formato de los informes y la utilización de las técnicas de investigación que iban a ser utilizadas sobre la mercantil Balder IP Law”. Dicha información, continúa el auto, tenía como objeto la comprobación de una posible competencia desleal, con la única finalidad de poder obtener datos para iniciar una denuncia judicial.

Ante los resultados de los informes encargados, sostiene De Egea, todos de carácter verbal y siendo siempre “meras especulaciones sin ningún tipo de elemento objetivo en donde fundar las mismas”, el despacho Herrero & Asociados presentó denuncia contra la mercantil Balder IP Law que dio lugar a un procedimiento judicial en los juzgados de instrucción de Madrid.