Pedro Sánchez hará campaña para las elecciones generales del 28 de abril valiéndose de reales decretos y con las Cortes parlamentarias ya disueltas. El ejecutivo socialista tiene margen de maniobra para materializar sus propuestas y demostrar la "utilidad" del Ejecutivo, gracias a la mayoría que ostenta en la Diputación Permanente, el órgano encargado de asumir las funciones del Pleno cuando éste se ha disuelto. Una mayoría que permitirá a Sánchez aprobar medidas clave sólo unas semanas antes de la cita electoral que él mismo convocó.
La Diputación Permanente está formada por miembros de todos los grupos parlamentarios, distribuidos proporcionalmente a su representación en el Pleno del Congreso. Es por eso que, pese al rechazo de ERC y PdeCat a los Presupuestos socialistas, Sánchez podrá sacar adelante medidas de calado gracias al apoyo de los partidos nacionalistas, además de Unidos Podemos, Compromís, EH Bildu y PNV. De esta forma, los decretos que se hayan aprobado en el Consejo de Ministros antes de que el Gobierno entre en funciones, podrán ser votados y convalidados en esta Diputación Permanente. Este órgano podría aprobar medidas relativas al alquiler, a la reforma laboral o a la eutanasia.
El Gobierno convalidará los decretos que apruebe este viernes o el que viene, ya en campaña
"El Gobierno va a legislar hasta el último día", avanzaba la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, este mismo martes. En este sentido, avanzaba que "los reales decretos que se tramiten serán asuntos fundamentales para mejorar la vida de los ciudadanos y asuntos que no hemos podido sacar adelante en el Congreso por el bloque de la mayoría de derechas en la Mesa de la Cámara", advertía la diputada socialista. Preguntada sobre la fórmula para convalidar estas medidas, ha respondido tajante: "Siempre está la Diputación Permanente”.
Con el rumbo puesto en el 28 de abril, el Gobierno podrá aprobar sus Reales Decretos en dos Consejos de Ministros, el que se celebrará este viernes 22 de febrero y el del viernes que viene, 1 de marzo. Estos decretos leyes se enviarán después al Congreso, que a partir del 5 de marzo estará disuelto, pero será entonces cuando la Diputación Permanente se haga cargo de la convalidación de estas medidas.
Su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, se ha mostrado favorable a esta opción, advirtiendo de que "la Diputación permanente es un órgano parlamentario legítimo y en tanto que es legítimo el Gobierno podrá utilizarlo", según defendía la portavoz parlamentaria del grupo, Irene Montero. Desde Podemos ven en esta opción una fórmula para arrancar al Gobierno algunos de los acuerdos pactados que todavía no se han cumplido. La derogación parcial de la reforma laboral y una legislación de vivienda son dos medidas que entrarían en este apartado.
Vivienda o reforma laboral
Distintos miembros del Gobierno han avanzado en las últimas horas a qué materias podrían afectar estas medidas. Este mismo martes, el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, ha adelantado que el ministerio podría elevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto en materia de vivienda. “El presidente del Gobierno y el ministro han dicho que vamos a gobernar hasta el último minuto porque hay urgencias sociales y miles de ciudadanos que necesitan de una política social”, defendió Saura. Un nuevo paquete de medidas que llegaría después del rechazo de Podemos al real decreto sobre vivienda que el Gobierno llevó al Congreso hace unas semanas.
Pese a la cercanía de los comicios, el Gobierno seguirá trabajando para derogar la reforma laboral"
En este sentido se expresó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que en la sesión de control del Senado adelantó que el Ejecutivo continuará legislando. "El Gobierno, pese a la cercanía de los comicios, seguirá trabajando hasta el último momento para derogar la reforma laboral", defendió este martes.
"Vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo que sea positivo", sostuvo la ministra. En este sentido, defendió que al Gobierno "ni nos han temblado ni nos van a temblar las piernas", y apuntó al intento de derogar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral", y destacó la negociación que se está manteniendo sobre medidas como el registro y control horario "para evitar ese abuso de contratos a tiempo parcial y la utilización abusiva de las horas extraordinarias".
El propio presidente del Gobierno este martes en el Senado defendió algunas de las medidas que "se han quedado en el tintero" durante su mandato, y enumeró entre ellas la "ley de eutanasia, la derogación de la reforma laboral, la modificación de la ley de memoria histórica". "Muchas de esas leyes no se han podido sacar por el bloqueo de las derechas", criticaba el presidente de Gobierno, que confiaba en que tras el 28A habría una "mayoría parlamentaria amplia".
Una fórmula extraordinaria para decretos urgentes
La posibilidad del Gobierno de convalidar sus reales decretos de esta forma tiene precedentes en nuestra democracia, pero siempre ha sido una fórmula muy excepcional que se ha empleado para aprobar medidas de urgencia real. Hasta el momento los decretos aprobados por la Diputación Permanente tenían carácter más administrativo que político. Un extremo que podría cambiar radicalmente en las próximas semanas.
El último está fechado en el 10 diciembre de 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estaba en funciones ante las elecciones del 20 de diciembre. En este caso, el Real Decreto que se convalidó iba destinado a adoptar medidas urgentes para reparar los daños tras los temporales de lluvia en Canarias.
También se utilizó en varias ocasiones en febrero de 1996, cuando el Gobierno de Felipe González estaba en funciones ante las elecciones que tendrían lugar un mes después. Entonces se convalidaron cuatro decretos, con medidas como la "compensación por daños por la Rotura de la Presa de Tous" o el establecimiento de las normas para las aguas residuales urbanas.
Este método para convalidar decretos tiene esta vez carácter excepcional en cuanto a que será la primera vez que la Diputación Permanente contara con miembros de Podemos y de Ciudadanos: hasta el momento, los decretos que se convalidaban en este órgano eran aprobados por la mayoría de PP y PSOE. En esta ocasión, los socialistas tendrán que sumar a sus socios de Gobierno para conseguir sacarlos adelante.
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