C’s ha presentado hoy denuncia por un delito de odio contra Arran, la organización juvenil de la CUP que la madrugada del miércoles marcó con pintura amarilla el acceso a la vivienda del juez Pablo Llarena en Sant Cugat del Vallès. «Arran ha reivindicado la violencia y dicen que lo volverán a hacer», ha lamentado la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, que se ha preguntado «qué más hace falta» para que reaccione el Gobierno de Pedro Sánchez y para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, denuncie la violencia.

Pablo Llarena «es un servidor público que no tiene la culpa de la violencia que Torra no es capaz de frenar» ha lamentado Arrimadas en defensa del juez instructor del 1-O, al que considera víctima de una campaña «de acoso y hostigamiento» por su papel como instructor del proces contra los líderes del 1-O, que concluyó el pasado octubre. C’s se suma así a la denuncia hecha pública hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha reclamado un plan de protección para los jueces catalanes por considerar que la pintada contra Llarena busca en realidad intimidar a todo el colectivo que ejerce en esta comunidad.

Arrimadas ha criticado, por contra, la respuesta del ministro del Interior y juez en excedencia, Fernando Grande-Marlaska, que ha pedido no crear alarmismo con el ataque. «Las pintadas anteriores -ante la segunda residencia del juez en Girona- estuvieron allí seis meses, sin que el anterior Gobierno ni el actual hicieran nada» ha lamentado la líder naranja, que ha contrastado esa indiferencia con la actitud de su partido: «nosotros al día siguiente denunciamos este abuso».

Qué tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno reaccione» se ha preguntado Arrimadas quien ha asegurado que «la gente tiene miedo»

Así, Arrimadas ha defendido la necesidad de reaccionar ante lo que considera «una persecución ideológica» tras recordar que fueron jóvenes de C’s los que finalmente limpiaron las pintadas contra Llarena en la Cerdanya (Girona). «Qué tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno reaccione», se ha preguntado en este contexto, asegurando que «la gente -que no comparte el ideario independentista- tiene miedo a ser el siguiente».

Respecto a la condena de Torra a las pintadas, que el president ha expresado en una entrevista a Radio Euskadi, aunque asociando esa condena a la prisión incondicional de los líderes del procés, Arrimadas le ha exigido una condena sin paliativos a la violencia. «Torra debe salir en publico y decir a los CDR que basta ya de violencia, basta de cortar carreteras, de ocupar edificios públicos, de señalar a la gente».

Investigación contra Arran

La denuncia formalizada hoy por unos presuntos delitos de odio y discriminación contra los responsables de la pintada -«supuestamente miembros de Arran»- y «contra la persona jurídica que resulte responsable de los delitos cometidos por esas personas» ya sea Arran o, en caso de que esta carezca de personalidad jurídica, la CUP, por entender que tales hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio.

El escrito advierte además que el ataque denunciado no es «un hecho aislado cometido por unos individuos que actúan independientemente, sino que forma parte de una estrategia cuidadosamente planificada y dirigida por responsables de organizaciones políticas que tienen entre sus fines atentar contra el ordenamiento constitucional español (…) y contra aquellas personas que, como los miembros del Poder Judicial, constituyen su principal garante, mediante acciones de hostigamiento y acoso que entrañan humillación».

La denuncia señala que la finalidad de Arran es difundir el video del ataque porque su contenido «es idóneo para fomentar, promover e incitar directa o indirectamente el odio, hostilidad y violencia contra el referido magistrado y contra otros miembros del Poder Judicial.

Esta denuncia ante la Fiscalía de Barcelona permitirá abrir una investigación que hasta ahora no se ha producido, puesto que los Mossos d’Esquadra no han abierto diligencias, en tanto que no han recibido denuncia ni de la comunidad propietaria del inmueble dañado ni del propio juez, según fuentes de la policía autonómica.