La Generalitat denunciará ante la justicia la operación policial en la que la Policía Nacional detuvo ayer a 16 personas, a las que acusa de haber participado en la ocupación de las vías del AVE el pasado 1 de octubre. El Govern cree que se trata de un caso de detención ilegal, mientras la Policía Nacional ha argumentado las detenciones para informar a los detenidos de que están siendo investigados en esta causa por el Juzgado 4 de Girona. Entre los detenidos destacan dos alcaldes de la CUP, Ignasi Sabater (Verges) y Dani Cornellà (Celrà) y el sobrino del president Quim Torra, Ernest Morell Torra, que concurrió en las ultimas elecciones locales como candidato de la CUP al Ayuntamiento de Santa Coloma de Farnés.

El Govern considera que las detenciones de los militantes de diversos CDR de Girona pueden ser un delito de detención ilegal y fuentes del ejecutivo catalán han recordado esta mañana que el Código Penal en su artículo 167 castiga tanto al particular como al policía que haga una detención fuera de los cauces que autoriza la ley.

El abogado de los detenidos, y también dirigente de la CUP, Benet Salellas, ha ido más alla en sus críticas a la operación policial, que ha tachado de «absolutamente desproporcionada» en declaraciones a Catalunya Ràdio. Salellas ha puesto como ejemplo de esa desproporción que un de los detenidos ayer es un discapacitado intelectual al que la policía fue a buscar a un piso tutelado. «Qué dispositivo justifica esto, es desproporcionado» ha concluido el abogado cupaire, quien ha denunciado además que a los detenidos no se les permitiera utilizar el catalán en sus declaraciones.

Quejas a Calvo

La operación policial estará hoy sobre la mesa del encuentro que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantendrá con los números dos y tres del Govern, Pere Aragonés y Elsa Artadi. El vicepresidente del Govern ya emitió ayer un comunicado en el que tachó de «prácticas desproporcionadas e injustificadas» la operación policial, exigió que no se produzcan más detenciones y reclamó explicaciones a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Aragonés advertía además que la Generalitat «exigirá las responsabilidades pertinentes ante hechos como los de hoy», idea que hoy trasladará a Calvo en el Moncloa.

La reunión es resultado adquirido por Gobierno y Generalitat tras el encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado 20 de diciembre en Barcelona, y debía servir para agilizar y sistematizar el diálogo entre ambos ejecutivos. El Gobierno confiaba en avanzar además en la negociación sobre los presupuestos generales, mientras la portavoz del Govern, Elsa Artadi, señaló el martes su intención de plantear la mesa de diálogo con mediadores o testigos neutrales propuesta por Carles Puigdemont como condición para negociar los PGE.

Carmen Calvo, sin embargo, ya dijo a principios de semana que no tiene intención de abordar cuestiones como una mesa de diálogo con mediadores en el encuentro que mantendrá hoy con los representantes de la Generalitat. La vicepresidenta no podrá evitar, sin embargo, tener que responder a las quejas del Govern por la operación policial que ha provocado un enorme enfado en medios independentistas.

La detenciones provocaron ayer manifestaciones de protesta en Barcelona -donde la protesta cortó primero la Via Layetana frente a la Jefatura de Policía y más adelante las vías de la Estación de Francia- y Girona, además de un encierro de estudiantes en la Facultad de Letras de la Universidad de Girona, tras conocerse que tres de sus estudiantes forman parte del grupo de detenidos.