Puigdemont alardea desde Waterloo y da por hecho que se revocará el veto de la Junta Electoral

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este domingo que su candidatura "ha ganado por primera vez en campo contrario", después de que el Tribunal Supremo ha considerado que tiene derecho a presentarse en las listas de JxCAT en las elecciones europeas del 26 de mayo (26M).

En una videoconferencia desde la ciudad belga de Waterloo, donde permanece huido de la justicia española, Puigdemont ha dado por hecho que el juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid, a quien el Supremo ha trasladado la decisión final, revocará el veto de la Junta Electoral y sentenciará que tanto él como los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí pueden ir a las listas del 26M.

"Hemos convencido, hemos vencido y quedará documentado", ha asegurado Puigdemont, quien ha garantizado que los tres políticos se podrán presentar "porque tienen derecho", antes de agregar que la decisión de la Junta Electoral ha sido "un intento vergonzoso" e "impropio de una democracia" de detener un proceso electoral.

En su opinión, la consideración favorable del TS pone fin a "esa tentativa de alterar los resultados electorales" porque -ha dicho- "ha sido tan flagrante que (en España) han temido por las consecuencias que habría conllevado la persistencia en este error". Ha aseverado que las instituciones españolas "han querido apartar" a JxCat del Parlamento Europeo: "Saben que si somos escogidos, alzaremos el dedo, tendremos iniciativa y correremos para denunciar las irregularidades y el déficit democrático" de España.

Por ello, ha celebrado la "victoria en Madrid" que, para él, supone la resolución del Supremo, y ha aseverado: "Que abandonen toda esperanza quienes creen que nos pueden doblegar torciendo el derecho".

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha alertado de que, "sin duda", emplearán "todos los instrumentos jurídicos al alcance para exigir responsabilidades" dado que, a su juicio, "lo ocurrido es tan grave en un estado democrático pleno que debería ser la Fiscalía quien tendría que actuar".

Boye ha denunciado que el objetivo de la JEC era "acallar a Puigdemont" y que "la lista de JxCAT no se presentara" a los comicios europeos, conscientes de que "la estrategia jurídica que necesitan" el expresident y los exconsellers "es que se puedan mover libremente por Europa y tengan inmunidad".

También ha criticado "el poco margen" de tiempo que dio la Junta Electoral a JxCAT para que rehiciera sus listas tras el veto a los tres políticos huidos, a raíz de lo cual han tenido que hacer "esfuerzos inhumanos".

Y ha concluido con contundencia: "no me cabe duda de que mañana por la mañana el Contencioso-Administrativo dictará una sentencia en los términos que hemos pedido", porque "el TS ha establecido los criterios interpretativos de la norma".

La decisión del Supremo

El tribunal ha concluido que Puigdemont, Comín y Ponsatí, pese a "hallarse en rebeldía", pueden concurrir en las europeas, ya que no cumplen ninguno de los requisitos de inelegibilidad, si bien ha devuelto el caso al juzgado contencioso-administrativo de Madrid para que resuelva de inmediato.

Por unanimidad, el alto tribunal ha ordenado a los juzgados competentes de Madrid que resuelvan de inmediato esos recursos, "teniendo en cuenta" que en ninguno de los tres concurre causa de inelegibilidad.

En el auto de la Sección Cuarta, el Supremo deja claro que no es competencia suya dilucidar sobre ese recurso, que los tres afectados presentaron ante tres órganos (el propio alto tribunal, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y la JEC) al entender que la regulación electoral española era oscura y no respetaba los estándares europeos.

Lejos de eso, el Supremo asegura que "no hay absolutamente ninguna razón para sostener que la legislación electoral española o su práctica aplicativa son oscuras ni defectuosas", e insiste que la competencia para conocer el recurso es del juzgado de lo Contencioso-Administrativo, tal y como figura en la ley Electoral y como se hace de forma "inequívoca y constante".

Y aunque devuelve la causa a los juzgados ordinarios, que ayer precisamente la remitieron al Supremo, el alto tribunal no quiere limitarse a ello consciente de las "muy especiales circunstancias en las que nos encontramos".

De este modo, afirma que el sufragio pasivo es un derecho reconocido en la Constitución a todos los españoles , por tanto, también a Puigdemont, Comín y Ponsatí, por lo que "solo cabe excluir de sus ejercicio a quienes se encuentren incursos en causa de inelegibilidad".

Entre las que prevé la ley "no figura la de hallarse en rebeldía, como se encuentran los recurrentes", apostilla el auto, que añade: "Así pues, en cuanto ciudadanos españoles tienen derecho a presentarse como candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo".

Subraya también que es doctrina reiterada "la que subraya que las causas de inelegibilidad deben ser interpretadas restrictivamente y que las dudas en esta materia deben ser resueltas de la manera más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales".

La Sala "no ignora la extraordinaria importancia" del recurso ni que debe resolverse con la máxima rapidez, como ordena la legislación electoral, pero ello "no autoriza a esquivar o ignorar las normas legales que atribuyen la competencia jurisdiccional", en este caso al Contencioso-Administrativo.

No se trata de un "capricho formalista", resalta el Supremo, sino de un mecanismo que "impide a las partes escoger el órgano judicial que consideren conveniente y a los jueces tomar o dejar asuntos a su libre arbitrio".

El auto, de ocho páginas, no ahorra en su parte final una crítica a los recurrentes por presentar simultáneamente un mismo recurso ante tres órganos diferentes, lo que "solo puede calificarse de extravagante".

Insiste en que ni la legislación electoral española ni su práctica son oscuras y recuerda que los juzgados y tribunales están actuando desde hace más de cuarenta años en esta materia "con una extraordinaria pulcritud y eficacia", por lo que los reproches de los recurrentes "carecen de todo fundamento".

Esta misma mañana, Puigdemont ya ha adelantado que si la decisión que finalmente se adopte no es favorable a sus intereses, recurrirá ante la justicia europea y no ha descartado, incluso, presentar una querella por prevaricación.