500 medidas en más de cien páginas. El líder del PP se presenta a estos comicios con un paquete programático donde incide de manera especial en tres cuestiones: la unidad de España, el desarrollo económico y las políticas de familia. Esos son los ejes de la propuesta de Pablo Casado. Si se busca alguna alusión a la Ley del Aborto, a la corrupción o a la exhumación de los restos de Franco, será en vano.

  • Unidad de España. Aplicación del 155, «por el tiempo que resulte inexcusable» para «recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña». En este capítulo se insertan otras propuestas como llevar al Código Penal la convocatoria de consultas ilegales; una ley de Símbolos que garantice la presencia de la bandera española en todos los edificios oficiales; Ley de lenguas para convertir al castellano en el idioma vehicular de la enseñanza o modificar la regulación de las FSE «para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas», después de experiencias como la del 1-O.
  • Rebaja generalizada de impuestos. Rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes, de modo que el tipo máximo se situará por debajo del 40%, y del Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. También se eliminará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual. Propone crear un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.
  • Pensiones. Mantener su poder adquisitivo revalorizándolas no sólo en función del IPC si no también de otros «indicadores que garanticen» la sostenibilidad del sistema. Además, aproximarán el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva, «para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación».
  • Autónomos. Ampliación hasta los tres años de la tarifa plana vigente. La misma se extenderá a los mayores de 52 años, parados de larga duración, autónomos menores de 30 años y otros colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género y discapacitados. Ampliación de la jubilación activa al 100 por cien.
  • Empleo. Contra la propuesta de las izquierdas, el PP flexibilizára la regulación del mercado de trabajo en especial a lo que se refiere a la negociación colectiva, para adaptarla a las necesidades de las empresas. Se opta por un modelo similar a la «mochila austriaca» en caso de despido aunque se penalizará «la contratación temporal injustificada» limitando el encadenamiento de contratos. Adaptación del mercado de trabajo a la «cuarta revolución industrial». Modernización de los servicios públicos de empleo. Se facilitará «la prolongación voluntaria de la vida laboral».
  • Familia. Ley de apoyo a la Maternidad que incluye ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad y otras de índole fiscal en favor de las familias. Además, se pondrá en marcha la creación de oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada «para que ninguna deje de ser madre por su situación económica, social o familiar». También se comprometen los populares a aprobar incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad, aunque no especifican más.
  • Violencia de género. Reforma del Código Penal para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada. Incremento del número de policías especializados encargados de la protección y seguridad de las víctimas. Mejora del uso y empleo de los Dispositivos Telemáticos de Control, en los supuestos de riesgo alto o extremo, para mejorar la protección. El PP se compromete asimismo a aprobar un Plan para la efectividad de las Órdenes de Protección. En este capítulo también incluye medidas para la lucha contra la trata de blanca, matrimonios forzados y mutilación genital.
  • España vacía. Se ha convertido en una cuestión capital de esta campaña tras décadas de olvido del mundo rural. El PP propone reforzamiento de las diputaciones provinciales así como del despliegue de la Guardia Civil. Dedica uno de sus puntos para anunciar planes de apoyo la actividad cinegética por entender que la caza es una actividad «con alto componente medioambiental y valor económico». Fomento del agroturismo, plan por la sanidad y la escuela rural «para atraer a profesionales» y reforma de la Ley del Suelo para permitir la implantación de industrias en el suelo rústico.
  • Transparencia y regeneración. Tras los «viernes sociales» de Pedro Sánchez, el PP propone restringir el uso del decreto-ley  en época previa a las elecciones. Sin alusiones a la corrupción, apuestan por una reforma de la financiación de los partidos para «acentuar la transparencia de sus cuentas, hacer un mayor control de los préstamos que reciben, regular el crowfunding y agravar las consecuencias en caso de que el Tribunal de Cuentas no apruebe los balances presentados». Además, abogan por la «profesionalización» del CIS y por sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales por otra de Protección de la Información Clasificada.
  • Prisión Permanente Revisable. Ampliación de los supuestos de prisión permanente revisable a violadores reincidentes; muertes causadas por incendios o estragos; asesinato tras secuestro del rehén y por aquellos en los que autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima. En el capítulo de Justicia se vuelve al modelo de elección del GGPJ por jueces y magistrados y el PP se compromete además a responder a una vieja reivindicación para fortalecer los cuerpos de jueces y fiscales con un plan especial para los que están destinados en Cataluña.