Madrid | Política

Álvarez Conde transfirió a sus hijos al menos 19.750 euros desde el organismo del máster

Un juzgado investigará el desvío de fondos por parte del ya ex director del Instituto de Derecho Público de la URJC tras la denuncia por malversación del equipo de gobierno / No hay constancia de que sus hijos dieran clases o estuvieran contratados

El catedrático Enrique Álvarez Conde, dirigiéndose a declarar ante la juez del 'caso máster'.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, dirigiéndose a declarar ante la juez del 'caso máster' el pasado 25 de junio. EFE

Enrique Álvarez Conde, el suspendido director del organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que impartió el máster bajo sospecha cursado por Cristina Cifuentes y Pablo Casado, transfirió a sus dos hijos al menos 19.750 euros desde la cuenta bancaria del centro público sin que conste en los apuntes bancarios el concepto de estos pagos. Un juzgado de Madrid investigará ésta y otras "graves irregularidades económicas" tras la denuncia por malversación de caudales públicos que el actual equipo rectoral ha presentado contra el veterano catedrático de Derecho Constitucional.

El 28 de abril de 2005, siendo Esperanza Aguirre la presidenta autonómica y Luis Peral el consejero de Educación, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la creación del Instituto Universitario de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos con el objetivo de impulsar la investigación en materias de Derecho Público, el desarrollo de programas y estudios de doctorado, cursos de posgrado, actividad docente especializada y asesoramiento técnico, entre otros fines. Álvarez Conde ha sido el director de este organismo hasta que fue suspendido cautelarmente el pasado mes de abril tras estallar el escándalo del máster de Cifuentes, de cuyo trabajo final él era precisamente el tutor.

Según ha reconocido públicamente la URJC, el Instituto de Derecho Público "nunca tuvo personalidad jurídica propia" aunque en la práctica actuaba como si la tuviera, no se sometía "a ninguna supervisión" y tampoco disponía de "contabilidad oficial". Esta situación habría permitido a su director desviar presuntamente dinero durante años para fines personales sin justificación académica, como viene informando El Independiente.

Entre las presuntas irregularidades económicas que la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en conocimiento de la Justicia se encuentra la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago", así como traspasos "a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco".

Dos de los beneficiarios de las transferencias realizadas por el Instituto de Derecho Público a través de su cuenta en el Banco Santander son los propios hijos de Enrique Álvarez Conde, que no constan como profesores de los cursos impartidos por el organismo que dirigía su padre ni como trabajadores del centro. Una es ingeniera de Materiales y el otro es un licenciado en Derecho que ha ejercido como asesor jurídico de varias empresas y actualmente de una asociación patronal.

No hay constancia de que los hijos de Álvarez Conde hayan sido profesores en algún curso ni que estuvieran contratados por el centro de la URJC

Según ha podido conocer este diario, el hijo de Álvarez Conde recibió al menos dos transferencias durante el año 2014. La primera está fechada el 19 de marzo, lleva como concepto 'Página web-1" y ascendió a 2.500 euros. Y la segunda, por idéntico importe, tuvo lugar el 4 de abril y no especifica el motivo del pago.

En el caso de su hija, ésta recibió cuatro transferencias bancarias durante los dos últimos años. Así, el 4 de enero de 2016 -vísperas de la festividad de Reyes- le traspasó 8.500 euros bajo el concepto 'Colaboración colaboración IDP' y otros 6.250 euros en tres pagos durante el año 2017: dos de 2.125 euros y uno de 2.000 entre el 7 de abril y el 2 de octubre. El concepto siempre era el mismo.

Una de esas transferencias tuvo lugar semanas antes de que la hija del ex director del Instituto de Derecho Público de la URJC contrajera matrimonio. En concreto, el traspaso está fechado el 4 de julio de 2017 y la boda -celebrada en Cáceres- tuvo lugar 25 días después.

Se da la circunstancia de que, un día antes del enlace matrimonial, Álvarez Conde utilizó la tarjeta vinculada a una cuenta del organismo universitario para abonar 769 euros en el restaurante Atrio, un establecimiento con dos estrellas Michelin en la capital cacereña que comanda Toño Pérez en los fogones. Era al menos la segunda vez que el director del Instituto de Derecho Público cargaba al presupuesto del organismo universitario una consumición en este restaurante extremeño de postín: el sábado 28 de mayo de 2016 había abonado 680 euros.

Un juzgado investigará el desvío de fondos públicos por parte del director del centro universitario tras la denuncia por malversación de la URJC

Este periódico ha podido confirmar que la hija del catedrático de Derecho Constitucional está casada con un asesor financiero que trabaja en Banco Mediolanum, en cuya oficina de la madrileña calle Velázquez abrió Álvarez Conde en mayo de 2016 una cuenta a nombre del Instituto de Derecho Público mediante una transferencia de 100.000 euros.

Como ha desvelado El Independiente, el organismo universitario invirtió 61.192 euros en cuatro fondos de inversión, mayoritariamente de renta variable. Se trata de los productos ‘BB European Coupon Strategy Collection’ (23.794,95 euros), ‘BB Morgan Stanley Global Selection’ (2.503,43) y ‘BB New Opportunities Collection’ (855,01), lo que sumaba 27.153,39 euros. Los 34.039 euros restantes se invirtieron concretamente en el fondo de renta fija ‘Mediolanum Renta S-A’.

La inversión en productos financieros de riesgo es otra de las presuntas irregularidades que el equipo de gobierno de la URJC ha puesto en conocimiento del juzgado, al entender que esta decisión es "contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público".

El yerno de Álvarez Conde trabaja de asesor financiero en el banco con el que el organismo universitario contrató cuatro fondos de inversión, tres de riesgo

A preguntas de este diario, el yerno de Álvarez Conde eludió aclarar si es casual que el organismo que dirigía su suegro trabajara con la entidad financiera en la que él ejerce como asesor. "Por normativa interna no le puedo facilitar ninguna información", excusó el familiar político de Álvarez Conde, que apeló a la "ética y profesionalidad" del periodista para preservar su identidad y la de su esposa por estar al margen de la causa que investiga un juzgado de Madrid.

Este medio ha intentado conocer también el motivo de las transferencias por boca del catedrático de Derecho Constitucional, pero las llamadas realizadas a su teléfono y al abogado que dirige su defensa han resultado infructuosas. Tampoco la URJC ha querido ofrecer información, al argumentar que los hechos forman parte de un procedimiento judicial.

Inicialmente, la denuncia por malversación de caudales públicos que la Universidad Rey Juan Carlos presentó contra Álvarez Conde por irregularidades económicas había recaído en el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid. Sin embargo, la titular de este órgano (la magistrada Coro Monreal) ha presentado su inhibición al entender que los hechos están relacionados con los que ya instruía la juez de Instrucción 51 (Carmen Rodríguez-Medel) por las irregularidades en torno al máster bajo sospecha en el que se cursaron en años diferentes Cristina Cifuentes y Pablo Casado, causa en la que ya está imputado el ex director del Instituto de Derecho Público de la URJC.

El ya ex director del organismo de la URJC está citado a declarar este jueves por las presuntas irregularidades en el máster de Pablo Casado

La juez Rodríguez-Medel ha citado nuevamente a declarar a Álvarez Conde como investigado este jueves. El director del Instituto de Derecho Público ya compareció como imputado ante la instructora el pasado 25 de junio, si bien en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar. El catedrático se limitó a leer un escrito en el que justificaba por qué guardaba silencio: por estar pendiente de que se practiquen diversas diligencias de investigación cuyo resultado él desconoce, por estar sustanciándose una "causa general contraria a la exigencia del proceso penal" que le ha llegvado a recurrir resoluciones de la juez ante una instancia superior, por buscarse la "continuidad delictiva" y porque el procedimiento terminará asumiéndolo -en su opinión- la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la previsible imputación de Pablo Casado, diputado en Cortes y aforado ante el alto tribunal.

No ha trascendido ningún elemento de la instrucción que permita aventurar que el catedrático de Derecho Constitucional sí responderá esta semana a las preguntas de la juez, que lo ha llamado en relación con las presuntas irregularidades en el máster de Casado.

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