Política

Rull, a la fiscal: "La DUI fue una declaración política, formal y solemne. Voté sí"

El ex 'conseller' responde a las preguntas que le formula la Fiscalía en la quinta sesión del juicio del 'procés': “Nosotros cumplimos con el mandato democrático y ponderamos entre el imperio de la Ley y el principio democrático"

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Rull, a la fiscal: "La DUI fue una declaración política, formal y solemne. Voté sí"

Josep Rull, en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. EFE

Resumen:

El ex conseller catalán Josep Rull ha arremetido este miércoles contra el Tribunal Constitucional durante su interrogatorio en la quinta sesión del juicio del ‘procés’. El acusado ha atacado al tribunal de garantías por “dejarse instrumentalizar” por el Gobierno de Mariano Rajoy, al suspender numerosas iniciativas legislativas aprobadas por el Parlamento de Cataluña.

El ex titular de Territorio y Sostenibilidad ha realizado esta acusación a raíz de las preguntas que le ha formulado la fiscal Consuelo Madrigal sobre la desatención de las seis advertencias que el TC lanzó durante los meses previos al referéndum 1-O al Ejecutivo catalán. Rull ha censurado que de manera “sistemática, constante y permanente” el Estado recurriera al artículo 161.2 de la Constitución, que provoca automáticamente la suspensión de la resolución en el momento en que es recurrida. Y ello, ha dicho el ex conseller, en cuestiones en las que el Tribunal Constitucional terminó con el tiempo dándole la razón como con la Ley de Cambio Climático.

Ante este “dilema”, Josep Rull ha dicho que esa actitud del Estado y la “falta de legitimidad moral” del TC por “ser instrumentalizado por el Gobierno para suspender cualquier iniciativa” de la Cámara autonómica era ponderado por el Govern a la hora de recibir las advertencias, en un intento de “buscar un equilibrio” entre el “imperio de la ley y el principio democrático”.

Sobre la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, el acusado la ha calificado como «declaración política» y «una propuesta de voluntad política» y ha admitido que fue tramitada por la cámara catalana. Fue «una declaración política, formal y «voté sí» aunque «le recuerdo que se trataba de una votación secreta», añadió a respuestas de Madrigal.

Rull destaca el carácter plebiscitario de los comicios autonómicos de 2015: «El ‘Govern’ estaba vinculado al mandato del pueblo»

El ex conseller de Territorio y Sostenibilidad ha destacado el “carácter plebiscitario” que tuvieron los comicios autonómicos del 27 de septiembre de 2015 y ha señalado que la ‘hoja de ruta’ del movimiento independentista fue el programa electoral con que los grupos partidarios de la secesión obtuvieron la mayoría en aquella cita y que “no fue impugnado”. “El Govern estaba vinculado al mandato del pueblo de Cataluña expresado en las urnas”, ha enfatizado.

Acciones en el exterior

Rull ha defendido que el Ejecutivo de Cataluña pensó “hasta el último momento” que podría alcanzar un acuerdo con el Estado para celebrar el referéndum de manera pactada, lo que les llevó a plantear sin éxito todos los instrumentos que prevé la Constitución. En su opinión, el “sistema” tenía encontrar una fórmula para “canalizar” el deseo de una parte de la sociedad. Una vez que no consiguieron una vía pactada, se optó por la unilateral.

El ex titular de Territorio y Sostenibilidad ha justificado el formidable incremento del presupuesto que el Gobierno de la Generalitat destinó a acciones del exterior durante el año en que tuvo lugar el referéndum ilegal –un aumento del 107 %, como ha recordado la fiscal Madrigal– por el “extraordinario” volumen económico que ello genera, como aumento de exportaciones y captación de inversiones extranjeras.

Preguntado sobre la partida de 6,2 millones de euros para procesos electorales incluida en el Presupuesto de la Generalitat para 2017, Josep Rull ha dicho que estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria y que no tenía conciencia de estar desobedeciendo al Tribunal Constitucional, al tiempo que ha asegurado que fue un ejercicio de “diligencia política” por parte del Ejecutivo catalán ante una “eventual contingencia en forma de proceso electoral o referéndum”.

«Ni un euro de dinero público»

La fiscal ha indagado sobre los eventuales fondos públicos que la Generalitat destinó a la organización del referéndum del 1-O, motivo por el que imputa a Rull la comisión de un delito de malversación. Como otros procesados interrogados en sesiones anteriores, el encausado ha insistido en que «no se gastó ni un euro de dinero público» en la consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. «No lo van a encontrar», ha retado a las acusaciones el ex titular de Territorio y Sostenibilidad, quien ha asegurado que en última instancia «la responsabilidad» la asumirían los integrantes del Ejecutivo.

Durante el interrogatorio, la representante del Ministerio Público ha preguntado también  al ex conseller por la aprobación -los días 6 y 7 de septiembre de 2017- de la ley del referéndum y las leyes de desconexión por parte del Parlament de Cataluña. El preso preventivo ha respondido que “fue uno de los momentos más importantes, trascendentes y emotivos» de su carrera política. «Era poner al servicio de la gente el instrumento para votar», ha señalado.

El barco ‘Piolín’ sale a relucir en el juicio

El ex conseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha negado que hubiera rechazado «arbitrariamente» el amarre del buque Moby Dada -conocido popularmente como Piolín y fletado por el Ministerio del Interior para alojar a los agentes movilizados con motivo del 1-O- en el puerto de Palamós (Girona) y ha justificado la denegación del permiso con el argumento de que no se tramitó conforme al procedimiento establecido y porque la autorización hubiera obligado a desmantelar la actividad comercial ordinaria de las citadas instalaciones portuarias.

Rull ha explicado que el motivo alegado verbalmente por la consignataria del barco fue la «reparación de camarotes» durante un periodo de 20 días, lo que choca con el criterio de dicho puerto: no acepta «largas estancias». El procesado ha dicho que en aquellas fechas el muelle comercial de Palamós tenía una gran demanda y que haber aceptado el atraque del Piolín hubiera generado una «hipoteca severísima» ante el riesgo de que cruceros turísticos -la «joya de la corona», ha señalado- eligieran otros puertos.

En su prolija explicación, el ex conseller ha explicado que el buque se dirigió entonces al puerto de Barcelona, donde inicialmente solicitó permiso como «barco-hotel». Esa petición fue rechazada, motivo por el que Interior -ya en la noche del 20 de septiembre de 2017- formalizó la petición como «barco de Estado». Y estos tienen prioridad.

 

Josep Rull ha asegurado que desconoce las denuncias de Reporteros sin Fronteras por escraches a periodistas que trataban de informar de manera neutral y ha aprovechado la pregunta de la fiscal para denunciar «cualquier acto de violencia, venga de quien venga». En este sentido, el ex conseller ha indicado que en las entrevistas periodísticas ya dijo que reprobaba las concentraciones a las puertas de los hoteles en los que se alojaron los policías nacionales y guardias civiles movilizados por el Ministerio del interior las semanas previas al 1-O, si bien se ha apresurado a denunciar la actuación de los agentes «persiguiendo» a la gente que pretendía votar.

«Vergüenza» policial

«Lo que pude leer en la mayor parte de la prensa al día siguiente [de la consulta ilegal] fue la vergüenza [shame, en inglés] por las imágenes que se habían producido, la de la gente con las manos al aire y golpeada por las Fuerzas de Seguridad del Estado sin ningún tipo de proporción», ha declarado.

Como Joaquim Forn y Jordi Turull, Rull ha asegurado que «jamás» pensó que la Policía y la Guardia Civil «desplegarían el nivel de violencia desplegado» ante «gente pacífica con una dignidad extraordinaria». El procesado ha asegurado que plantearon la consulta soberanista del 1-O con el «precedente» del 9-N (2014), cuando el Ministerio del Interior no movilizó a miles de agentes desde otras provincias y la Fiscalía -con un «planteamiento sensato e inteligente», ha dicho- no lo recurrió.

Cuestionado sobre el material electoral de que se dispuso para que se pudiera llevar a cabo la votación, el ex conseller ha negado conocer dónde se imprimieron las papeletas y dónde se construyeron las urnas, reiterando que estaba convencido en los días primeros de que se podría contar con contenedores para que los catalanes pudieran ejercer esa «expresión democrática». «Tenía confianza en mi país, donde hay un volumen muy importante de ciudadanos comprometidos con esta causa», ha expresado.

El consejero del Departamento de Territorio y Sostenibilidad se enfrenta a 16 años de prisión por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.