España Juicio 'caso Máster'

Cifuentes: "No defendí el trabajo, expliqué las líneas generales en un acto muy informal"

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes está acusada de falsedad en documento oficial por mostrar en medios y redes sociales el acta de una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "a sabiendas de que jamás se produjo", según la Fiscalía

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sienta en el banquillo acusada de falsedad en documento público.

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que declara este viernes como acusada de un delito de falsedad en documento oficial por mostrar en medios de comunicación y redes sociales en marzo de 2018 el acta de una defensa de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) «a sabiendas de que la misma acreditaba una defensa de TFM que jamás se produjo», según la acusación de la Fiscalía, ha afirmado «no defendí el trabajo. Lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy informal».

Cifuentes ha defendido, a preguntas de la Fiscalía, que «no sabe» si las personas a las que explicó el contenido de su trabajo «eran el tribunal que luego lo evaluó o no. No les conocía porque no fui a clase. Aquello no ocurrió en un aula, sino en una mesa de un despacho, en una sala de juntas. No leí el trabajo, les entregué el trabajo y les expliqué cuáles eran las líneas generales».

Según ha expuesto, a raíz de las informaciones que había publicado Eldiario.es sobre que había superado el máster sin defender el trabajo final, decidió exponer ante los medios el acta de TFM –que según declaró la profesora Cecilia Rosado, también acusada, se falsificó por presiones– porque «no me pude plantear que en ese documento hubiera una firma falsificada. Actué de buena fe dando por bueno un documento que me había entregado la Universidad».

Ha afirmado que la mañana del 21 de marzo de 2018 pidió a gente de su equipo que llamara a la Universidad y recabara toda la documentación acreditativa de su máster porque ella no guardaba el título. «Pedí que me mandaran la matrícula y el pago de la matrícula. Una certificación académica personal en la que constaran las 12 asignaturas y la 13, el trabajo de fin de máster. Ese día 21 a mí no me lo mandan, sino desde el gabinete del rector a mi gabinete unos días mas tarde. Curiosamente mandan el papel del acta que yo no pido. Desconocía que los trabajos de fin de máster tenían un acta específica. Cosa que a mí me da garantía puesto que era el señor rector quien me lo estaba mandando, algo que yo no había pedido», ha argumentado.

Nunca habló con los profesores, sólo con Álvarez Conde

Según la expresidenta madrileña, el director del Instituto de Derecho Público fallecido Enrique Álvarez Conde fue la única persona de la universidad pública con la que tuvo contacto durante el máster, quien le dijo que no tenía que asistir a clase sino entregar un trabajo por cada una de las 12 asignaturas que supliría los exámenes y asistencia. Según ha sostenido Cifuentes, en ningún momento habló con ningún profesor ni intercambió ningún correo con ellos, sino que envió los trabajos a Álvarez Conde en papel y no lo hizo ella, sino que los entregó «algún familiar [su hermana es personal administrativo de la Universidad] o algún trabajador de mi secretaría o de mi gabinete. Supongo que él se los enviaba a los profesores. No eran trabajos muy extensos».

No guarda los trabajos ni encuentra el TFM

La expresidenta madrileña asegura que no guarda ninguno de dichos trabajos que realizó para las distintas asignaturas y que, aunque sí guardó el Trabajo de Fin de Máster y posiblemente algunos de los últimos borradores de éste, «no lo he encontrado».

«He estado buscando el trabajo de fin de máster porque estos trabajos, ni aún sabiendo que me iba a enfrentar un procedimiento legal, los hubiera guardado. He estado buscando otros trabajos que he hecho a lo largo de mi vida académica. No se si será normal o no. No he encontrado mi primer borrador de tesis doctoral de 300 páginas. Mi vida ha sido muy complicada, he tenido dos mudanzas de domicilio y cuatro de despacho. Me he mudado a domicilios más pequeños y tengo mis pertenencias distribuidas en un trastero o en casa de un familiar. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones o cuando los entregué», ha expuesto.

Lo pidió en 2014 y no recogió el título hasta 2017

Cifuentes ha sostenido que en 2012, por la «vorágine» en la entró su vida tras ser nombrada delegada del Gobierno, cumplió con las fechas de entrega de trabajos pero no le dio importancia al máster y fue la secretaría de su gabinete quien mantuvo la relación con la Universidad e hizo entrega de los documentos que pidieron. Dos años después, «estaba actualizando mi currículum y vi que había un máster del que no tenía título». Según la acusada, en ese momento pidió el título pero no lo recogió hasta finales de 2017. No se preocupó antes del máster porque defiende que «no lo necesitaba para nada. No me aportaba nada nuevo que no estuviera en mi currículum». «Doy por hecho que si la Universidad me da un título con la firma del rector es que todos los pasos administrativos se han cumplido».

La coordinadora del máster confirmó la falsificación

Desde el pasado lunes Cifuentes se sienta en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Madrid por el denominado caso Máter. Se la juzga por exhibir en los medios de comunicación y en las redes sociales un acta de defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) «a sabiendas» de que ésta era falsa, pues nunca llegó a hacer la defensa de dicho trabajo de finalización del máster de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, según la acusación de la Fiscalía y de la representación legal de la propia Universidad.

Cecilia Rosado, la coordinadora de dicho máster que Cifuentes habría superado en 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid, ratificó durante su declaración el pasado lunes que ella misma falsificó el acta de defensa del trabajo de Cifuentes por presiones, estampando su firma y la de dos profesoras compañeras suyas en marzo de 2018 a pesar de que no encontró el trabajo por ningún lado. Declaró que le pidieron que lo buscara y después que lo fabricara con mucha insistencia tanto el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad ya fallecido, Enrique Álvarez Conde, como la profesora de Inglés de la Universidad y a su vez asesora de la Consejería de Educación del Gobierno de Madrid Maite Feito, también acusada y que se enfrenta a la misma pena que Cifuentes.

Según declaró Rosado, ésta le dijo que «si no encontraba el trabajo, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector», después de llamarle y escribirle más de 20 veces. Feito negó en sede judicial haber pronunciado dicha frase. Días antes de los hechos descritos se había publicado la información de que la expresidenta madrileña había obtenido su máster sin aprobar todas las asignaturas y sin defender el trabajo final, como se exigía al resto de alumnos.

Una profesora declara que se les pidió mentir

Clara Souto, una de las profesoras cuya firma fue falsificada en el acta de defensa que no tuvo lugar, ha declarado como testigo y ha afirmado que desde la Universidad se les indicó que «habían formado parte de un tribunal. Nos sorprendió que nos dijeron que teníamos que decir eso en lugar de decir que aquella defensa no había ocurrido».

La profesora ha explicado que solía obedecer al «autoritario» Álvarez Conde pero que fue a su domicilio a «pedirle que dijera la verdad, que no habíamos formado parte de dicho tribunal». Él les aseguró que se responsabilizaría de las consecuencias. Souto ha dicho que Álvarez Conde les dijo que había recibido presiones «de la Universidad y de la Política, pero nunca dijo de quién concretamente».

La profesora también ha explicado que las defensas de trabajo de fin de máster suelen hacerse en un aula reservada previamente de la Universidad y que, durante ésta, «el alumno expone su trabajo durante 10 o 15 minutos y posteriormente el tribunal hace preguntas para que el alumno responda, que pueden extenderse hasta una hora».

Alicia López de los Mozos, otra profesora cuya firma también fue falsificada y que también ha declarado como testigo ha asegurado haber recibido «presiones y amenazas» de Enrique Álvarez Conde para que mantuviera la versión de que la defensa del máster de Cifuentes se produjo ante un tribunal universitario. Ha asegurado que «llegó a perder seis kilos en una semana» por el tratamiento que le daba su superior y que llegó a grabarle porque «por teléfono me decía que diría la verdad» y ella quería poder demostrar lo que Conde le había dicho.

La cita de su agenda

La defensa de Cristina Cifuentes, que ejerce el reputado penalista José Antonio Choclán, llevó al primer día del juicio una anotación en la agenda de la expresidenta, unida a su correo electrónico oficial, en la que aparece que habría ido a defender el Trabajo de Fin de Master (TFM) en julio de 2012.

Según el relato de acusación de la Fiscalía, que pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes y una multa de 4.500 euros, «el 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el rector de la Universidad, acompañado por el Sr. Álvarez Conde [director del Instituto de Derecho Público donde se impartía el máster que también estaba acusado pero falleció en abril del año pasado] y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el acusado Enrique Álvarez Conde, quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a la acusada Cecilia Rosado dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado como secretaria, Clara Souto como vocal y Alicia López de los Mozos como presidente».

Según continúa el Ministerio Público, Rosado, que era personal laboral de la Universidad, «ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo de no acatar lo que se le pedía» hizo el acta poniendo a Cifuentes una nota global Notable (7,5) y falsificó su firma y las de dos profesoras, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Envió un mail con ésta al rector, «que ignoraba las manipulaciones realizadas» a nombre de Álvarez Conde. La Fiscalía reconoce la colaboración de la acusada Cecilia Rosado para que la investigación avanzara, por lo que finalmente se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel también por falsedad.

El día que la trabajadora accedió a hacer dichas modificaciones, según el escrito del Ministerio Fiscal, la estuvo llamando «de forma insistente y agobiante» hasta en 21 ocasiones María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que también era funcionaria de la Universidad, para que resolviera la situación como fuera y le dijo «que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza». «Una vez se le hizo llegar el acta a la acusada Cristina Cifuentes ésta, a sabiendas de que la misma acreditaba una defensa de TFM que jamás se produjo, la exhibió en varios medios y redes sociales para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse», se puede leer en el escrito de acusación en el que también se piden tres años y tres meses de prisión para Feito.

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