Ofrendas florales sobre la tumba de Franco el pasado 20 de noviembre.
A las 10 horas, con la presencia de la ministra Dolores Delgado en su condición de notaria mayor del Reino, sin medios de comunicación, y adoptando medidas para evitar que se puedan emplear dispositivos de captación y reproducción de imagen y sonido para inmortalizar una escena que sería histórica.
El acuerdo por el que el Consejo de Ministros puso fecha el pasado 15 de marzo a la exhumación de los restos de Franco -el próximo 10 de junio, después de las elecciones generales del 28 de abril- incluye detalles precisos sobre el modo en que el Gobierno pretende sacar el cuerpo embalsamado del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, donde permanece desde el 23 de noviembre de 1975. La materialización depende del Tribunal Supremo, que tendrá que resolver previamente si se suspende cautelarmente la ejecución hasta que entre en el fondo como le han pedido los familiares, la comunidad benedictina y la Fundación Nacional Francisco Franco.
Con la asistencia de la titular de Justicia como notaria mayor del Reino, el Ejecutivo fija para las diez de la mañana del 10 de junio el inicio de las "operaciones de exhumación", antes de que los restos se trasladen hasta el panteón que la familia tiene en el cementerio madrileño de Mingorrubio (distrito de El Pardo) para su reinhumación.
El gabinete de Pedro Sánchez esgrime cuatro razones para designar dicho emplazamiento: es donde reposan los restos de la esposa de Franco (Carmen Polo Martínez-Valdés), el camposanto garantiza "tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura", asegura la "intimidad de los familiares" y "no plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana".
El Gobierno dice que tomará medidas para evitar que la histórica exhumación pueda inmortalizarse con imagen o sonido
El Gobierno argumenta que la ubicación geográfica del cementerio de Mingorrubio hace que "no se alteren de manera relevante las condiciones en que los familiares pueden asistir a rendir homenaje a su abuelo" y "minimiza el riesgo" de que se convierta "en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura".
En el trámite de alegaciones durante la instrucción del procedimiento administrativo, los siete nietos de Franco señalaron la cripta de La Almudena como lugar alternativo para enterrar los restos de Franco si el Ejecutivo seguía adelante con la exhumación. El Ministerio de Justicia encargó el pasado 7 de diciembre un informe -no previsto inicialmente en el procedimiento- en el que la Delegación del Gobierno en Madrid desaconsejaba la catedral madrileña para la reinhumación alegando razones de "orden público".
Veto a La Almudena
Cuando el pasado 15 de febrero dio por concluido el procedimiento administrativo con la decisión de exhumar los restos del dictador, el Consejo de Ministros concedió un plazo de 15 días a los familiares para que designaran el lugar en el que querían enterrar los restos de su abuelo, excluyendo de forma expresa La Almudena. Los descendientes no han variado su postura.
En el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo, los nietos consideran que el argumento esgrimido por el Consejo de Ministros en su acuerdo motivado "no tiene sustento legal alguno", al tiempo que atribuye a razones "ideológicas" el hecho de que se les haya vetado tal emplazamiento.
"Resulta evidente que, al margen de las justificaciones gratuitas e infundadas que pueda argüir, es público y notorio que la motivación del Gobierno para tratar de impedir una eventual reinhumación de los restos de D. Francisco Franco en la sepultura que mis representados tienen en la citada Cripta (única de la que mis representados disponen en propiedad y en la que se encuentra enterrados sus padres) es pura y estrictamente ideológica, pues, como han repetido diversos miembros del Gobierno, lo que se quiere evitar es que la figura de D. Francisco Franco pueda recibir cualquier clase de homenaje en el centro de la capital de España, algo que, dicho sea de paso, únicamente está prohibido en el recinto del Valle de los Caídos por virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, por razón de su condición de lugar de culto, sin que pueda prohibirse en cualquier otro lugar sin vulnerar los derechos constitucionales a la libre expresión, reunión y manifestación", exponen los Martínez-Bordiú Franco.
Pendientes del Tribunal Supremo
El pasado 8 de marzo, la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso interpuesto por los nietos de Franco, otorgándole un plazo de diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que alegue contra la petición de suspensión cautelar solicitada. A ese recurso han seguido hasta ahora dos más: el de la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos y el de la Fundación Franco.
En el acuerdo del pasado 15 de marzo, el Consejo de Ministros reconoce expresamente que la fecha del 10 de junio puede "ser modificada a la vista de las resoluciones judiciales que puedan dictarse al efecto", en alusión al pronunciamiento que deberá adoptar el alto tribunal. Si suspende cautelarmente la ejecución de la exhumación hasta entrar en el fondo, la sentencia difícilmente se dictaría en 2019.
El gabinete de Pedro Sánchez invoca como precedente el auto por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Pamplona denegó el 15 de noviembre de 2016 las medidas cautelares solicitadas por los familiares del general Sanjurjo contra la resolución por la que se acordaba la exhumación de sus restos mortales en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, al entender que no se generaba una situación irreversible en caso de que finalmente la sentencia fuera estimatoria.
"Breve e íntima ceremonia" religiosa
El Gobierno considera que la forma prevista para sacar la momia de Franco del Valle de los Caídos respeta la "línea" del citado auto, al garantizarse la dignidad y respecto en el tratamiento de los restos mortales y la libertad religiosa de los nietos del dictador. "Se garantizará el derecho de los familiares a que se organice una breve e íntima ceremonia acorde con sus preferencias religiosas en el momento de la inhumación. Y, finalmente, se adoptarán las medidas necesarias a fin de evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido", detalla.
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