La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el caso Máster en el que se enfrentaba a una pena de tres años y tres meses de prisión por presunto delito de falsedad documental como inductora. La Fiscalía le acusaba de exhibir en los medios de comunicación y las redes sociales el acta de defensa de trabajo de su Trabajo Final de Máster (TFM) de la Universidad Rey Juan Carlos «a sabiendas» de que esa defensa no había ocurrido.

Después de las pruebas practicadas durante el juicio, y aunque el Tribunal destaca las irregularidades cometidas en la Universidad en el curso 2011-2012 y las «incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de una estudiante de posgrado. Ha reconocido que nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos (sic) que entregaba a Álvarez Conde y que el 02.07.12 entregó el TFM de manera informal» de Cifuentes, la absuelve porque «de lo actuado no ha resultado probado ninguna intervención de la citada».

Durante las conclusiones definitivas del juicio, celebrado este mismo mes, la fiscal Pilar Santos consideró que Cifuentes influyó, por medio de asesores suyos, en profesoras de la Universidad para que confeccionaran el acta falsa de defensa de tu TFM para salvar su reputación después de publicarse en prensa que no había ido a clase ni defendido el TFM. «Se confeccionó el acta por las exigencias de la Presidencia», afirmó para mantener la petición de tres años de cárcel para Cifuentes. Sin embargo, la Sección Quince de la Audiencia Provincial concluye que no hay indicios suficientes de que fue así.

Los magistrados destacan, asimismo, que «no es competencia de este Tribunal si se produjo o no esa ‘defensa’ del TFM, incluso de haberse producido, hubiera sido un extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna, figuraba como no presentada en la asignatura, que impartía el profesor Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014».

No se ha probado que «presionara»

Pero, en cuanto a lo que afecta a la acusación contra la expresidenta madrileña, el tribunal concluye que «sin obviar el interés de ésta en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su Máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión. El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió el Rector no es más que un indicio no corroborado por otros».

«Las sospechas legítimas que pudieran existir, -continúan-, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes Cuenca. Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito».

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A quien sí condena la Audiencia de Madrid es a la profesora Cecilia Rosado, que creó el acta y estampó en ella las firmas de otras dos profesoras. En el juicio reconoció la falsificación y por eso ha sido condenada a un año y seis meses de prisión. También han condenado los magistrados a la asesora de la Comunidad de Madrid y profesora de la URJC Maite Feito que llamó hasta en 21 ocasiones a Rosado después de publicarse las noticias en prensa para que «solucionara» la situación. Ella estaba acusada, como Cifuentes, de inducción a la falsificación y el Tribunal la ha condenado con la pena que solicitó la Fiscalía.

La Universidad falsificó las notas

La sentencia da por probado que la Universidad pública falsificó las notas de Cristina Cifuentes. «La entrega del título a Cristina Cifuentes Cuenca se realizó en el año 2017, previa modificación irregular en el año 2014 de las actas de una asignatura impartida por el profesor Chico de la Cámara, que por medio del email fechado el 23.10.14 autorizó a la destinataria Amalia Calonge Celada, funcionaria de la URJC indicando que Cristina Cifuentes obtuvo la calificación de notable en el «Máster de Hacienda Autonómica y local en el año académico 2011-2012″. Amalia Calonge accedió al sistema informático y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo, modificó no solo la nota obtenida del profesor Chico, sino que accediendo irregularmente al sistema en 2016 también modificó la nota del trabajo de fin de Máster», se puede leer en la sentencia ponencia del magistrado Luis Carlos Pelluz.

El último día del juicio -y después de que hasta tres alumnos del mismo máster reconocieran que no habían ido a clase o que no habían defendido el TFM y aún así se les calificó- la defensa de Cifuentes puso la responsabilidad de la falsificación en la Universidad. El letrado José Antonio Choclán defendió que la URJC «cocinó» la falsificación del acta de defensa de TFM de Cifuentes para «salvar la cara de la propia Universidad por un asunto que afectaba a la presidenta [madrileña] y que por eso tenía resonancia pública».

Previamente Cifuentes, cuando declaró en el banquillo de los acusados, defendió que ella no había pedido a la Universidad dicha acta y aún así se la enviaron con la firma del rector, por lo que le dio credibilidad. «Actué de buena fe», afirmó la ex presidenta madrileña después de argumentar también que ella no hizo una defensa de TFM ante un tribunal, sino en un «acto muy informal».

La sentencia de los magistrados Pelluz, Carmen Herrero Pérez y María del Sagrario Herrera dan por probados los hechos que relató la profesora Rosado, que reconoció la falsificación del acta. Dan por probado que el 20 de marzo de 2018 el rector de la Universidad, Javier Ramos, una vez supo que Eldiario.es iba a publicar la información sobre el máster de Cifuentes que debería haber concluido cuando era delegada del Gobierno en Madrid, participó en una reunión, una especie de gabinete de crisis, en la que también estuvieron presentes el director del máster ya fallecido Enrique Álvarez Conde y la profesora de la URJC y asesora del Gobierno regional Maite Feito.

Según se recoge en la sentencia, Álvarez Conde -que también estaba acusado- afirmó en dicha reunión que tenía toda la documentación del máster de Cifuentes y que «todo estaba en regla». En base a eso, el rector dio una rueda de prensa posterior a pesar de que el vicerrector, Andrés Martínez, expuso sus dudas de hacer dicha comparecencia sin haber visto la documentación.

El día de la rueda de prensa, Maite Feito pidió a la profesora Cecilia Rosado, según se recoge en la resolución, «que confeccionara el acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012. Esto lo realizó durante el 21 de marzo de 2018, de forma insistente y agobiante la acusada Mª Teresa Feito, mediante llamadas y mensajes sms al teléfono personal de la acusada Cecilia Rosado, hasta en 15 ocasiones, indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere».

La sentencia considera probado que «Cecilia Rosado, dada la fuerte jerarquía existente entre ella y el catedrático [Álvarez Conde] y ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, confeccionó el acta siguiendo las indicaciones recibidas e hizo constar, además de los datos de identificación del Máster, de la alumna, Cristina Cifuentes, el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal».