Política

Una asociación dice al TS que exhumar a Franco "empobrece" el patrimonio del Valle de los Caídos

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos niega que Cuelgamuros sea "un lugar de exaltación" y sostiene que "cuando un ciudadano del mundo visita el mausoleo de Lenin en Moscú no está haciendo un homenaje a Lenin sino turismo"

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Una asociación dice al TS que exhumar a Franco "empobrece" el patrimonio del Valle de los Caídos
Vista fronta de la basílica del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco.

Vista frontal de la basílica del Valle de los Caídos, donde están enterrados los restos de Franco desde noviembre de 1975. EFE

Resumen:

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos considera que la exhumación y traslado de los restos de Franco a otra sepultura «empobrece deliberadamente» el patrimonio histórico del Valle de los Caídos y niega que Cuelgamuros sea un «lugar de homenajes políticos» o de «exaltación».

Así lo plantea esta organización ciudadana en el escrito de alegaciones con el que pide al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la ejecución de la exhumación del cuerpo embalsamado del dictador, al considerar que si no se concede la denegación hasta que se entre en el fondo del asunto se ocasionarían «perjuicios irreparables al conjunto de la sociedad española» y «graves trastornos personales y económicos para la familia del inhumado». Es el cuarto recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el alto tribunal tras los de los nietos de Franco, la comunidad benedictina y la Fundación Nacional Francisco Franco.

«Cuando un ciudadano del mundo visita el mausoleo de Lenin en Moscú no está haciendo un homenaje político a Lenin; está haciendo turismo en un monumento que es historia y cultura. Pues lo mismo sucede en el Valle de los Caídos: no es un lugar de homenajes políticos, ni de exaltación de nada, sino un lugar de culto religioso, a la vez que Patrimonio Cultural e Histórico de España. No parece difícil de entender, salvo para quienes no quieran ver sino discriminar», expone el escrito, firmado por el abogado Pedro Cerracín y de cinco folios de extensión.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos interpreta que, «salvo discrepancias minoritarias», no tiene «el menor sentido» sacar los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos después de más de 43 años sin esperar a que el Supremo dicte sentencia, lo que «no perjudicaría a nadie». Si se ejecutara, sostiene, «dejaría vacío de contenido el objeto de este recurso» y haría «imposible» su reparación en caso de que el Tribunal Supremo terminara en el futuro dándoles la razón.

Cuando un ciudadano del mundo visita el mausoleo de Lenin en Moscú no está haciendo un homenaje a Lenin sino turismo», alega

La entidad recuerda que el motivo de la controversia es «la exhumación de un cadáver» y no el traslado de «cualquier objeto material». «El trasfondo moral de los restos mortales obliga a no obrar a la ligera, creando situaciones de posible exhumación y posterior reinhumación, caso de estimarse el contencioso.-administrativo», añade.

Los recurrentes entienden que el acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó el pasado 15 de febrero el traslado de la momia del dictador a otra sepultura no sólo supone un «atentado contra el Patrimonio Histórico-Cultural del Valle de los Caídos», sino también una «vulneración» del artículo 46 de la Constitución. Igualmente, aprecia una «violación» del derecho fundamental a la libertad religiosa, por cuanto el Gobierno «se entromete en un lugar de culto cristiano» y «pretende legislar sobre temas eclesiásticos sin respeto alguno a la autoridad religiosa y sus fieles».

Del mismo modo, se cometería una «palmaria» vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por basarse el acuerdo «en una norma de carácter singular» o de ‘caso único’ frente a la «generalidad exigible a las leyes». «Estamos ante una norma que, en fraude de ley, se dedica exclusivamente a la exhumación de Francisco Franco Bahamonde. Y si existe alguna duda basta con repasar el contenido de las ruedas de prensa del presidente del Gobierno previas al real decreto-ley», expone el escrito.

Memoria histórica «de pensamiento único»

El citado decreto-ley, aprobado el pasado 24 de agosto, viene a modificar la Ley de Memoria Histórica al añadirle un tercer apartado al artículo 16, que dice textualmente: «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

En su escrito, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos arremete contra el Consejo de Ministros por aplicar en su acuerdo un concepto de memoria histórica «de pensamiento único» en lugar del de «diversidad en la memoria» que -dice- se emplea en el «marco jurídico europeo». «En Europa son conscientes de que un concepto muy cerrado de memoria histórica no pacificaría, sino todo lo contrario. El acuerdo recurrido no es propio del siglo XXI sino más bien de principios jurídicos del siglo XX, como se demostrará en el curso del procedimiento», apostilla.

Esta parte considera que, «salvo discrepancias minoritarias», no tiene «el menor sentido» sacar los restos tras 43 años sin esperar la sentencia

El recurso de esta parte está fechado este martes. Una vez admitido a trámite, el Tribunal Supremo concederá diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que pueda presentar alegaciones contra los argumentos esgrimidos, si bien ya ha expresado su parecer tras el escrito presentado por la familia de Franco: ha pedido que se desestime la petición de medida cautelar de la exhumación al entender que el daño no sería irreparable si en el futuro se le diera la razón a los recurrentes.

Ahora el alto tribunal tiene que decidir si acumula los cuatro recursos en un mismo procedimiento, con lo que se demoraría la resolución judicial sobre si debe paralizarse el traslado de los restos del dictador y no habría una decisión antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril, o si da respuesta de forma individualizada a cada una de las partes que han combatido el acuerdo del Consejo de Ministros para sacar a Franco del Valle de los Caídos.

El pasado 25 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la fecha en la que pretende exhumar los restos de Franco. Sería el 10 de junio a las 10 horas con la presencia de la ministra Dolores Delgado en su condición de notaria mayor del Reino, sin medios de comunicación y adoptando medidas para evitar que se puedan emplear dispositivos de captación y reproducción de imagen y sonido para inmortalizar una escena que sería histórica.

La elección de Mingorrubio

En contra del criterio de la familia, la reinhumación se llevaría a cabo en el cementerio de Mingorrubio (distrito madrileño de El Pardo), donde está enterrada la esposa de Franco. En palabras del Ejecutivo, ese emplazamiento asegura que «no se alteren de manera relevante las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje a su abuelo” y “minimiza el riesgo” de que se convierta “en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura”.

La ejecución de la exhumación está supeditada a la resolución que adopte el Tribunal Supremo tras los cuatro recursos contencioso-administrativos interpuestos, como admite el Ejecutivo en su acuerdo motivado. La duda que sigue sin despejarse es si el Gobierno podrá consumar la medida sin tener la autorización eclesiástica, dado que la basílica es lugar sagrado y su inviolabilidad está garantizada por el Acuerdo con la Santa Sede para asuntos jurídicos firmado en enero de 1979.