Enrique Álvarez Conde tiene este lunes a las 13.00 horas una cita en el Juzgado de Instrucción de 51 de Madrid, donde tendrá que comparecer como imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y cohecho impropio en relación con el máster bajo sospecha que impartió el organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que él dirigió desde su creación a finales de 2001 hasta que fue suspendido tras el escándalo por el cambio de notas en el expediente de la alumna Cristina Cifuentes.

A la espera de conocer si declarará o si por el contrario se acoge a su derecho a guardar silencio, El Independiente plantea las cuestiones clave que podrían determinar la responsabilidad penal de este veterano catedrático de Derecho Constitucional en los hechos que se investigan desde finales de abril tras la denuncia presentada por una catedrática al tener conocimiento de que su firma se había falsificado en actas de convalidación de asignaturas.

  1. ¿Propició que Cristina Cifuentes tuviera un título de máster sin haber superado todas las asignaturas? Enrique Álvarez Conde ha ejercido como director del Instituto de Derecho Público (IDP) -un organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que actuaba con personalidad jurídica propia sin tenerla- desde su creación a finales de 2011 hasta el pasado 13 de abril, cuando fue suspendido cautelarmente de sus funciones ante las irregularidades que iba desvelando la prensa. El IDP es el centro que impartió el máster ‘Derecho Público del Estado Autonómico’, curso de posgrado que el catedrático zamorano dirigió personalmente entre 2009 y 2011 y en el que llegó a impartir tres asignaturas: ‘El reparto de las competencias’, ‘Las políticas autonómicas y locales en Ordenación Urbanística y Medio Ambiente’ y Trabajo Fin de Máster (TFM). Cifuentes ha reconocido que por sus obligaciones profesionales no iba a clase, en contra del criterio del 80 % de asistencia que se detallaba en las guías docentes de muchas asignaturas. Como mínimo, ello representaría un trato de favor. La cuestión nuclear que trata de aclarar la investigación judicial es si le convalidaron muchas de las asignaturas de forma indebida y si le aprobaron con notable dos asignaturas –La financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales, impartida por el catedrático Pablo Chico de la Cámara, y el TFM- que inicialmente figuraban en su expediente como ‘No presentada’. En una entrevista concedida al programa de radio Más de uno (Onda Cero), Álvarez Conde se desmarcó de las irregularidades: «Yo no matriculo a la alumna y no tengo constancia de la nota de ‘No presentada’ porque nadie de los servicios administrativos me comunicó nada ni verbalmente ni por escrito. No tengo nada que ver con el cambio de la nota». Si él era el responsable de dicha asignatura, ¿quién entonces dio la orden para que se le modificara la calificación? Como él, también ha sido ya imputada la funcionaria (Amalia Calonge) que introdujo el cambio en la plataforma informática.

    Resolución por la que se nombró a Álvarez Conde director del máster ahora bajos sospecha.

  2. ¿Tutorizó el TFM a Cifuentes? Álvarez Conde ha reconocido que fue él el profesor que tutorizó el Trabajo Fin de Máster a la entonces delegada del Gobierno en Madrid, si bien ha precisado que nunca llegó a revisar el borrador final. Según declaró en aquella entrevista radiofónica, sólo se vio una vez con Cifuentes. El encuentro tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid «en enero o febrero» de 2012 y durante aquella reunión pactaron el tema sobre el que iba a versar el TFM (El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana). El profesor asegura que fue corrigiendo los textos que ella le iba enviando no a través del correo electrónico sino -según precisó a El Confidencial a través de «un asesor o un chófer». El día que supuestamente la ex dirigente del PP defendía el trabajo (2 de julio de 2012), Álvarez Conde participaba en un curso de verano en Aranjuez organizado por la Fundación Rey Juan Carlos.
  3. ¿Ordenó él que se reconstruyera el acta de la supuesta defensa del TFM de Cifuentes? Fue él quien en la mañana del 21 de marzo, el día que eldiario.es desveló las irregularidades, dio instrucciones a una de sus discípulas para que reconstruyera el acta que supuestamente acreditara que la alumna Cristina Cifuentes defendió el TFM el 2 de julio de 2012. Según relató en Onda Cero, habló con la profesora que teóricamente ejerció como secretaria (Cecilia Rosado) en el tribunal que evaluó a la entonces delegada del Gobierno en Madrid. «Ella solicitó autorización a las otras dos [Alicia López de los Mozos y Clara Souto]», mantuvo Álvarez Conde. Estas dos docentes han asegurado que las firmas que aparecen en el documento y que se les atribuyen a ellas fueron falsificadas.
  4. ¿Reconstruyó Álvarez Conde el acta por la presión del rector? Ésta es la versión que mantiene el catedrático de Derecho Constitucional, principal investigado en la causa que dirige la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Álvarez Conde sostiene que, en la mañana del pasado 21 de marzo, lo llamó el rector para que acudiera a una reunión de crisis en el campus de Móstoles (Madrid) una vez que el caso había estallado. «Me preguntó si había trabajo y le dije que yo no lo tenía porque la normativa exigía que la documentación se destruyera a los dos años», detalló. Fue entonces cuando, según su testimonio, el máximo responsable de la URJC le espetó: «Hay que reconstruir un documento». «Reconozco mi culpa por hacerle caso, pero no tengo responsabilidad legal porque mi firma no aparece en ningún sitio», justificó. El rector, Javier Ramos, ha negado públicamente esta versión y dejó entrever que lo llevaría a los tribunales.
  5. ¿Intentó pactar una versión con las profesoras para que no se conociera la verdad? Es lo que reveló a la Brigada Provincial de Policía Judicial la profesora López de los Mozos, una de sus discípulas y teórica integrante del tribunal del TFM de Cifuentes, cuando prestó declaración como testigo el pasado 10 de abril. La docente relató a los agentes que, cuando estalló el caso, instó insistentemente a su maestro a que «dijera la verdad, asumiese su responsabilidad y afirmase que ella no tenía nada que ver con esto». No fue lo que hizo Álvarez Conde, que la citó a una reunión celebrada en la tarde del 2 de abril en la cafetería del VIPS de la madrileña calle Padre Damián en la que el catedrático y su pareja (Rosario Tur) le indicaron que mantuviera la calma y «no dijera la verdad». También le indicaron que «había que mantenerse unidos», según se lee en el acta de la declaración. López de los Mozos asegura que si acudió a dicha reunión fue por las «presiones» que recibió, desvelando que días antes acudió a un notario ante el que firmó una declaración en la que recogía su firme decisión de «no mentir».

    Acta de la declaración de la profesora López de los Mozos ante la Policía.

  6. ¿Cuántos alumnos ‘fantasma’ del máster consiguieron su título? Ni Cristina Cifuentes ni la Universidad han podido exhibir tres meses después de que trascendiera el escándalo que ella hizo y defendió el TFM, imprescindible para poder lograr el título que le acreditaba estar en posesión de este curso de posgrado y que la ya ex dirigente política exhibía en su biografía oficial. Pero no es la única. La juez también ha imputado a Álvaro Morente Hidalgo, un graduado en Periodismo que figura entre los poseedores del título de este máster después de habérsele convalidado numerosas asignaturas. Las investigaciones judicial y periodística han puesto de manifiesto el tratamiento condescendiente que los responsables tuvieron con algunos alumnos. En este sentido, especialmente gráfica ha sido la declaración del ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo (PP), al que le constan numerosos aprobados en dicho máster a pesar de no haber acudido nunca a clase ni haber entregado ningún trabajo. «No hice ni el huevo«, ha confesado abiertamente. ¿Cómo es posible que una universidad pública actuara durante años bajo estos parámetros? Álvarez Conde tiene este lunes la ocasión de ofrecer una explicación convicente a la magistrada.
  7. ¿Por qué se convalidaron asignaturas a un ex alto cargo de Economía si éste asegura que no se matriculó? El 10 de febrero de 2011, Álvarez Conde envió un escrito a Fernando Suárez Bilbao -entonces presidente de la comisión de estudios de posgrado y dos años después rector de la URJC- en el que le comunicaba que había revisado la documentación presentada por el alumno Miguel Temboury en su condición de presidente de la subcomisión de convalidación del máster en ‘Derecho Público del Estado Autonómico’ y se le reconocían 13 asignaturas (incluido el TFM). Como viene informando este diario, Temboury -subsecretario de Economía y Competitividad en la etapa de Luis de Guindos como ministro- asegura que él nunca se matriculó en ningún máster de la URJC y que su única relación con esta universidad madrileña es que impartió clases en el departamento de Derecho Civil. «Jamás he cursado ese máster ni he pedido que me convalidaran asignatura alguna, entre otras cosas porque soy abogado del Estado por oposición desde el año 1996 y no lo necesito para nada. No salgo de mi asombro», ha asegurado.

    Escrito enviado por Álvarez Conde a Fernando Suárez con las convalidaciones a Miguel Temboury.

  8. ¿Se ajustan a Derecho las convalidaciones de asignaturas a Pablo Casado? De acceder a declarar, la juez y el Ministerio Público no pasarán por alto previsiblemente la oportunidad para preguntarle al director del Instituto de Derecho Público de la URJC si las convalidaciones realizadas a Pablo Casado -aspirante a suceder a Rajoy que también cursó el máster bajo sospecha, pero en el año 2008/09- están ajustadas a Derecho. La instructora aprecia indicios de delito, motivo por el que ha pedido a la Presidencia del Congreso que certifique si el vicesecretario de Comunicación del PP ocupa acta de diputado en la Cámara Baja. Casado es aforado y, como tal, sólo puede ser investigado y eventualmente enjuiciado por el Tribunal Supremo. La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha requerido esta semana diversa documentación a la Universidad que le permitirá apuntalar los indicios o, por el contrario, desistir de elevar exposición razonada al Alto Tribunal.
  9. ¿Con qué administraciones firmó convenios Álvarez Conde para que financiaran el máster? Por lo que se ha instruido hasta el momento, el catedrático firmó convenios tanto con el Ayuntamiento como con la Comunidad de Madrid para que apoyaran la celebración de este máster. A cambio, el Instituto de Derecho Público reservaba plazas para los trabajadores de dichas instituciones públicas. Llama la atención que el coste de la matrícula individual ascendiera a unos 1.800 euros -de los que la administración correspondiente abonaba 1.500 para que sus empleados mejoraran su formación- y que el Consistorio abonara en el curso 2008/09 la suma de 9.000 euros, cuando tan sólo dos alumnos de esa promoción pertenecían a esta institución. La juez Rodríguez-Medel ha pedido a la URJC que le informe de todos los convenios de este tenor que Álvarez Conde pudo haber firmado y que repercutían positivamente en los ingresos del organismo universitario que él dirigía.
  10. ¿Utilizó Álvarez Conde la tarjeta de la URJC para realizar gastos personales? Es lo que sospecha el actual equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha presentado una denuncia ante los tribunales contra su profesor al entender que podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos. Abono de comidas privadas, compras en pescaderías y carnicerías en fechas navideñas, la suscripción a la plataforma de reproducción musical Spotify… son sólo algunos de los servicios que, como viene informando El Independiente, habría realizado Álvarez Conde sin que estén justificados con sus responsabilidades académicas. Esta causa ha recaído en otro juzgado de Madrid, si bien su titular ya se ha dirigido a la instructora del caso máster por si tuviera que inhibirse y que la investigación la asumiera también la magistrada Rodríguez-Medel por su relación con los hechos iniciales.