Un grupo de presos del ‘procés’ no entienden cómo ellos permanecen en prisión preventiva mientras los miembros de La Manada, ya condenados en primera instancia por un delito de abuso sexual a nueve años de prisión, permanecen en libertad provisional. Así lo recoge un escrito que la defensa de los acusados Jordi Sánchez y los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull han remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, los tres procesados por rebelión piden al Alto Tribunal que tenga en cuenta “la coherencia de la Administración de Justicia española en su conjunto” ya que “cuesta entender que personas ya condenadas en primera instancia a penas muy graves de prisión por delitos relacionados con la corrupción (“caso Gürtel”, “caso Caja Madrid”, “caso Lezo”, etc…) o los abusos sexuales (“Caso la Manada”) permanezcan en libertad –en algunos supuestos aun cuando es público que viven o tienen patrimonio fuera de España- y que, en cambio, mis mandantes lleven muchos meses en prisión (entre 9 y 13 meses) aun cuando no han sido todavía juzgados”.

Cuesta entender que personas ya condenadas por delitos relacionados con la corrupción o abusos sexuales permanezcan en libertad»

Lo cierto es que esta comparación no es la primera vez que sale a escena. Ya lo dijo el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián cuando se conoció el escrito de acusación de Fiscalía. En la red social Twitter, Rufián afirmó pues se piden «25 años de cárcel por votar y nueve años por violar, son unos salvajes», en referencia al caso de La Manada.

Además, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en una entrevista que concedió el pasado mes de septiembre a ‘La Vanguardia’ señaló que “si el juicio del procés tarda no sería lógico alargar la prisión preventiva. Salieron los de La Manada, por ejemplo”, apuntó.  Ahora, los presos también apelan a dicho argumento para tratar de obtener la libertad y añaden que la duración de la medida de prisión preventiva puede alargarse hasta “bien entrado el año 2019. Esta posibilidad está basada en la numerosa prueba que han solicitado el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en sus escritos de conclusiones provisionales, prueba que será previsiblemente admitida habida cuenta su pertinencia e importancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de acusación”.

La Abogacía del Estado pide penas menores

Asimismo, hacen referencia a una nueva circunstancia. El Gobierno, a través de sus servicios jurídicos no los acusa del delito más grave, la rebelión, sino de sedición. “La Abogacía del Estado solicita penas privativas de libertad muy inferiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal y, lo que es más relevante a juicio de quien suscribe, penas no muy superiores a las solicitadas para otros procesados sobre los que no ha recaído nunca la medida cautelar de prisión preventiva, procesados que, dicho sea de paso, estando en libertad tampoco se han fugado”, añade el letrado del ex líder de ANC, Turull y Rull.

Mientras la Fiscalía del Alto Tribunal solicita una pena de 17 años de cárcel para Jordi Sánchez y 16 para los ex consellers citados, la Abogacía del Estado pide ocho años para el primero de ellos y once años y medio para Jordi Turull y Josep Rull por sedición y malversación de caudales públicos.

Fiscalía solicita una pena de 17 años de cárcel para Jordi Sánchez y 16 para Rull y Turull mientras el Gobierno ocho y once años y medio, respectivamente

“Las discrepancias mostradas por la Abogacía del Estado respecto de las calificaciones realizadas por el magistrado instructor suponen un importante acicate al ya firme deseo de defender su inocencia ante la Sala de enjuiciamiento, lo que apunta en dirección diametralmente opuesta a la eventual fuga a un país extranjero”, recalcan los presos preventivos.

Además, añaden que en la causa seguida ante la Audiencia Nacional la ex cúpula de los Mossos -liderada por Josep Lluís Trapero- permanece en libertad a la espera de la celebración del juicio oral mientras ellos están en la cárcel de Lledoners (Barcelona). “El Ministerio Fiscal ha solicitado, también por delito de rebelión, penas que superan las del Abogado del Estado en la causa contra nuestros representados, sin haber solicitado allí la revisión de la situación personal de los acusados, todos ellos en libertad”.

Hasta ahora, la Sala Segunda del Supremo ha rechazado por unanimidad todas las peticiones de excarcelaciones reclamadas por los ocho presos del ‘procés’ al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva si quedan en libertad. La Fiscalía también se ha opuesto a las mismas.