El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha lamentado ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que exista «una actitud permisiva» hacia la Guardia Civil que, «sin ningún tipo de trabas» entra en el terreno de la Policía Nacional en «una clara vocación urbana e internacional». Y lo hace, según el sindicato mayoritario de la Policía, «dejando sin servicio zonas rurales y ocupando destinos que son, por ley, de ámbito de la Policía», por lo que la organización ha vuelto a pedir a Interior que, «de una vez por todas», se definan las competencias de los cuerpos.

Un planteamiento que esta semana hizo al ministro la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, en la primera reunión del Consejo de Policía a la que ha asistido Marlaska, a quien trasladó también las «cotas de tensión» dentro del contexto laboral, en las dependencias policiales y en el trabajo cotidiano, «que no favorecen a nadie ni aportan nada positivo» a los policías y a su imagen.

En su discurso, al que ha tenido acceso EFE, la sindicalista insistió en la necesidad de cumplir con todo lo establecido en el acuerdo de equiparación salarial y censuró que aún no se haya dado paso alguno para desarrollar la cláusula del pacto, la de la aprobación de una Ley de Retribuciones para las fuerzas de seguridad. «Inmovilismo y parálisis». Con estas dos palabras, el SUP definió al ministro la política de Interior en el ámbito normativo, sobre todo en lo referente a la jornada laboral de los agentes.

Necesidad de solventar la clara perversión en la concesión de medallas»

Y aunque Gracia reconoce que el relevo en la cartera del Ministerio no ha sido fácil, opinó que ya había pasado tiempo suficiente para afrontar algunas medidas laborales, como la reclasificación, el sexto turno, la indemnización de los servicios extraordinarios o los retoques en la ley de Régimen de Personal. También trasladó al ministro la necesidad de solventar «la clara perversión» en el sistema de concesión de medallas y su «falta de imparcialidad».

Sobre este asunto, la secretaria general del SUP instó al ministro a que comparara el porcentaje de cruces rojas pensionadas en la escala superior con las concedidas en la escala básica. «Verá que no guardan ninguna relación», apostilló. Respecto a la Ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco, el sindicato reiteró a Marlaska su opinión de que la norma contribuía a «blanquear» el terrorismo de ETA, por lo que cree «inaceptable» cualquier gesto de apoyo por parte del Gobierno central.

«Les pedimos que no sucumban a esta trampa porque, en esencia, deslegitimaría el trabajo de los jueces y ofendería a los cuerpos de seguridad, que tantas muertes han aportado a esta injusta causa», manifestó Gracia. No se olvidó la responsable del SUP de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite de ponencia, y recriminó al ministro la instrucción de Interior que limita la posibilidad de sancionar a quienes graben y difundan la imagen de los agentes. Para el sindicato, la eliminación de esta infracción de la Ley «incrementaría a niveles inasumibles la situación de vulnerabilidad e indefensión de los policías».