El fallecimiento del catedrático Enrique Álvarez Conde, pieza clave sobre la que pivotaba el caso máster, ha provocado un nuevo giro de guión en una causa que alcanzó a más de una veintena de imputados, entre docentes y alumnos, pero de la que ya solo quedan tres acusados, con Cristina Cifuentes a la cabeza.

Como es lógico, su supuesta responsabilidad penal se extingue de forma que únicamente tres encausados por falsedad documental se sentarán en el banquillo: la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes -que se enfrenta a una petición de 3 años y 3 meses de prisión-, la que fuese su asesora María Teresa Feito y su profesora Cecilia Rosado.

El nombre de Álvarez Conde -para quien la Fiscalía pedía la mayor pena de cárcel, 3 años y 9 meses- pronto saltó a los medios como uno de los grandes involucrados en el escándalo al ser el máximo responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, epicentro de las presuntas irregularidades del máster de la ex presidenta.

El nombre de Álvarez Conde pronto saltó a los medios como uno de los grandes involucrados en el escándalo

Un centro cuya creación él mismo promovió, y que dirigió durante 17 años, hasta que fue destituido al mes de que saltase la noticia de una presunta falsificación del título de Cifuentes, un caso cuyos tentáculos se fueron extendiendo y alcanzaron a más docentes, e incluso llegó a rozar a otros dirigentes como la ex ministra socialista Carmen Montón o el líder del PP, Pablo Casado, quienes salieron de la polémica sin responsabilidades penales.

Rápidamente, la causa sitúo a Álvarez Conde en el núcleo de las supuestas irregularidades, sobre el que giraba todo, con testimonios de alumnos y de alguna profesora en su contra que reconocían que les había regalado el título sin ir a clase ni hacer trabajos y que le apuntaban como la persona que les animó a matricularse. Él, en palabras de la jueza, fue quien “dirigió una serie de actuaciones tendentes a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos” obtuvieran el máster sin cursarlo, “a modo de prebenda o dádiva”.

Y también era quien tenía el “control absoluto” del máster de Cifuentes y del Instituto, de forma que “contravenir sus instrucciones tenía consecuencias nefastas para sus discípulas”. Unas acusaciones que pronto se adentraron en el terreno de lo económico al ser imputado por presunto desvío de fondos del Instituto en otro juzgado, donde se indagaban supuestos sobresueldos del catedrático a cuenta de este centro.

Poco a poco, la jueza del caso máster fue soltando lastre. Dejó fuera de la causa a una veintena de implicados y cerró filas contra él y otros tres acusados, incluida Cifuentes, sobre la que hay indicios de que promovió que las “posibles irregularidades” de su título fuesen ocultadas con un acta falsificada. Y mientras el prestigio de Álvarez Conde como catedrático se iba desvaneciendo, él siempre optó por el silencio al negarse a declarar todas y cada una de las veces en las que fue citado, sin esclarecer por tanto las dudas que sobre él pesaban.

Álvarez Conde era quien tenía el “control absoluto” del máster de Cifuentes y del Instituto

Nunca dio su versión en sede judicial de lo que ocurría en el Instituto o de si recibió presiones del entorno de Cifuentes. Tampoco de si se falsificaban notas o firmas de actas o de si se regalaban títulos “a un grupo de alumnos elegidos”. Sí que la dio, sin embargo, hace apenas dos meses en la Asamblea de Madrid cuando denunció, aquí sí, presuntas “presiones” de la Comunidad.

Tras defender la profesionalidad del Instituto y presentarse como “un profesor más” (y no el director del máster de Cifuentes), Álvarez Conde aseguró que actuó conforme a la ley, y lamentó “el error” de haber sido objeto de “encarnizadas luchas políticas inter e intrapartidarias y académicas” ante las “fuertes presiones” del rectorado de la URJC y de la Comunidad.

Precisamente, la jueza cree que la ex asesora de Cifuentes urgió a Álvarez Conde para que creara o diera instrucciones para crear los documentos que justificaran que la ex presidenta, quien previamente le había pedido ocultar que no había superado las asignaturas del máster, lo había cursado “con normalidad”.

Fue ahí cuando comenzó a girar la rueda, en el momento en el que el catedrático pidió a la profesora Cecilia Rosado que creara una supuesta acta de defensa del TFM. Ella se inventó la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal, y falsificó la firma de dos miembros del mismo.

Una rueda que siete años después sigue girando en un caso que está a la espera de juicio y en el que sin embargo muchas preguntas se quedarán sin responder ante la ausencia de una pieza clave de este puzzle, en el que sí que estarán Cifuentes, su asesora y quien fue su profesora de máster.