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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra de la devolución de la fianza de 50.000 euros al ex conseller de la Generalitat Santi Vila para cubrir los gastos derivados de su estancia en Madrid para asistir al juicio del ‘procés’.
Según informan fuentes fiscales a El Independiente, el Ministerio Público ha remitido un informe a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena donde se opone a la medida solicitada por la defensa de Vila argumentando que la citada fianza es garantía de su situación de libertad provisional puesto que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en un primer momento para el ex miembro del Govern era la prisión preventiva.
Tal y como informó este medio, el ex conseller catalán pidió al Alto Tribunal la devolución de la referida fianza “al objeto de poder destinar su importe a sufragar los elevados costes de desplazamiento, alojamiento y manutención en Madrid”.
La razón de fondo tras dicha solicitud es que mientras Vila asume él mismo el coste de los honorarios de su abogado –su defensa la ejerce el prestigioso letrado catalán Pablo Molins junto al letrado Juan Segarra- existe la sospecha de que las abultadas minutas de otros letrados de sus compañeros de banquillo son sufragadas por asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural. Lo cierto es que para el ex conseller acusado por desobediencia y malversación de caudales públicos la asistencia a la vista oral le está suponiendo un importante esfuerzo económico.
En el escrito remitido al Alto Tribunal, Santi Vila explicaba que “la obligatoriedad de asistir personalmente a las numerosas sesiones del acto de juicio oral, las cuales duran ya aproximadamente un mes y medio y previsiblemente se alargarán durante varios meses más según el progresivo calendario de señalamientos, está provocando una situación económica de extrema necesidad” ya que su “residencia habitual” está en la ciudad de Barcelona” y es él mismo “quien debe sufragar los cuantiosos costes de desplazamiento, alojamiento y manutención en Madrid, así como los costes legales de su defensa, sin ayuda ni apoyo económico de ningún tipo”.
El tribunal del ‘procés’ debe dar ahora respuesta a la petición del acusado sobre la devolución de los 50.000 euros de fianza que prestó a cambio de eludir su entrada en la cárcel.
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