El comisario ya retirado José Manuel Villarejo, meses antes de su detención en una entrevista concedida a 'El Independiente'.
El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde principios de noviembre, ha pedido al juez que decrete su libertad y que si sigue pensando que puede fugarse le imponga una pulsera de localización telemática para estar controlado las 24 horas del día. El instructor ya ha pedido informe a la Fiscalía pero no ha resuelto todavía.
Según ha podido conocer El Independiente en fuentes del caso, la defensa de Villarejo ha vuelto a solicitar la excarcelación de su representado, la cuarta vez desde que la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en la cárcel de Estremera (Madrid) tras su detención por la Policía Nacional en el curso de la Operación Tándem acusado de la comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
La petición del comisario ya retirado se producía el pasado 4 de junio, el mismo día que el juez Diego de Egea desestimó por última vez su pretensión y acordó que siguiera en prisión al considerar que el riesgo de fuga "no se puede entender disminuido" por el hecho de que lleve siete meses privado de libertad.
El abogado de Villarejo ha pedido ahora al magistrado que sustituya la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa: control telemático mediante pulsera de monitorización, uno de los sistemas electrónicos de que dispone Instituciones Penitenciarias para el control de reclusos y que permitiría al juzgado establecer las restricciones de movimiento que considere oportunas.
En el recurso de apelación presentado el pasado 8 de febrero contra el auto por el que De Egea había rechazado días antes la puesta en libertad, la defensa aseguraba que el comisario jubilado no tenía "la más mínima intención de huir" sino de "afrontar las imputaciones que pesan sobre él para vencerlas". "Es un tipo de persona que no sale huyendo, sino que afronta los desafíos y los embates del destino", razonó el abogado Ernesto Díaz-Bastien, que recuerda que su cliente tiene "una hija escolarizada en España de nueve años y una esposa con trabajo".
El comisario jubilado hizo la última petición después de que el juez rechazara el pasado 4 de junio su excarcelación al seguir apreciando riesgo de fuga
Hasta el momento, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han atendido los argumentos de José Manuel Villarejo, jubilado el 22 de junio de 2016 al cumplir los 65 años. Lejos de aceptar su planteamiento, instructor y Ministerio Público sugieren que aquél podría sustraerse a la acción de la Justicia por las elevadas penas a las que podría enfrentarse en el futuro, por su red de contactos y porque sigue teniendo "activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero".
Según mantiene el instructor, el comisario ya jubilado mantuvo una actividad empresarial en paralelo a su actividad como funcionario policial sin haber solicitado formalmente la correspondiente autorización al Cuerpo. En concreto, según el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Villarejo "había sido contratado por clientes" al menos desde 2012 para elaborar "informes de inteligencia y dosieres utilizables en el ámbito de luchas personales" valiéndose de la información “confidencial” a la que podía acceder por su "condición policial". Como contraprestación recibía "grandes cuantías", tanto en dinero en efectivo como en pagos "en especie" para él o sus familiares.
Facturación de servicios
La instrucción del caso Tándem ha permitido conocer que el agente encubierto ya retirado facturó servicios a través de su entramado societario por la realización de al menos tres informes: uno para desacreditar a un integrante de la familia del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang (King); otro sobre el presunto clonado del servidor por parte de un grupo de abogados para tener la base de datos de clientes del despacho para el que habían trabajado tras abrir el bufete Balder IP Law (Iron) y un tercero que la hija del promotor de la exclusiva urbanización madrileña La Finca, Susana García-Cereceda, le habría encargado presuntamente para que investigara a varios familiares en plena pugna por la herencia millonaria tras el fallecimiento del patriarca (Land).
"Prevaleciéndose para ello del ejercicio de su cargo policial para colaborar con el resto de los investigados, y realizando servicios directamente relacionados con su función policial y que suponían actuaciones de extralimitación legal y abuso de su empleo público, obteniendo a cambio cuantiosas sumas de dinero bien en efectivo y en otras ocasiones en especie para el mismo o sus familiares", sostiene el juez De Egea.
"Repatriación de fondos"
Para camuflar el cobro de esos servicios, sostiene el instructor, Villarejo llevó a cabo "diversas operaciones bancarias en el extranjero" valiéndose de "un complejo entramado societario" que le permitió "la repatriación de fondos ilícitamente obtenidos" y "diluir" el origen de ese dinero "para integrarlo en el circuito económico legal".
Para desentrañar esa operativa, el magistrado ha cursado ya varias comisiones rogatorias a autoridades judiciales de varios países, lo que podría dar pie a poner en marcha nuevas líneas de investigación una vez analizados los datos que se reciban. Éste es otro de los motivos invocados por el juez para justificar su decisión de mantener en prisión al principal imputado del caso Tándem.
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