Barcelona en Comú (BComú) el partido de Ada Colau, ha vetado la lectura en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona que se celebra esta mañana la lectura de una declaración de condena contra los ataques y amenazas a representantes de los diversos poderes del Estado. Un texto propuesto por el PP, que pedía al Ayuntamiento que manifestara su «apoyo y respeto al Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de instituciones encargadas de velar por la garantía del ejercicio de nuestros derechos y libertades, el apoyo a todas aquellas personas atacadas y que ven vulnerados sus derechos y libertades, así como la condena a los ataques que sufren».

El PP había propuesto la lectura de una declaración institucional para condenar los ataques sufridos en los últimos días, centrándose especialmente en sufrido por el magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena, en su domicilio de Sant Cugat del Vallés, y el que días después denunció el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en su vehículo particular. Una fórmula utilizada habitualmente por todos los partidos con representación en el consistorio, y que sirvió hace dos semanas a Colau para reprobar la actuación de Felipe VI durante el proceso independentista con el apoyo de JxCat, ERC y la CUP.

No ha corrido mejor suerte una propuesta de C’s, igualmente bloqueada por los comunes, en la que se condenaba los ataques contra miembros de la judicatura y se reclamaba al gobierno municipal a garantizar la libertad de expresión «evitando actividades o actitudes que fomenten el odio, para inmunizar a la democracia de episodios de violencia y garantizar los derechos de todas las personas y formaciones políticas de expresarse libremente».

Sedes judiciales atacadas

La declaración recordaba además que el Palau de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía Superior de Cataluña, y otros edificios judiciales «han sido el escenario de protestas cada vez que se ha llamado a declarar algún dirigente del procés soberanista». Y lamenta igualmente la colocación de lazos y cruces amarillas en las inmediaciones de los juzgados, así como las «amenazas directas que han sufrido magistrados que llevan las causas relacionadas con el 1-O».

El texto destaca, en este sentido, las amenazas contra el recientemente desaparecido titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, o el propio Llarena. Y recuerda que «todos los magistrados han denunciado el desamparo que sufren» tras recordar que 47 magistrados han abandonado Cataluña desde septiembre de 2017.

Se refiere también al ataque sufrido por Alejandro Fernández y concluye que «todos los que discrepan de la independencia, ya sean vecions, profesores, políticos, jueces, agentes de policía o fiscales son objetivo de grupos radicales que actúan con violencia o la justifican», lo que supone a juicio de los populares una «agresión al Estado de Derecho, que atenta contra la separación de poderes y pone en riesgo la democracia y la convivencia».

Por ello, los populares concluyen que «dado el menosprecio y la coacción que sufren jueces, fiscales, y cuerpos de seguridad encargados de garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades» y dado que «una sociedad democrática no puede permitir que se extorsione ni presione a jueces para influir en procedimientos judiciales» el Ayuntamiento debe condenar esas acciones y expresar su apoyo a estas instancias.

Una condena que no se producirá, puesto que el texto no se leerá en el transcurso del plenario, como pretendían los populares y ha evitado Ada Colau por la vía de no firmar la petición presentada por Alberto Fernández.