El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha aprobado este martes el nombramiento del profesor Pablo Acosta Gallo como nuevo director provisional del Instituto de Derecho Público mientras se sustancia el expediente sancionador contra el catedrático Enrique Álvarez Conde, suspendido cautelarmente por su responsabilidad en las irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes. El elegido forma parte del consejo del organismo bajo sospecha y una de las líneas de investigación en las que trabaja es la represión de la corrupción en España.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autonóma de Madrid en 1986, Acosta Gallo es profesor de Derecho Administrativo en la URJC desde 2004 y forma parte del consejo del instituto que impartió el curso de posgrado en el que se matriculó la actual presidenta autonómica en su etapa de Delegada del Gobierno en Madrid. Es doctor desde 2001 con una tesis titulada Medicinas no convencionales y Constitución española, dirigida por Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, y tiene reconocidos un sexenio y cuatro quinquenios de investigación.

Pablo Acosta imparte las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Administrativo del Turismo y Deontología profesional y legislación sanitaria en los grados de Derecho y Medicina y en los dobles grados de Administración y Dirección de Empresas y Derecho; Contabilidad y Finanzas y Derecho, y Turismo y Administración de Empresas. También forma parte de tres equipos de investigación, entre ellos el que dirige el catedrático Manuel Villoria bajo el título ‘El marco institucional de lucha contra la corrupción en España. ¿Está siendo eficaz la represión de la corrupción en España?’.

Referencia a uno de los proyectos de investigación en los que participa el profesor Acosta Gallo.

Fuentes conocedoras de la reunión han asegurado que no se ha registrado ‘noes’ en la votación para el nombramiento de Pablo Acosta, si bien han llamado la atención sobre la ausencia de los representantes en el Consejo de Gobierno de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales. Con todo, algunos profesores consideran que el elegido «no es políticamente» la persona idónea en este momento, por cuando ocupa la secretaría académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la URJC y forma parte del consejo del Instituto de Derecho Público. «Se necesitaba alguien que, por asepsia, no tuviera nada que ver por el bien de la imagen de la Universidad», dice un profesor a este diario.

El rector de la URJC ofreció sin éxito en los últimos días la dirección temporal del Instituto de Derecho Público a varios catedráticos

Como ha informado El Independiente, el rector había sondeado en los últimos días a varios profesores para conocer si estarían dispuestos a asumir las riendas del instituto de manera temporal y cubrir el vacío de poder que se registra desde hace dos semanas, al estar el director suspendido temporalmente y haber dimitido la subdirectora (Laura Nuño). Dos catedráticos al menos habían rechazado ese ofrecimiento.

En su artículo 98, los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos establecen que «el Consejo de Gobierno encargará provisionalmente las funciones de dirección a un profesor doctor con vinculación permanente adscrito al mismo o a otro departamento». Ese mandato temporal termina en el momento en que haya un «director electo».

El pasado 13 de abril, el rector anunció la apertura de expedientes disciplinarios tanto al catedrático y director del máster bajo sospecha como a la funcionaria Amalia Calonge. Fue ésta la que modificó, sin autorización de la unidad correspondiente, las calificaciones de las dos asignaturas del expediente académico de la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid en las que aparecía inicialmente como ‘no presentada’ y en las que finalmente le constaba un notable.

Investigación judicial

De momento, la URJC ha interrumpido el procedimiento de información reservada que puso en marcha tras las presuntas irregularidades denunciadas por la prensa -como la falsificación del acta que supuestamente acreditaba que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012- al haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que inició hace algo más de una semana las diligencias de investigación que determinarán si presenta finalmente querella.