El abogado de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha pedido este viernes al tribunal que la ha juzgado por inducir presuntamente a la falsificación del acta de defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que la absuelva y «ponga fin a su calvario».

El letrado ha responsabilizado a la universidad pública de «cocinar» la falsificación del acta de defensa del trabajo de Cifuentes en marzo de 2018, tras publicar Eldiario.es que había obtenido un posgrado con notas falsificadas, para «salvar la cara de la propia Universidad por un asunto que afectaba a la presidenta [madrileña] y que por eso tenía resonancia pública».

José Antonio Choclán ha afeado a la Fiscalía –que pide tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por un presunto delito de falsedad en documento oficial como inductora- que la haya «seleccionado» para sentarla en el banquillo por su condición de «política» entre otros alumnos cuyas actas de defensa de trabajo de fin de máster también fueron falsificadas por la Universidad, como ellos mismos reconocieron durante el juicio puesto que tampoco realizaron la defensa del trabajo. «No se puede venir a un juicio oral de esta importancia a dar brochazos», ha dicho el abogado a la representante del Ministerio Fiscal Pilar Santos, a quien ha reprochado que haya hecho una «imputación relevante con tan pocos mimbres fácticos, jurídicos y dogmáticos».

Las actas falsificadas de otros alumnos

El Ministerio Público considera que Cifuentes, a través de la asesora de la consejería de Educación y también profesora de la URJC, la también acusada Maite Feito, presionó a la coordinadora del máster Cecilia Rosado a buscar una solución tras publicarse en prensa que la presidenta había obtenido un máster sin ir a clase, sin cursar asignaturas y sin presentar un TFM.

Rosado, que está acusada de falsedad en documento oficial como autora, ha reconocido que falsificó el acta de defensa de trabajo de fin de máster (TFM) de Cifuentes, estampando en éste las firmas de otras dos profesoras en marzo de 2018, cuando se generó una importante crisis mediática contra Cifuentes por las noticias relacionadas con su máster. Sostiene que lo hizo por las presiones de Feito (que la llamó insistentemente) y del director del máster Enrique Álvarez Conde, el único miembro de la Universidad con quien Cifuentes afirma haber tenido contacto y a quien asegura que le envió algunos trabajos, diciéndole éste que no era necesario que fuera a clase. Rosado se enfrenta a 21 meses de prisión, una pena reducida por haber colaborado a esclarecer los hechos.

La Fiscalía acusa a Cifuentes de exhibir en medios de comunicación el acta falsificada de su defensa de TFM «a sabiendas» de que no la defendió. Ella afirmó durante el juicio que no defendió el TFM ante un tribunal sino en un acto muy informal en un despacho de la Universidad y que expuso dicha acta ante los medios como acreditación de que realizó su máster porque el rector de la Universidad se la envió, motivo por el que le dio fiabilidad a pesar de no haberla solicitado. Afirmó que ella no tenía por qué saber si los profesores ante los que se sentó en un despacho eran los miembros del tribunal que figuraba en el papel. «No se puede reprochar a la señora Cifuentes que el documento falso haya tenido relevancia pública, sino que lo puso en circulación el rector. Por eso se permite sacar pecho, porque bebe de una fuente fidedigna», ha dicho este viernes su defensa.

«No existe prueba directa de la inducción en cadena»

Durante el juicio quedó en evidencia que la URJC también creó actas de defensa de TFM falsas para otros alumnos que no entregaron dicho trabajo o que ni siquiera acabaron el máster sin que éstos lo supieran.

Por eso, para la defensa de Cifuentes la única interesada en la difusión del acta de defensa de TFM de la presidenta fue la Universidad, «que sorprendentemente ejerce la acusación», ha dicho, y desde donde considera que se indujo (entre el rector y el vicerrector) a la falsificación. «Se ha falsificado el mismo documento repetidas veces en la Universidad de otros alumnos, el mismo acta de TFM, con la misma plantilla, estampando la firma de los mismos profesores, siguiendo el mismo modus operandi. Quien no debutó en la comisión del delito es Cecilia Rosado, quien sí debuta es Cifuentes. Decir que Cifuentes o Feito son las que han hecho nacer la idea criminal de falsificar un acta de TFM cuando existen otras tantas siguiendo el mismo modus operandi… me hubiera gustado que la universidad lo explicara. Es tan contraindicio que es incompatible con la inducción que se atribuye», ha defendido Choclán.

«No existe prueba directa en todo el proceso que acredite la inducción en cadena, que Cifuentes estaba dispuesta a insistir en otra persona para que falsificara un acta que ella no conoce», ha concluido la defensa de la expresidenta madrileña, que considera que lo único que está acreditado es que Cecilia Rosado sí falsificó el documento y que «no se ha probado que no existiera el trabajo. Con eso me basta», ha dicho.

El letrado ha reprochado a la Fiscalía «falta de objetividad»: «No se ha comportado la acusación pública de manera objetiva, no se ha seguido el mismo criterio respecto de otros documentos falsificados, se ha seleccionado uno por la sola circunstancia de que afecte a la señora Cifuentes y se ha montado una cadena de supuestas inducciones sin que se haya aportado en el plenario prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que las permita sostener». Y ha hablado de una «discriminación política» hacia la acusada: «Me hubiera gustado que nos explicaran esa discriminación, aunque sabemos por qué es. La condición que hoy se ha oído varias veces de ‘política’ creo que ha debido influir, pero estamos ahora ante un tribunal de justicia que sólo puede resolver conforme a derecho y a las pruebas objetivas aportadas durante este plenario». Cifuentes ha rechazado hacer uso de su turno de última palabra y su defensa ha solicitado para ella una «absolución que ponga fin a su calvario».