La Asociación de Víctimas del terrorismo (AVY) ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que recurra ante la Gran Sala europea la resolución dictada ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que daba la razón al recurso presentado por Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados por el ‘caso Bateragune’. En dicha sentencia se concluía que los condenados por intentar reconstruir la izquierda abertzale había visto dañados sus derechos por no tener un juicio justo, al cuestionar la presencia en el tribunal de la magistrada Ángela Murillo, recusada en otro proceso anterior en el que se juzgó a Otegi. El líder de la izquierda abertzale fue condenado en primera instancia a diez años, pena rebajada finalmente a seis años y medio. Tanto Otegi como el resto de condenados ya han cumplido la condena. En la sentencia también se le imponía una pena de inhabilitación hasta el año 2021, que ahora podría ser anulada.

Por ello, la AVT considera que el ejecutivo de Sánchez debería recurrir la resolución para “ganar tiempo” y evitar que la inhabilitación sea reconsiderada y permita al líder de la izquierda abertzale presentarse, esta vez sí, como candidato a un cargo público. El dirigente de EH Bildu ya intentó concurrir como candidato a lehendakari en las elecciones autonómicas de 2016, aspiración que finalmente fue abortada por la vigencia de la sentencia impuesta por la Audiencia nacional en 2011.

La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, ha recordado que para que la petición de anulación de la condena de inhabilitación prospere, previamente la resolución hecha pública ayer por el TEDH deberá ser firme, “de ahí la importancia del recurso”. Ha señalado que en otro proceso similar llevado a cabo contra la miembro de ETA, Inés del Río, el periodo entre la resolución inicial y la sentencia firme tras el recurso fue de año y medio. Las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco deberían celebrarse en septiembre de 2020.

La AVT recuerda que la resolución no se podrá aplicar hasta que no sea firme, “de ahí la importancia del recurso”

Ladrón de Guevara ha subrayado que la sentencia del tribunal europeo en ningún momento pone en duda “los hechos por los que son condenados” o que el tribunal actuara de modo “imparcial”: “Lo que dice es que los demandantes tenían motivos para pensar que podía ser imparcial” y que la magistrada debía haber sido recusada.

El TEDH consideró que en el proceso de ‘Bateragune’ llevado a cabo por la Audiencia Nacional se vulneró el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos humanos que establece que toda persona tiene derecho “a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial”.

Precisamente hoy cuatro de los cinco condenados ha comparecido para valorar la sentencia del TEDH. El secretario de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha asegurado que lo sucedido revela la existencia de “un gal judicial” que se está empleando tanto contra Euskadi como contra Cataluña. Rodríguez, que también fue condenado por el ‘caso Bateragune’, ha señalado que e Estado instrumentaliza la Justicia  que el problema “no es Murillo ni Llarena” sino que se emplee la Justicia como instrumento para “garantizar a toda costa la unidad de España”.

“Daños colaterales” de ETA

La AVT también se ha referido a la información hecha pública por ETA en el último boletín interno de la banda, ‘Zutabe’, en el que cifra en 758 las víctimas provocadas por sus “acciones” y cuantifica en 2.606 el número de atentados cometidos a lo largo de su historia. El número de víctimas que reconoce es muy inferior al que durante años han considerado tanto el Ministerio del Interior, el Gobierno vasco o la propia AVT. Ladrón de Guevara, que esta mañana ha presentado el dossier de crímenes sin resolver que remitirá la asociación a la Fiscalía, y que ya adelantó El Independiente, ha considerado que la banda criminal no incluye lo que considera “daños colaterales”. La representante de la AVT segura que los casi un centenar de víctimas menos que reconoce ETA frente a las 853 víctimas que considera constatadas la AVT, “consideramos que se deben a que no incluye las víctimas que según ellos no fueron intencionadas y que considera algo así como daños colaterales”.

La asociación de víctimas cifra en 307 las víctimas de ETA sin una autoría material completa reconocida

En su informe, ETA reconoce como propios dos atentados que hasta ahora no reivindicaba, como es el asesinato de tres personas en Tolosa (Guipúzcoa) en 1981 “al confundirlas con policías” y la explosión en una cafetería de la calle Correo de Madrid en 1974 y en el que murieron 13 personas. La AVT ha reconocido que ambos atentados siempre se los habían achacado a la banda terrorista. Respecto al reproche que ETA hace en el informe a la propia asociación por continuar contabilizando la muerte de la niña Begoña Urroz, en 1961, o las 83 víctimas del atentado contra el Hotel Corona de Aragón el 12 de julio de 1979, la AVT recuerda que “hace tiempo” que retiró ambos atentados de la lista de crímenes que asigna a ETA.

La asociación ha presentado hoy el informe que ha elaborado sobre el número de crímenes sin resolver que persisten en España. Se trata de crímenes fundamentalmente cometidos por ETA, pero que también incluyen los cometidos por el Grapo y el terrorismo yihadista en nuestro país. En total considera que existen aún 307 victimas de ETA sin autoría material reconocida en una sentencia. Desde el año 2011 se han podido resolver 14 casos de víctimas provocadas en 11 atentados y que continuaban sin autoría. En el caso del Grapo el informe de la AVT considera que ent6re sus 94 víctimas, en 37 casos se continúa sin conocer la autoría. Por último, de los tres atentados cometidos por esta modalidad terrorista, se señala que 34 víctimas de dos atentados formarían parte de esta contabilidad en la que se considera que no existe una autoría completa de los autores.

La AVT, que remitirá el informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, recuerda que en muchos casos los atentados tan sólo han sido juzgados pero sin que tras ello se haya podido determinar al autor o autores del crimen, sólo a colaboradores o cómplices o ni siquiera eso. Ha reivindicado que también los casos de los atentados que han podido prescribir deben ser investigados para satisfacer el “derecho a la verdad” de las víctimas.