Política

El bufete que representa a las empresas de Villarejo en Panamá abandona en plena investigación

El despacho Ballard & Ballard, que ejercía como agente residente desde la constitución de las sociedades del policía a finales de 2006, admite que renuncia para que el escándalo que investiga la Audiencia Nacional no dañe su reputación en el futuro

José Manuel Villarejo, comisario ya retirado y en prisión desde principios de noviembre en el marco de la 'Operación Tándem'.

José Manuel Villarejo, comisario ya retirado y en prisión desde noviembre de 2017 en el marco de la 'Operación Tándem'. GMP

El bufete de abogados que ejercía como agente residente de las empresas de José Manuel Villarejo en Panamá ha formalizado ante notario su «renuncia irrevocable» a seguir prestándole servicios mientras avanza la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Tándem, procedimiento por el que el comisario jubilado permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Richard Ballard, socio director de Ballard & Ballard, compareció el pasado 18 de febrero ante la notaria panameña Natividad Quirós Aguilar para elevar a público el desistimiento acordado tres días antes por el despacho como agente residente de una veintena de sociedades, entre ellas dos vinculadas a Villarejo: Eucalyptus Forest SA y Microspermum SA. De esta forma, el despacho busca evitar que el escándalo derivado de los negocios privados del policía -hoy jubilado- aprovechando presuntamente dicha condición pueda dañar su reputación en el futuro.

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«Se ha perdido comunicación con nuestros clientes y/o accionistas y los directores de las sociedades han renunciado a sus cargos, [por lo que] estamos imposibilitados a obtener y mantener las informaciones y documentos que exige la ley a los agentes residentes», detalla la escritura, ya depositada en el Registro Público de Panamá.

Ballard & Ballard admite que deja de ser su agente residente para que el escándalo no dañe su reputación en el futuro

A preguntas de El Independiente, fuentes de Ballard & Ballard han reconocido que el desencadenante de la ruptura han sido las noticias relativas a las presuntas irregularidades por las que el controvertido policía está siendo investigado en España. «El departamento de cumplimiento revisa constantemente todas las sociedades y si encuentra alguna en problemas se toma la decisión de renunciar a la relación», explica.

Desde la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas de 1927, los interesados en constituir una compañía en Panamá deben suscribir previamente un pacto social que contiene -junto al objeto y capital sociales, entre otros detalles- el nombre y el domicilio de su agente en el país centroamericano, ya sea una persona física o jurídica. Su función básicamente es la de ejercer de enlace entre el cliente y las autoridades y debe asegurarse de que la empresa mantiene en todo momento la información sobre actividades y accionistas que la ley exige.

El ordenamiento vigente faculta al agente residente a renunciar a la prestación de servicio a una sociedad anónima «cuando bajo la gravedad de juramento expresen que se ha perdido la comunicación requerida con los accionistas» -supuesto alegado por Ballard & Ballard en la escritura pública- o cuando no hayan recibido el pago de sus honorarios «por tres años consecutivos».

Reclamación de honorarios

No ha trascendido si se encontraban al día las empresas de Villarejo, a las que el bufete panameño se dirigió en marzo del pasado año reclamándole el abono de los servicios y gastos regulatorios correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018. Con el comisario en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), la comunicación se envió a Rafael Redondo -socio del policía e imputado también en el caso Tándem– a las oficinas del grupo empresarial en la madrileña Torre Picasso.

Dos de las empresas cuyos honorarios reclamaba el citado bufete de abogados son Eucalyptus Forest SA (inicialmente denominada Valle Luna Consultores SA) y Microspermum SA (antes Participaciones Marvila SA), ambas constituidas el 29 de junio de 2006. Entonces José Manuel Villarejo se encontraba en activo como agente encubierto de la Policía Nacional, Cuerpo en el que ingresó a principios de los 70 y en el que se mantuvo -salvo un periodo de excedencia de diez años (1983-1993)- hasta el verano de 2016.

Una de las sociedades es la que usó el policía ya retirado para cobrar los servicios prestados a los clientes guineanos, según sostiene la Policía

La renuncia de Ballard & Ballard a seguir ejerciendo como agente residente de ambas sociedades se formalizaba semanas después de las informaciones publicadas por este diario sobre las conexiones de Villarejo con Panamá, uno de los países a los que ha cursado comisión rogatoria el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional dentro de las pesquisas que realiza para tratar de averiguar dónde esconde su patrimonio el policía hoy en prisión preventiva.

Eucalyptus Forest es la compañía panameña a la que Cenyt Consultoría Organizacional -empresa española controlada por José Manuel Villarejo- cedió en octubre de 2014 el cobro de 1.051.367 dólares a cuenta de la venta del hotel que el policía tenía en Punta del Este (Uruguay). El establecimiento lo adquirió en septiembre de 2013 el arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker y su esposa, la madrileña Raquel Serna.

«Entidades no residentes» en España

Constituida el 4 de diciembre de 2006 con Villarejo como presidente, Cenyt Consultoría Organizacional comenzó a operar como prestataria de servicios de consultoría para el asesoramiento técnico de empresas, organismos e instituciones en proyectos de análisis, organización, dirección y gestión de recursos humanos. En mayo de 2008 amplió su objeto social a la «gestión y administración de valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales», según la información que consta en el Registro Mercantil.

Por su parte, Microspermum SA está bajo la lupa de los investigadores del caso Villarejo por ser una de las sociedades que utilizó presuntamente el antiguo agente encubierto para cobrar los servicios prestados a los clientes guineanos, origen de las pesquisas judiciales.

Transferencias a Panamá y Uruguay

La Policía cuenta con un extracto de movimientos de una cuenta abierta en el CBH Bank de Suiza a nombre de la sociedad Boway Holdings Limited -con sede en Hong Kong- que acredita la existencia de tres transferencias por importe total de 990.203,90 euros a sendas cuentas en las que reza como beneficiario Participaciones Marvila (hoy Microspermum) -una en un banco panameño y otra en una oficina del BBVA en Uruguay- entre el 27 de febrero y el 8 de mayo de 2012. Dicho estadillo fue aportado por Francisco Menéndez, el abogado en España de los guineanos y quien encargó el informe.

Panamá es uno de los países a los que la Audiencia Nacional ha cursado comisión rogatoria en su objetivo de averiguar dónde esconde el dinero

Los investigadores sostienen que dichos fondos corresponden a la «contraprestación» que recibió Villarejo por la elaboración del denominado ‘Informe King’, encargado por los guineanos Cándido Nsue Okomo y Crispín Edu Tomo Maye. La prestación de servicios privados de información e inteligencia para ciudadanos guineanos vinculados a la petrolera estatal Gepetrol, «con abuso» de su cargo policial, fue el hilo del que empezó a tirar Anticorrupción para investigar a José Manuel Villarejo en el procedimiento bautizado como Tándem.

El Ministerio Público cifra en 5,3 millones de euros los ingresos que obtuvo la empresa del comisario de sus clientes guineanos y sostiene que el policía se valía de un «complejo entramado societario” que le permitía “oscurecer” el origen de los fondos “para integrarlo en el circuito económico legal tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Panamá”.

Como informó este diario, Villarejo reactivó la empresa Microspermum seis meses antes de que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ordenaran su detención como posible autor de delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En concreto, la reactivación se acordó el 24 de abril de 2017 y el policía ya jubilado fue detenido el 3 de noviembre de ese año.

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