Política

La URJC no retirará el título del máster a Cifuentes hasta que haya sentencia firme

logo
La URJC no retirará el título del máster a Cifuentes hasta que haya sentencia firme
El rector de la URJC, Javier Ramos, en la conferencia de prensa ofrecida la pasada semana.

El rector de la URJC, Javier Ramos, en la conferencia de prensa ofrecida la pasada semana. EP

Resumen:

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha comunicado este viernes que no iniciará los trámites para la eventual anulación del título de máster de Cristina Cifuentes hasta que el juez no dicte sentencia firme.

Así lo ha comunicado el rector, Javier Ramos, en la sesión del Consejo de Gobierno que se está celebrando en el campus de Móstoles y en la que ha informado acerca de las actuaciones que se han llevado a cabo desde que estalló el caso el pasado 21 de marzo.

La Universidad abre expediente disciplinario al catedrático Álvarez Conde, director del máster y tutor académico de Cifuentes, y lo suspende provisionalmente como director del instituto que impartió el máster.

El rector anuncia una auditoría a todos los centros e institutos de la URJC para garantizar que actúan “cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional”.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha comunicado este viernes que no iniciará los trámites para la eventual anulación del título de máster de Cristina Cifuentes hasta que el juez no dicte sentencia firme. Así lo ha comunicado el rector, Javier Ramos, en la sesión del Consejo de Gobierno que se está celebrando en el campus de Móstoles y en la que ha informado acerca de las actuaciones que se han llevado a cabo desde que estalló el caso el pasado 21 de marzo.

El máximo responsable de la institución ha anunciado la adopción de un paquete de medidas con las que trata de responder ante el desprestigio que ha supuesto para la Universidad el escándalo del curso de posgrado (‘Derecho Público del Estado Autonómico’) en el que se matriculó Cifuentes en su etapa de Delegada del Gobierno en Madrid. La URJC da el pasado 48 horas después de que dos observadores designados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) terminaran la revisión interna que han llevado a cabo.

De momento, la URJC ha suspendido el procedimiento de información reservada que puso en marcha tras las revelaciones periodísticas que acreditaban graves irregularidades, como la existencia del acta acreditativo de la supuesta defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) por parte de Cifuentes el 2 de julio de 2012, al estar ya el caso en manos de la Fiscalía.

Ramos ha anunciado la apertura de expedientes disciplinarios tanto al catedrático y director del máster bajo sospecha, Enrique Álvarez Conde, como a la funcionaria Amalia Calonge. Fue ésta la que modificó, sin autorización de la unidad correspondiente, las calificaciones de las dos asignaturas de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid en las que aparecía inicialmente como ‘no presentada’ y en las que finalmente le constaba un notable.

Según la versión inicial, un “error de transcripción” a la hora de introducir las notas en la plataforma virtual motivaba supuestamente que en el expediente de Cristina Cifuentes figuraran como no aprobada en las asignaturas Financiación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales -impartida por el catedrático Pablo Chico de la Cámara- y el TFM, titulado El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana. Pero esa explicación se ha ido desmoronando por las revelaciones periodísticas y por la imposibilidad de la presidenta de exhibir el trabajo que disipe las dudas.

La Universidad abre expediente disciplinario a Álvarez Conde y lo suspende provisionalmente como director del instituto que impartió el máster

Esas calificaciones fueron modificadas por Calonge dos años después de que teóricamente Cifuentes hubiera terminado el máster, cuando se dirigió a secretaría para solicitar la expedición del título acreditativo. De ahí que las medidas adoptadas por la Universidad alcancen también a la citada funcionaria.

Como viene informando este periódico, las sospechas se centran fundamentalmente sobre Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional y director desde su creación del Instituto de Derecho Público de la URJC. Se trata del organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, que ofreció el máster investigado y de cuyo consejo académico él es presidente.

Según ha expuesto el rector, otra de las medidas adoptadas por el equipo de gobierno ha sido abrir expediente disciplinario y suspender provisionalmente a Álvarez Conde como director del Instituto de Derecho Público, entidad a la que se va a pedir que rinda cuentas ante la gestión opaca que viene manteniendo desde hace años.

El rector anuncia una auditoría a todos los centros e institutos de la URJC para garantizar que actúan “cumpliendo la legalidad vigente”

En su artículo 98, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario “no podrá exceder de seis meses” salvo que la paralización del procedimiento se impute al interesado, pudiendo percibir éste durante el tiempo que dure la medida cautelar las “retribuciones básicas”.

Enrique Álvarez tendría que haber sido reelegido la pasada semana al frente de la dirección de este instituto tras haber encabezado la única candidatura presentada, pero él mismo planteó la posibilidad de posponerlo debido al escándalo y a las abiertas sospechas sobre la forma en que Cristina Cifuentes obtuvo su máster en el curso 2011/12. La crisis motivada por estas presuntas irregularidades se ha cobrado ya una dimisión: la de la subdirectora del citado instituto, la doctora Laura Nuño Gómez.

El catedrático ha reconocido que se fabricó el acta esgrimido inicialmente por Cristina Cifuentes para intentar acreditar que había defendido su trabajo ante el tribunal. El documento está firmado presuntamente por las profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado, si bien las dos primeras ya han reconocido que ésas no son sus rúbricas y que no participaron en ningún jurado que hubiera examinado a la actual jefa del Ejecutivo madrileño.

Eso es lo que llevó al equipo rectoral que preside Javier Ramos a ir a la Fiscalía, al entender que existen “suficientes indicios” de la posible comisión de un delito en falsedad en documento público. Álvarez Conde ha mantenido que fue el rector quien le ordenó que reconstruyera el acta, versión desmentida rotundamente por Ramos.

“Ética profesional”

La URJC va más allá y va a llevar a cabo una auditoría de todas las actividades que realizan los institutos y centros que dependen de ella. “El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional”, ha justificado en un comunicado.

El rector ya proclamó la pasada semana su compromiso con “la transparencia, la ética y el buen gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos” y ha reiterado este viernes que llegará hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades por el buen nombre de la institución.