El Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado una nueva vía de ahorro para hacer cuadrar las cuentas municipales: reducir el número de cartuchos que utiliza la Guardia Urbana en sus prácticas de tiro obligatorias. El resultado: un ahorro de 18.750 euros anuales, que según el sindicato CSIF supone un nuevo «recorte en seguridad» cuando Barcelona afronta serios problemas de seguridad y sigue en un nivel 4 de amenaza terrorista. El ahorro conseguido coincide prácticamente con el coste del viaje que la alcaldesa Ada Colau protagonizó el pasado verano a Nueva York. Dos días de visita acompañada por dos colaboradores para intervenir ante las Naciones Unidas que tuvieron un coste para las arcas municipales de 17.250 euros, sin contar las dietas de restauración.

CSIF se dirigió este martes por carta a la alcaldesa para reclamar una ampliación de las prácticas de la policía local que garantice el cumplimiento de la regulación de la Generalitat en esta materia, con prácticas trimestrales que sumen un total de 200 cartuchos anuales por cada agente. Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona están haciendo en la actualidad dos prácticas anuales, en las que hasta ahora disparaban 50 cartuchos, que ahora se han reducido a la mitad.

El Reglamento de armamento de las Policías locales de la Generalitat establece que todos los agentes locales deben «realizar obligatoriamente, como mínimo dos veces al año, ejercicios de perfeccionamiento en tiro policial» y tacha de «inexplicable» el recorte impuesto por el gobierno local de Barcelona.

«Denunciamos este descomunal ejercicio de hipocresía institucional desde su Gobierno: pretende convencer a la ciudadanía de estar realizando esfuerzos para mejorar la seguridad, cuando la realidad es antagónica. Disminuyendo medios no se aumenta la seguridad» denuncia el sindicato.

Denunciamos el descomunal ejercicio de hipocresía institucional» de Colau, «disminuyendo medios no se aumenta la seguridad» denuncia CSIF

En la misiva remitida a la alcaldesa, le recuerdan además que «nos encontramos en alerta 4 por terrorismo yihaidista, que Barcelona es una ciudad donde el índice de criminalidad es el más alto de España, donde cada día hay hasta tres incidentes con arma blanca y están subiendo los incidentes con armas de fuego» para reclamar que dé marcha atrás en el recorte de las prácticas de tiro.

En este sentido, recuerdan que las armas de fuego «están al alcance de la delincuencia común y la Policía debe tener una formación específica de tiro para intentar reducir el riesgo de intervenciones con armas». La propia ley «obliga a trabajar la pericia en las prácticas que usted ha reducido», lamentan.

Ada Colau nunca ha tenido a la policía local de Barcelona entre sus prioridades, pese a haber asumido el control de la Guardia Urbana entre sus responsabilidades directas, poniendo la gestión diaria en manos del comisionado Amadeu Recasens. La reciente desarticulación de la unidad antidisturbios de la Policía local -promesa electoral finalmente cumplida por Colau- ha sido, en este sentido, la última de las iniciativas vividas desde el cuerpo como una agresión directa de su alcaldes.

Primero fue el fichero de asuntos internos que invadía la intimidad de los agentes almacenando información sobre preferencias políticas o creencias religiosas, y en los últimos dos años las desautorizaciones a la policía local frente a la invasión de los manteros en el centro de la ciudad, o la retirada de Ciutat Vella, que ahora se ha revertido por la crisis de los narcopisos. Sucesivos desaires que han enfrentado a la alcaldesa con su policía.