Política

Muere el catedrático Álvarez Conde, el principal acusado del 'caso Máster'

El profesor de la URJC había sido procesado por falsedad en documento público y la Fiscalía pedía para él una pena de tres años y nueve meses de prisión / También estaba siendo investigado en otra causa por posible desvío de fondos

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Muere el catedrático Álvarez Conde, el principal acusado del 'caso Máster'
Enrique Álvarez Conde.

Enrique Álvarez Conde, en la conferencia de prensa ofrecida el día que estalló el escándalo del máster de Cifuentes. EFE

Resumen:

El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, tutor del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes y para el que la Fiscalía pedía tres años y nueve meses de prisión como coautor indirecto de un delito de falsedad en documento público, ha fallecido este lunes a consecuencia de complicaciones en el cáncer de pulmón que padecía. El veterano profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) era el principal procesado en la causa que le ha costado la carrera política a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, María Luisa Delgado Jalón, ha enviado un correo electrónico a toda la comunidad universitaria este lunes a las 14.05 horas informando de la muerte. «Estimados compañeros y estimadas compañeras. Lamentamos comunicaros la triste noticia del fallecimiento del Profesor D. Enrique Álvarez Conde, Catedrático de Derecho Constitucional de nuestra Facultad. Desde este Decanato queremos expresar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Un fuerte abrazo».

Álvarez Conde también estaba imputado en otra causa por malversación de caudales, delito que presuntamente habría cometido al desviar fondos públicos del organismo universitario que dirigió desde su constitución hasta que estalló el escándalo -el Instituto de Derecho Público (IDP)- a gastos personales y sin relación con la actividad académica. Con su fallecimiento queda extinguida su responsabilidad penal.

En la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo el pasado 6 de agosto al apreciar indicios de delito en la obtención del título de máster por parte del diputado Pablo Casado (aforado), procedimiento inadmitido posteriormente por el alto tribunal, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid otorgó a Enrique Álvarez Conde el papel de «urdidor» del «sistema de prebendas consistentes en regalar títulos académicos». La magistrada Carmen Rodríguez-Medel llegaba a esa conclusión tras conocer los testimonios de algunos alumnos, que aseguraron que obtuvieron el título sin ir a clases y sin elaborar trabajos.

La Fiscalía pedía para Álvarez Conde tres años y nueve meses de prisión por falsedad en documento público

El catedrático fue la persona que, en la mañana del 21 de marzo de 2018, ordenó a una profesora -Cecilia Rosado, también procesada- que fabricara un acta con el que teóricamente se acreditara que Cristina Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012. Fue después de que eldiario.es desvelara que la entonces jefa del Ejecutivo autonómico había conseguido el título del máster en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’ con dos notas falsificadas: Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales y el Trabajo Fin de Máster. De ‘no presentada’ pasó e exhibir en su expediente académico sendos notables.

Ese documento, que llevaba las firmas falsas de las profesoras Alicia López de los Mozos y Clara Souto, fue el que exhibió Cifuentes en la misma noche del 21 de marzo de 2018 para intentar demostrar que no sólo elaboró el trabajo sino que lo defendió ante un tribunal formado por tres profesoras. La presidenta madrileña dimitió 25 días después.

El tutor que no utilizaba el correo electrónico

Álvarez Conde reconoció que fue él el profesor que tutorizó el Trabajo Fin de Máster a la entonces delegada del Gobierno en Madrid, si bien precisó que nunca llegó a revisar el borrador final. Según declaró en una entrevista concedida a Onda Cero, sólo se vio una vez con Cifuentes. El encuentro tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid “en enero o febrero” de 2012 y durante aquella reunión pactaron el tema sobre el que iba a versar el TFM: El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana). El profesor mantenía que fue corrigiendo los textos que ella le iba enviando no a través del correo electrónico sino -según precisó a El Confidencial a través de «un asesor o un chófer».

Según la versión que mantenía Álvarez Conde, el día que estalló el escándalo lo llamó el rector para que acudiera a una reunión de crisis en el campus de Móstoles (Madrid). «Me preguntó si había trabajo y le dije que yo no lo tenía porque la normativa exigía que la documentación se destruyera a los dos años”, detalló. Fue entonces cuando, según su testimonio, el máximo responsable de la URJC le espetó: “Hay que reconstruir un documento”.

«Reconozco mi culpa por hacerle caso, pero no tengo responsabilidad legal porque mi firma no aparece en ningún sitio”, justificó. El rector, Javier Ramos, siempre ha negado esta versión y llegó a dejar entrever que lo llevaría a los tribunales.

Cuando compareció ante la prensa junto al rector y el profesor Pablo Chico de la Cámara el 21 de marzo de 2018, Enrique Álvarez Conde proclamó: «En mis 31 años de catedrático he actuado siempre conforme a la legalidad vigente». El objetivo de aquella conferencia de prensa era intentar trasladar a la opinión pública que fue un error en la transcripción de las calificaciones el motivo que explicaba que dos asignaturas de Cifuentes que figuraban inicialmente como ‘No presentada’ pasaran a ‘Notable’.

El catedrático, con cuyos manuales de Derecho Constitucional se han formado miles de alumnos de Derecho de este país, ha sido procesado por su responsabilidad en la presunta falsedad del título de máster de Cifuentes. Pero no era el único frente abierto que tenía en los juzgados.

Álvarez Conde estaba siendo investigado también por otro juzgado -concretamente Instrucción 34 de Madrid- por presunta malversación de caudales públicos. Como ha venido informando El Independiente, la URJC puso el caso en conocimiento de la Justicia al constatar que el profesor había desviado fondos del IDP para para gastos personales: pago de comidas particulares, compras en pescadería y carnicería el día de Navidad, transferencias a sus hijos…