Más de la mitad de las comisarías de la Policía Nacional se encuentran técnicamente en estado de conservación «no adecuado», casi un tercio de las instalaciones tiene más de 50 años de antigüedad, el 13 % presentan niveles de «sobreocupación» y un 32 % se ubica en edificios no eficientes. Ésta es la situación que presenta actualmente el parque inmobiliario del Cuerpo después de años en los que las restricciones presupuestarias por la crisis económica han impedido al Ministerio del Interior acometer inversiones importantes para renovar las infraestructuras.

Para corregir este panorama, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha diseñado un plan que prevé inversiones por 275 millones de euros hasta 2025 para financiar la construcción de nuevas comisarías y llevar a cabo reformas integrales en edificios ya existentes, dotándolos de una mayor eficiencia energética. El proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de enero, incluye una partida idéntica para mejorar las casas-cuartel de la Guardia Civil y otros 50 millones adicionales para obras en otras instalaciones dependientes de Interior.

Según el listado facilitado por la Secretaría de Estado de Seguridad en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la Policía Nacional cuenta con 243 comisarías (provinciales, locales y de distrito) con una edad media que se aproxima a los 45 años. La antigüedad va desde 1900 -Jerez (Cádiz), Luarca (Asturias) y Xátiva (Valencia)- a 2018, como la ubicada en el edificio anexo al rascacielos Torre Sevilla.

En concreto, el 28 % de las dependencias policiales tienen más de 50 años. A mayor detalle, hay 21 que tienen más de 75 años de antigüedad, de las que 11 entraron en funcionamiento cuando reinaba el bisabuelo del actual Rey de España: Morón (1920), La Laguna (1925), Palencia (1930), Igualada (1905) y Ferrol (1930), entre otras. El 44 % tiene entre 25 y 50 años y en torno al 27 % tiene menos de 25 años, porcentaje que se reduce al 16 % si sólo se computan las que tienen menos de dos décadas.

Interior admite que la mitad de las instalaciones policiales se encuentran en un estado de conservación «no adecuado» y que el 13% sufre «sobreocupación»

Diversos estudios realizados por el departamento de Inspección y Servicios del Ministerio del Interior vienen poniendo de manifiesto en los últimos tiempos el deterioro que sufren las instalaciones por la antigüedad de las mismas y la insuficiencia de inversiones por indisponibilidad presupuestaria debido a la crisis. En el periodo 2011-2016, los fondos destinados a ejecución de obras por parte de la Dirección General de la Policía ascendió a 92,67 millones de euros.

«Este Gobierno ha tomado la decisión y tiene en cuenta que es hora indefectiblemente de dignificar las instalaciones, lo que abordaremos siguiendo criterios marcados por policías y guardias civiles en parámetros de profesionalidad y necesidad», proclama Grande-Marlaska. Éste ha llamado la atención sobre el descenso que la inversión en materia de seguridad -en proporción con el Producto Interior Bruto (PIB)- ha experimentado desde la salida del socialista José Luis Rodríguez Zapatero de La Moncloa (2011) a la marcha de Mariano Rajoy (2018): del 0,63 al 0,58 %.

Entre las comisarías de nueva construcción levantadas en los últimos años se encuentran las de Miranda de Ebro (Burgos), Santiago de Compostela (A Coruña), Cáceres, Ibiza y la del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, con una inversión conjunta de 34,6 millones de euros. Las cinco tienen un denominador común: fueron financiadas con cargo al ‘Plan E’, el proyecto inversor que José Luis Rodríguez Zapatero lanzó a finales de 2008 para estimular la economía y la contratación en el inicio de la crisis.

La equiparación salarial, prioritaria

Durante la negociación de la equiparación salarial, el anterior equipo del Ministerio del Interior -dirigido por el popular Juan Ignacio Zoido- llegó a proponer a los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil un plan de reforma y construcción de nuevas instalaciones que estaría dotado de 1.125 millones de euros y que ejecutaría la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios SA (SIEP) -dependiente del entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública- en el sexenio 2018-2023. Finalmente, el acuerdo alcanzado por Interior se limitó exclusivamente a recortar la brecha que los agentes de ambos cuerpos tienen en su nóminas respecto a los Mossos d’Esquadra y no se incluyó ninguna partida específica para inversiones materiales.

De ejecutarse el recién aprobado ‘Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado’ en los plazos previstos, el estado de las comisarías será en 2025 bien diferente al que presentan en la actualidad y se levantarán instalaciones demandadas en muchos casos desde hace años. Fuentes de Interior han dicho a este diario que ahora se ultima el listado de comisarías en las que se actuará.

A principios de febrero de 2018, la entonces diputada socialista Ana Botella -hoy al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad- presentó una pregunta por escrito al Gobierno para conocer la relación de comisarías que «no se encuentran en situaciones óptimas». La respuesta que la parlamentaria obtuvo, tramitada durante la etapa del PP pero emitida con Rajoy ya fuera de La Moncloa, es que no podía proporcionársele la información solicitada con el argumento de que la expresión utilizada no permitía establecer «criterio de valoración objetivo para efectuar la selección». Hoy, meses después de formularla, tiene ya la respuesta a esa pregunta encima de su mesa.