El catedrático Enrique Álvarez Conde, dirigiéndose a los juzgados de Madrid.
El catedrático Enrique Álvarez Conde, ex director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartía los másteres bajo sospecha y principal imputado en la causa que instruye un juzgado de Madrid, pagó con la tarjeta de crédito de la institución una comida de 307 euros el último Jueves Santo en una conocida marisquería de Madrid. El ágape tuvo lugar en el restaurante Portobello el pasado 29 de marzo, ocho días después de que estallara el escándalo del curso de posgrado de Cristina Cifuentes.
El día que la liturgia cristiana marca el inicio del triduo pascual, Álvarez Conde celebró su particular última cena a costa del presupuesto de la Universidad. Fue uno de los últimos pagos que el veterano profesor de Derecho Constitucional hizo con la tarjeta asociada a una de las cuentas bancarias del Instituto de Derecho Público (IDP) -organismo que impartía los másteres que cursaron Cifuentes, Pablo Casado y la ex ministra Carmen Montón- antes de que el rector acordara abrirle un expediente disciplinario y suspenderlo provisionalmente el pasado 13 de abril como director del citado ente universitario.
Éste es uno de los numerosos gastos que investiga la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en el marco del procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid -órgano judicial que intentó inhibirse en favor del que investiga el caso Máster- tras la denuncia que el equipo de gobierno de la URJC interpuso a finales de mayo al apreciar indicios de un delito de malversación de caudales públicos. La juez Coro Monreal había citado este viernes a declarar, en calidad de investigado, a Álvarez Conde, pero la comparecencia se ha suspendido. El profesor está de baja médica desde principios de septiembre.
El pasado 4 de mayo, al día siguiente de tomar posesión como delegado del rector para el Instituto de Derecho Público, el profesor de Derecho Administrativo Pablo Acosta acudió a la sucursal que el Banco Santander tiene en el campus de la URJC para hacerse cargo de las cuentas del organismo que dirige de forma temporal y salió "alarmado", según contó a la Policía cuando prestó declaración el pasado 12 de junio. Un empleado de la entidad financiera le informó de que el IDP tenía 500.000 euros en saldos, que se habían pagado numerosos gastos con tarjetas de crédito y que un año antes se había realizado una transferencia de 100.000 euros a una cuenta del Banco Mediolanum, donde el organismo contrató varios fondos de inversión.
Álvarez Conde cargó una comida de 307 euros en una marisquería madrileña el pasado Jueves Santo, ocho días después de que estallara el escándalo del máster
Cuando el profesor Acosta analizó los estadillos de movimientos dedujo la existencia de gastos personales pagados con tarjetas de crédito "que nada tenían que ver con la actividad del Instituto" y constató la existencia de nueve transferencias bancarias por importe total de 27.750 euros a los dos hijos de Álvarez Conde, sin que exista aparente justificación. Estas dos circunstancias fueron determinantes para que el equipo rectoral que dirige Javier Ramos pusiera los hechos en conocimiento de la Justicia.
La comida del restaurante Portobello del pasado Jueves Santo se abonó en concreto con una de las dos tarjetas -la numerada como 5489 0189 0882 2100- asociada a una cuenta del Banco Santander, en la que el veterano catedrático figura como "único autorizado". Así lo detalló Pablo Acosta a los investigadores policiales.
Entre los 1.527 apuntes contables que la Universidad ha puesto en conocimiento de la Policía, que obran en poder de este diario y que abarcan el periodo comprendido entre el 18 de mayo de 2016 y el 17 de mayo de 2018, hay decenas de movimientos relativos a gastos variados que se abonaron con dicha tarjeta. Es, por ejemplo, la que utilizó Álvarez Conde para abonar la factura de 680 euros el sábado 28 de mayo de 2016 en Atrio, un establecimiento con dos estrellas Michelin en Cáceres.
También fue el medio de pago con el que el suspendido director del IDP sufragó el 24 de diciembre de 2016 compras para la cena de Nochebuena de aquel año: 150 euros en Pescadería Hermanos Abad -un negocio del barrio madrileño de Chamberí que está ubicado a tan sólo unos metros de donde reside el catedrático- y 89 euros en Carnicería Alberto, según consta en la información enviada al juzgado.
Con esa tarjeta del Banco Santander, igualmente, Álvarez Conde abonó otras decenas de comidas en diversos restaurantes del país (Mesón El Granaíno, Nou Manolín, La máquina de Chamberí, L'Olive, Perrachica, Lateral, La vaca argentina, La cabra loca argentina, Bibo Madrid, El rincón de Pepe...), algunas desarrolladas durante su periodo vacacional. Sucedió en agosto de 2016, cuando el constitucionalista pasó la tarjeta de crédito del organismo para pagar cinco comidas -los días 1, 12, 14, 19 y 20- por importe de 467,16 euros.
El catedrático está citado a declarar este viernes como imputado por malversación tras la denuncia interpuesta por la Rey Juan Carlos
No fueron sólo gastos de restauración. Enrique Álvarez Conde también pagó la reserva de una habitación a través de la plataforma Airnb (138 euros), la suscripción de Spotify (9,99 euros), combustible en estaciones de servicio y una compra en la tienda madrileña de ropa Boggi Milano (168 euros), entre otros.
El ex director del Instituto de Derecho Público también disponía de dos tarjetas de crédito asociadas a una cuenta en el Banco Mediolanum, donde trabaja como gestor su yerno. Pablo Acosta informó a la Policía que, tras analizar los movimientos, comprobó que "ninguno" correspondía a la actividad económica del citado organismo de la URJC.
Acosta llamó la atención sobre las reticencias tanto del Banco Santander como de Banco Mediolanum para informarle acerca de a nombre de quién figuraban las tarjetas de crédito que el IDP tenía en ambas entidades, mostrando su extrañeza ante el hecho de que fueran canceladas las dos tarjetas de crédito el día que se personó en la oficina de Mediolanum: una 'Classic' dada de alta el 4 de enero de 2017 y una 'Oro' que se había expedido el pasado 12 de febrero.
Requerimiento a los bancos
En una providencia fechada el pasado 25 de septiembre, la juez que investiga a Álvarez Conde por presunta malversación de caudales públicos ha acordado remitir mandamientos a ambos bancos para que informen a los agentes de la UCRIF sobre las cuentas que el Instituto de Derecho Público tiene o ha tenido operativas, quiénes eran los administradores de las mismas y cuántas tarjetas tenían asociadas a las mismas. También deberán facilitarles el detalle de todos los movimientos realizados.
Estos datos serán esenciales para impulsar la instrucción de la causa, declarada compleja y que se desarrolla en paralelo a la investigación que el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid lleva a cabo para determinar si Álvarez Conde cometió un delito de falsedad documental al fabricarse un acta con el que, cuando estalló el escándalo, se intentó acreditar que Cristina Cifuentes defendió el Trabajo Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012.
El catedrático de Derecho Constitucional ha comparecido en tres ocasiones ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, acogiéndose en todas las ocasiones a su derecho a no declarar. A primera hora de este viernes tenía una nueva cita en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por su imputación en la causa por malversación, en la que la URJC -donde tiene cátedra desde octubre de 1999- ejerce la acusación particular como perjudicado. El juzgado ha comunicado este jueves la suspensión, sin que haya trascendido si ya hay nueva fecha.
"En mis 31 años de catedrático he actuado siempre conforme a la legalidad vigente", proclamó Álvarez Conde el pasado 21 de marzo en el curso de la conferencia de prensa que ofreció junto al rector de la URJC y el profesor Pablo Chico de la Cámara para salir al paso de la exclusiva de eldiario.es sobre el cambio de notas irregular en el expediente de Cifuentes.
El Independiente ha intentado hablar con el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, pero las llamadas telefónicas han resultado infructuosas.
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