La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Sevilla.
El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos han acordado incluir en los Presupuestos Generales del Estado un plan de industrialización para la bahía de Cádiz dotado de 20 millones de euros, con el objetivo de acabar con la dependencia de los contratos con Arabia Saudí para mantener la carga de trabajo de los astilleros de Navantia. Ese plan permitiría romper el contrato de venta de bombas de precisión láser a Arabia Saudí, como intentó la ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de ser rectificada por el presidente, y como reclamará Pablo Iglesias a Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso.
El 12 de septiembre, la ministra Robles tuvo que rectificar su decisión de paralizar ese contrato después de que el fuego amigo de compañeros del Consejo de Ministros como Carmen Calvo o Josep Borrell, junto al PSOE andaluz, hicieran que el presidente se decantara por mantener el acuerdo armamentístico para no poner en peligro el encargo de cinco corbetas a Navantia por valor de 1.800 millones de euros y que garantizan 6.000 puestos de trabajo en el astillero de San Fernando hasta 2022.
Tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado árabe en Estambul y la decisión de Alemania de no vender más armas al país wahabí hasta que se aclaren las circunstancias de esa muerte, Podemos presiona al presidente del Gobierno para que también rompa relaciones comerciales con Arabia. “Lo que llevamos tanto tiempo diciendo desde Unidos Podemos ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí. El miércoles le exigiré una vez más al presidente del Gobierno que nuestro país cumpla con este mandato ético y democrático”, ha explicado Iglesias en la red social Twitter.
Lo que llevamos tanto tiempo diciendo desde Unidos Podemos ahora lo dice también Alemania: los países de la UE deben dejar de vender armas al régimen saudí. El miércoles le exigiré una vez más al presidente del Gobierno que nuestro país cumpla con este mandato ético y democrático pic.twitter.com/2z0nxu1gkM
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 22, 2018
Sánchez comparecerá el miércoles en el Congreso a petición propia para informar sobre los resultados del Consejo Europeo de la semana pasada, pero también a petición de Unidos Podemos para que dé explicaciones ante el pleno sobre “la autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí". En ese debate, Iglesias pedirá a Sánchez que siga el ejemplo de Alemania y anule la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español, devuelva los 9,2 millones de euros abonados por este material y deje sin efecto el contrato firmado entre España y el país saudí en enero de 2015, tal y como proponía la ministra Robles.
Defensa tomó esta decisión alegando que esas bombas de precisión se podrían utilizar para bombardear Yemen “contra población civil”, como ocurrió en el ataque contra un autobús con niños en ese país a primeros del pasado mes de agosto. Fuentes conocedoras de la crisis diplomática añaden que el contrato lo cerró de forma irregular y sin ninguna transparencia el ex ministro del PP Pedro Morenés.
Las autoridades saudíes consideraron esa decisión como una forma de cuestionar su actuación en Yemen por parte del Gobierno de España, que creó un gabinete de crisis para evitar represalias diplomáticas y económicas. Coordinados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y con especial protagonismo de Josep Borrell, los ministerios de Defensa, Exteriores y Comercio desplegaron una intensa actividad para evitar que Arabia rompiera sus encargos navales en Cádiz y Ferrol. Finalmente, la ministra rectificó y el propio presidente del Gobierno avaló la venta de las bombas.
El asesinato del periodista saudí y la llamada de Angela Merkel a romper relaciones comerciales con Arabia hasta que se investigue la muerte sitúa al Gobierno otra vez en esa incómoda tesitura. Para salir de ella en el caso de que hubiera que anular el contrato, Podemos y PSOE cuentan con la promesa de un plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz que rompa ese "chantaje" de Arabia, según lo define la diputada de Unidos Podemos por Cádiz, Noelia Vera. La también portavoz de la Ejecutiva de Podemos insiste en que la venta de las bombas láser a Arabia es "ilegal" según el derecho internacional y que esa decisión se debe desvincular del contrato de las fragatas de Navantia. "No deben ser incompatibles las dos cosas. Tenemos que salir del marco armas o trabajo", denuncia.
Con ese objetivo, el grupo confederal presentó 2.150 enmiendas a los Presupuestos de 2018 centradas en la provincia gaditana, la que registra más paro de toda España. Entre ellas se incluían planes de empleo en las comarcas de la Bahía de Cádiz, por un lado, y el Campo de Gibraltar, por otro, de 20 millones de euros cada una, junto a un plan de inversiones tecnológicas en el sector naval y de aprovechamiento de centros industriales sin actividades a través del proyecto Las Aletas Real y Sostenible, promovido por el Ayuntamiento de Puerto Real junto a diversos colectivos y asociaciones. También el grupo socialista presentó enmiendas al Presupuesto vigente por 20 millones de euros para la bahía de Cádiz.
Podemos rescata ahora esos proyectos para impulsar un cambio en el sector productivo gaditano y terminar con la dependencia de los encargos de Arabia Saudí para dar carga de trabajo a los Astilleros. Así lo planteará el miércoles Pablo Iglesias durante su debate en el Congreso con Pedro Sánchez, que este sábado también prometió un plan de empleo para Andalucía durante la proclamación de Susana Díaz como candidata a la reelección en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.
Precisamente la campaña de las andaluzas podría saltar por los aires si el Gobierno vuelve a poner en riesgo el contrato de Navantia. Así lo advierten los trabajadores de los astilleros, que se movilizarán contra los socialistas. "Digo lo mismo que dijimos entonces: si en algún momento el contrato peligra, los trabajadores responderán de inmediato, hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz", advirtió ayer el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta. "Entendemos que las violaciones de los derechos humanos no le gustan a nadie, pero nosotros vendemos barcos militares desde hace 300 años, es nuestro pan, lo que nos da de comer", insistió.