Política

El PP recurre a la Fiscalía para que sea obligado "declarar" en las comisiones de investigación

Los populares defienden en un escrito dirigido a la Fiscalía, que además de la obligación de comparecer en comisiones de investigación se debe "informar" y "declarar" sobre lo que se pregunta

Ignacio Cosidó y Fernández Díaz

Ignacio Cosidó y Fernández Díaz EFE

Una iniciativa de los populares en el Senado respecto a las obligaciones a «informar» y «declarar» de los comparecientes en las comisiones de investigación, puede tener un efecto rebote sobre la nueva lista de nombres que han planteado el resto de los grupos del Congreso en la comisión de financiación del PP. Ayer se conocía que el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz; el ex director general de la Policía y actual portavoz popular en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó; el empresario y esposo de María Dolores de Cospedal, Ignacio López Hierro, y el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, deberán comparecer para hablar de las cuentas del PP. Y acorde con la teoría de los populares, no se podrán negar a hacerlo.

Ahí entra en juego un recurso presentado por la senadora popular Rosa Vindel a la Mesa del Senado en el que exige que, además de cumplir con la obligación constitucional que tiene cualquier español o residente en España de acudir a las comisiones de investigación parlamentaria a la que sean requeridos, están también obligados a «informar» y «declarar».

Una trabajadora de Crespo Gomar se negó a decir incluso en qué ciudad vivía

La petición de la comisión del Senado que estudia la financiación de los partidos, nacida como réplica a la del Congreso, tomó esta decisión tras la negativa de una compareciente a responder incluso «asuntos tan inocuos como la ciudad en la que reside en la actualidad». Lucía Pascual Canet, trabajadora de  Crespo Gomar, empresa investigada por supuesta financiación ilegal de los socialistas valencianos, «decidió no colaborar con este órgano» el pasado 25 de octubre.

El portavoz popular en dicha comisión, Luis Aznar, «planteó a la señora Pascual una serie de cuestiones sobre las funciones y el funcionamiento de la empresa en la que se supone ha trabajado más de una década, sin que ésta accediera a responder a las preguntas». «No voy a contestarle», dijo una y otra vez la interpelada, que acudió asistida por un letrado a pesar de que sobre ella no pesa ningún tipo de imputación o acusación, lo que hubiera explicado su silencio para no perjudicar su estrategia de defensa.

El PP pide que se eleve la protesta al Ministerio Fiscal por si hay delito

A raíz de este hecho, la mesa de la comisión parlamentaria, que preside Rosa Vindel, se dirigió a la mesa del Senado para que pusiera en conocimiento del Ministerio Fiscal la actitud de la compareciente. En un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso El Independiente, que han elevado al presidente del Senado, Pío García Escudero, los populares apelan a la Constitución y a una Ley Orgánica de 1984 que regula las comparecencias parlamentarias. Aducen que la norma concreta «el deber de comparecencia como una comparecencia para ‘informar’, a requerimiento de las comisiones».

Por eso, entre otras cosas, el compareciente debe saber de antemano «el tema sobre el que deba versar el testimonio» para el que se le llama al Congreso o al Senado. No es posible, según el razonamiento del PP, acogerse a una especie de derecho a no declarar, reservado sólo para los inmersos en procesos judiciales.

Penas de prisión de seis meses a un año

Además, el reglamento del Senado, señala en su artículo 60.2 que las comisiones de investigación «podrán requerir la presencia de cualquier persona para declarar ante las mismas». En definitiva,  el PP entiende que «la comparecencia para informar» de la Ley Orgánica que afecta a Congreso y Senado, más el propio reglamento de la Cámara Alta con respecto a la «presencia para declarar» «no han sido sustanciadas respecto a la persona citada, lo que podría derivar consecuencias respecto al deber de comparecencia, así como desde el punto de vista sancionador, en el Código Penal». De hecho, ya estudiaron denunciar a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, a la que acusaron de mentir.

La última reflexión es una interpretación algo forzada del artículo 502.3 de dicho Código que castiga con pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad». Así considera demostrado también el PP la vinculación de la «comparecencia con el testimonio».

Génova ya ha designado a sus representantes en la comisión de la tesis de Sánchez

Pretendían de este modo los populares impedir que el ejemplo de la trabajadora de Crespo Gomar se convirtiera en norma y no sólo en esta comisión, sino en la que constituirán para investigar la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los populares ya han designado a sus representantes en dicha comisión. Falta por saber si el resto de los Grupos Parlamentarios se sumarán a ella.

Pero, al mismo tiempo, la comisión del Congreso -que sólo investiga la supuesta financiación irregular del PP-, toma nuevos bríos y acorde con la tesis de la formación política directamente afectada, ninguno de los que allí se sienten los días 11 y 18 de diciembre podrán acogerse al silencio.

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